Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia.
Crédito: Colprensa
¿Salud fiscal?: el presupuesto, la tributaria y por qué no le cuadran las cuentas al Gobierno
El Ministerio de Hacienda enfrenta una encrucijada entre la necesidad de mayores recursos para el próximo año, las peleas que rodean el presupuesto en el Congreso, una nueva reforma tributaria, y problemas de ejecución que se suman a las presiones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
El Gobierno está en una encrucijada fiscal. Tiene en trámite en el Congreso un presupuesto aparentemente desfinanciado y una ambiciosa propuesta de reforma tributaria por 11,8 billones de pesos. Ninguno tiene el éxito asegurado. Además, se enfrenta a la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que no logró reducir. Terminó doblegado por el paro de transportadores de hace unos días. La apretada situación fiscal parece quedarse cada vez con menos oxígeno.
Esta semana el proyecto del Presupuesto General de la Nación de 2025 enfrentó una situación sin precedentes en el Congreso: el monto propuesto por el Gobierno no fue aprobado, y tampoco alguno de los enunciados por los congresistas mediante varias proposiciones. Según el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no fue negado, pero tampoco aprobado.
"No han negado el monto, no ha habido decisión sobre ninguna propuesta de monto. Lo tenían que negar las cuatro comisiones, así como para aprobarlo lo tienen que aprobar las cuatro", dijo el ministro durante la sesión de las comisiones económicas de Senado y Cámara que se citó el jueves, y en la que, por falta de quórum, no se avanzó.
Pero más allá del circo político alrededor del proyecto, desde lo técnico hay muchos reparos sobre el equilibrio entre ingresos y gastos del presupuesto que busca el Gobierno de Gustavo Petro para 2025.
Un presupuesto desfinanciado
Desde que el Gobierno radicó el pasado 29 de julio el proyecto del presupuesto general del próximo año varios expertos señalaron el riesgo de desfinanciamiento en las cuentas de Hacienda.
La propuesta total, por 533 billones, cuenta con 511 billones financiados y 12 billones contingentes sujetos a una ley de financiamiento, es decir, una reforma tributaria, según lo aclaró el propio director de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Jairo Bautista.
Pero a los expertos no solo les preocupa la plata de la tributaria. Algunos han señalado que los ingresos proyectados en el presupuesto distan bastante de los del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que se presentó apenas mes y medio antes que el proyecto del presupuesto.
Por ejemplo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) emitió un pronunciamiento en agosto en el que alertó sobre una diferencia de 31,1 billones en las estimaciones de ingresos, que se justifican especialmente por un cálculo más optimista sobre el recaudo tributario, que subiría en 26 billones frente a las estimaciones del Marco Fiscal. “Lo planteado para 2025 no es consistente con el MFMP para 2024-2035”, dijo el CARF en su pronunciamiento.
Con esto coincide José Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, quien aseguró hace un par de semanas que el presupuesto del próximo año “tiene serios riesgos de quedar desfinanciado”, en parte por las metas de gestión que le está poniendo el Gobierno a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que Salazar considera inciertas y en parte por la misma ley de financiamiento.
“Creemos inconveniente que en un momento de estrechez fiscal lo que se haga es bajar los tributos de las empresas”, cuestionó Salazar en su momento. La razón es que, en principio, esta medida podría representar un menor recaudo tributario mientras los efectos de crecimiento por una menor tasa impositiva se reflejan en las empresas, para que nuevamente aporten más a las arcas de la nación.
Una tributaria para cerrar las cuentas
Tal como había prometido el ministro Bonilla, la tributaria llegó al Congreso el 11 de septiembre con la idea de bajar el impuesto de renta para las empresas: para las más pequeñas la tarifa pasaría del 35 al 27 por ciento desde el próximo año, mientras que en las medianas y grandes bajaría de manera progresiva al 30 y 33 por ciento, respectivamente. Esto, según Bonilla, es un incentivo para reactivar la economía.
Además, el proyecto insiste en la vocación de permanencia del impuesto al patrimonio y baja su umbral, lo que hace que más personas paguen ese impuesto, y modifica y aumenta las tarifas del impuesto de renta de personas naturales de altos ingresos.
