El dolor de cabeza de los compradores de vivienda de interés social

El Gobierno nacional anunció la desindexación de 85 productos y servicios del salario mínimo, pero no incluyó el precio de las vivienda de interés social (VIS). Así, a las familias que aún la estén pagando se les incrementará el valor de la vivienda en 20 millones de pesos.

El precio que una constructora puede cobrar por este tipo de unidades habitacionales va de 135 a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por ejemplo, en 2021, la familia Reyes Manrique firmó la promesa de compra-venta de un apartamento de interés social por 152 millones de pesos. Con el incremento del 16 por ciento de este año, por la vivienda que les entregarán este año, ahora les tocará pagar 174 millones de pesos. Es decir, esta familia deberá asumir 22 millones de pesos que no contemplaba inicialmente. No es la única.

Según Camacol, durante 2021 se vendieron 183.641 viviendas VIS, mientras en 2022 la cifra llegó a 168.224. De esa cifra, solo 43.833 contaron con subsidios. Es decir, solo el 26 por ciento de estos proyectos contaron con alguna ayuda económica del Estado. Como los subsidios también suben dependiendo de lo que suba el salario mínimo, estos no tienen mayor inconveniente. El problema es para lo demás.

Catalina Velasco, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, instó a las constructoras a que establezcan acuerdos de pago con sus clientes, para no imputar la totalidad del aumento del salario mínimo sobre el valor final de la vivienda en los negocios que ya se encuentran suscritos. “De esta manera se espera que el impacto en el aumento del salario mínimo no les impida a los hogares concretar la adquisición de su vivienda, evitando un escenario de desistimientos masivos”, agregó la jefe de cartera.

Edwin Chirivi, presidente (e) de Camacol, no considera que la venta de vivienda de interés social vaya a caer por el incremento en el valor. Según él, si bien el precio tope se define en salarios mínimos, es un mercado bastante competitivo en el que solo en 2022 se lanzaron más de 600 nuevos proyectos: “Su precio atiende a condiciones de mercado. En la actualidad, el 34 por ciento de la oferta de vivienda social tiene precios inferiores a su nivel tope, y eso es evidencia de que, si bien es un precio regulado en su tope, las condiciones de producción y la demanda potencial explican su precio final”.

El gobierno estudia la posibilidad de incluir en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo que desvincularía el aumento del precio máximo de la vivienda de interés social del salario mínimo, para relacionarlo a la variación de la UVT, es decir, al nivel de precios para hogares de ingresos medios.

La ministra Velasco explicó que la discusión del Plan Nacional de Desarrollo se llevará a cabo a lo largo del primer semestre del año. Una vez sancionada la ley, que se espera que suceda entre mayo y junio, esta tendrá efectos inmediatos y aplicaría únicamente para los proyectos de vivienda que se celebren una vez la ley entre en vigencia.

Camacol estima que este año se comercializarán cerca de 177.000 viviendas de interés social, 6 por ciento más que en 2022.