Alejandro Villanueva
7 Julio 2022

Alejandro Villanueva

Así privatizaron 400.000 millones de Floridablanca

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Floridablanca, Santander, más que un municipio es un botín para conocidos personajes que ven la política como un negocio. Miller Castaño, Óscar Moreno, Daniel Moreno, Andrés Anaya, Fredy Anaya, Emma Lucía Blanco, Daniela Mecón, José Orlando Bayona, Doriam Fabián Mecón, Héctor Mantilla y Miguel Ángel Moreno convirtieron el concejo, la alcaldía y sus respectivos entes descentralizados en medios de producción y hoy se encuentran libres disfrutando de su fortuna debido a sus fichas en los órganos de control, un negocio en que estos son intocables en cada elección.

El bogocentrismo ha evitado que la opinión pública reaccione seriamente a hechos realizados por estos personajes a nombre propio o en cuerpo ajeno: presunto volteo de tierras, licitaciones amañadas, sobrecostos, venta de contratos, nepotismo, interés indebido en contratos, falsedad ideológica, coimas, alzamiento de bienes, lavado de activos y testaferrato, que de haber sucedido en Bogotá se hubiera convertido en escándalo nacional y estarían pidiendo justicia. Pero como eso sucede por allá lejos, en esa Colombia profunda, no hay gomelo o esnob que le importe que acaban de privatizar a dedo más de 400.000 millones de pesos.

Documento

Como lo mencioné en mi columna “El contratadero de Floridablanca”, el Banco Inmobiliario de Floridablanca, denominado BIF, funciona como un chivo expiatorio. A través de la firma del señor Julio César González contratan lo que el alcalde Miguel Ángel Moreno no quiere contratar, en este caso la “privatización” del alumbrado público del municipio.

texto

La Alcaldía de Floridablanca hizo lo que su antecesor Héctor Mantilla no logró y mediante el convenio 074 de 2021 le entregó la administración del alumbrado público al BIF aun cuando las funciones de este no involucran absolutamente nada con servicios públicos, su función es garantizar entornos socialmente justos y habitables bajo ciertos estándares de calidad y en armonía con el medio ambiente. ¿Dónde entra el alumbrado público? El alcalde de Floridablanca tiene claro que el BIF no tiene nada que ver con esto, pero darle la potestad de contratación a este régimen especial permite evitar errores del pasado a la hora de llevar a cabo sospechosas prácticas en la contratación pública.

Dos personas

En el pasado Héctor Mantilla deseaba entregarle el contrato a la Unión Temporal de Floridablanca Ciudad Inteligente. Intentó todo tipo de maromas para beneficiar la unión, no publicó el nombre de los oferentes en el Secop II, improvisó la licitación donde empresas que no tenían nada que ver con el objeto contractual participaron, no realizó el análisis del mercado, acciones que levantaron cuestionamientos por parte de veedores santandereanos especialmente del Comité de Transparencia por Santander.

A su vez, aplicó pliegos amañados que beneficiaban tal unión donde “al menos uno de los miembros de esa empresa que se va a postular debe ser fábrica establecida en Colombia, y que tenga como mínimo 10 años de experiencia en haber sido miembro de otras empresas de economía mixta cuyo objeto haya sido la prestación del servicio de alumbrado público” vocero de Celsa (Vanguardia)

El BIF le permitió al alcalde Miguel Moreno usar al señor Julio César González para terminar el negocio con dos de las empresas que conformaron Unión Temporal de Floridablanca Ciudad Inteligente. Se adjudicó a dedo en una alianza público privada de iniciativa pública la suma de 478.999.170.000 millones de pesos a 20 años a la empresa Iluled Colombia S.A,  conformada por Ingsan S.AS y la caleña Roy Alpha S.A.

Nelson

Empresa que ya ha estado inmersa en polémicas relacionadas con alumbrado público de Cali, antiguos participantes de la Unión Temporal de Floridablanca Ciudad Inteligente, empresas de las cuales en 2019 Vanguardia había advertido sobre un posible direccionamiento del alumbrado público. 

cinco

El Banco Inmobiliario de Floridablanca no ha sido usado para mejorar la calidad de vida de los florideños, ha funcionado y continuará funcionando para evitar responsabilidad administrativa-política, como leguleyada a la Ley 80 y contrata lo que anteriormente generó polémica, en este caso, la privatización del alumbrado público de Floridablanca.

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