“No es un buen momento para una tributaria por muchas razones. Si lo que se pretende es reactivar la economía, eso no se logra con una reforma como la que se está presentando. En general no se hace una reforma tributaria en tiempos de reactivación económica. No es oportuno porque los colombianos aún están viviendo los impactos de la última reforma”, aseguró Diego Cubillos, socio de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte.
El experto tributario señaló, por ejemplo, cómo apenas se está reflejando el efecto de la tributaria de 2022 en la declaración de renta de las personas naturales, que por estos días están presentando su impuesto de 2023. “No tiene mucho sentido ajustar la reforma cuando hasta ahora se van a evaluar sus efectos”, dijo.
Cubillos señaló que el impacto para las personas jurídicas no es del todo positivo. “Efectivamente está bajando la tarifa de renta para las empresas, para las pequeñas o con una renta de hasta 295 millones bajaría al 27 por ciento, pero, por otro lado, sube el impuesto mínimo del 15 al 20 por ciento. De nada sirve bajar las tarifas si tenemos un efecto muy negativo con un impuesto mínimo. Los incentivos realmente son pocos frente a los desincentivos”, aseguró.
Dentro del plan del Gobierno, se prevé que, por medio de una mejor gestión de la Dian, se recauden 1,6 billones adicionales, y que gracias a eso el recaudo por nuevos impuestos con la reforma sume 4,9 billones. Además, el Gobierno lograría un espacio adicional de gasto de 5 billones por la anticipación del cumplimiento paramétrico de la regla fiscal.
Según Andrés Pardo Amézquita, director y jefe de Estrategia para América Latina de XP Investments, y exviceministro de Hacienda, “anticipar la regla fiscal a 2025 no aumenta el recaudo, sino que permite un déficit fiscal mayor (en 0,3 por ciento del PIB), que debe financiarse con más deuda”.
En un hilo en su cuenta de X (antes Twitter), el exviceministro explicó también que flexibilizar temporalmente la regla fiscal y excluir las inversiones verdes del cálculo del déficit permitido en los próximos cinco años es una “muy mala señal para las tasas de interés que paga Colombia en los mercados financieros”. Esto puede ser interpretado por los acreedores como una señal de relajamiento en la senda de reducción del déficit y de la deuda pública del país, y podría aumentar los costos de financiamiento para la nación.
¿Se necesita un recorte?
El centro de estudios económicos Fedesarrollo presentó un documento que menciona que, si bien el proyecto de ley de financiamiento presentado por el Gobierno “contiene elementos positivos que merecen ser discutidos”, persisten los riesgos de financiamiento del presupuesto para el próximo año. Según cálculos de Fedesarrollo, el faltante de recursos alcanza los 26,6 billones y estos “deberían recortarse del actual monto de 523 billones”.
Otro centro de estudios económicos preocupado por la tributaria y el presupuesto es Anif. “La ley de financiamiento no va a recaudar los 12 billones de pesos. Entonces, realmente no cumple su propósito de ser una ley de financiamiento. Por otro lado, las cuentas del presupuesto vienen con unos supuestos difíciles de cumplir por las metas de gestión de la Dian y otros recursos de capital por 5 billones. En general, la cifra debería ser cercana a los 500 billones para ser un presupuesto acorde con un criterio de precaución y de buscar cuentas más sólidas”, aseguró José Ignacio López, presidente de Anif.
Según López, otro de los problemas en las cuentas del Gobierno es que “el Gobierno insiste en tener un presupuesto muy abultado, pero la propia ejecución de este año va bastante mal”, especialmente en el presupuesto de inversión. Según el economista, en ciertos sectores este rubro está por debajo del 30 por ciento de ejecución.
A todo esto, se suma la deuda que no logró resolver el Gobierno con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) por el subsidio al diésel. Aunque el ministro Bonilla intentó subir el precio del combustible en 2.000 pesos, como un primer ajuste de un total de 6.000 pesos, luego del paro camionero desistió en su apuesta.
Se acordó por ahora un incremento de 800 pesos en el precio del galón, y como el Gobierno subsidia la diferencia con el precio internacional, esto le cuesta al año cerca de 10,5 billones.
Las cuentas no están claras; el camino del presupuesto y la tributaria en el Congreso, tampoco. Y mientras el Gobierno hace malabares para tratar de ajustar las cuentas, apretarse el cinturón parece una buena opción, aunque no se asome en los planes de esta administración.
Apoya el periodismo que te gusta
Puedes cancelar en cualquier momento