Los enredos de dinero y los señalamientos en medio de la agonía del Metrolínea en Bucaramanga

En Bucaramanga muchos ciudadanos resumen la historia de Metrolínea, el sistema de transporte masivo del Área Metropolitana en una sola frase: “Nació muerto”. Pero, si se intenta explicar la situación actual usando un juego de palabras, se podría decir que es un cadáver al que las deudas hacen revolcar en su tumba.

Según un balance entregado por el mismo gerente de Metrolínea, Jhair Manrique Bautista, a corte de este 31 de marzo, los pasivos de la empresa sumaron 508.0000 millones de pesos, de los cuales el 90 por ciento son deudas a la empresa Estaciones Metrolínea, principal acreedor del sistema.

Bautista dijo también que el sistema está en una situación de miseria y los indicadores así lo revelan. Por ejemplo, de 236 buses solo están operando 14; de 35 estaciones, tan solo hay 11 operativas; de las 40 rutas, solo 10 están activas; y el sistema solo moviliza un promedio de 18.000 usuarios por día, mientras antes de la pandemia del covid-19 la cifra era de 138.000.

La mala noticia es que, para recuperar las estaciones, muchas de las cuales están vandalizadas, se necesitan 16.000 millones de pesos, y para poner a andar en buenas condiciones la flota de buses, otros 354.000 millones de pesos. Mal contados, Metrolínea necesita unos 400.000 millones para poder recuperar su operación, dice el gerente del sistema.

En medio de la agonía del sistema masivo de transporte de Bucaramanga surgió una nueva polémica después de que el alcalde de la ciudad, Jaime Luis Beltrán, le propuso al Concejo que le aprobara 15.300 millones de pesos para entregarlos como acuerdo de pago a Estaciones Metrolínea.

Esto porque la empresa acreedora habría aceptado reducir la deuda de más de 457.000 millones de pesos a solo los 15.300 millones. La propuesta del alcalde Beltrán, respaldada por la gerencia de Metrolínea, fue discutida en la plenaria del Concejo de Bucaramanga.

La historia de una deuda

Para entender mejor el complicado enredo legal y económico que tiene a los habitantes del Área Metropolitana de Bucaramanga sufriendo la agonía de Metrolínea, hay que recordar que el sistema empezó a construirse en 2004 y comenzó a operar en febrero de 2010.

La obra inicial se pudo desarrollar gracias una inversión de 495.000 millones de pesos, bajo un modelo de cofinanciación, como el resto de los sistemas similares en el país, de los cuales el Gobierno nacional puso 346.000 millones y el resto los entes territoriales. El funcionamiento empezó a cargo de dos operadores, Metro5 Plus y Movilizamos.

En esos mismos días se constituyó la empresa Estaciones Metrolínea, compuesta por dos empresas (Vergel y Castellanos S.A. y Urbanas S.A.). Luego, Urbanas le compró a Vergel y Castellanos su parte y se quedó con el negocio.

Entonces, para construir la estación llamada Papi quiero piña (PQP), bajo el modelo de concesión, la empresa se comprometió a invertir unos 90.000 millones de pesos y a cambio recibía el 11,5 por ciento de cada pasaje vendido en el sistema de transporte durante 20 años.

Pero todo se complicó cuando la empresa Estaciones Metrolínea no pudo cumplir con el objeto del contrato porque se interpuso una acción popular, por parte de un tercero, argumentando que parte del predio en el que se iba a hacer la PQP estaba destinado a la construcción de un carril de espacio público. Así, el predio que originalmente era de 29.000 metros cuadrados para la estación quedó de 22.000.

Estaciones Metrolínea pidió la liquidación anticipada del contrato, pero su pretensión fue que se le pagara el total del compromiso. Como no hubo arreglo con la gerencia del sistema de transporte, se inició un proceso legal. En 2010, la empresa Urbanas pidió un laudo arbitral, que terminó ganando, y en ese mismo periodo constituyó un fideicomiso y sacó al mercado bonos por 75.000 millones de pesos, que se vendieron a tenedores, quienes son los dueños de la mayoría de la deuda que hoy tiene el sistema masivo de Bucaramanga, por concepto de capital e intereses.

En 2020, Metrolínea se acogió a la Ley 550 de reestructuración de pasivos. Pero después de algunos avances en las negociaciones, en marzo de 2023 se determinó que el proceso fracasó porque los acreedores decidieron no aceptar las propuestas finales de la gerencia del sistema y el tiempo para cerrar el trato se venció.

Por lo tanto, como está establecido, no es posible jurídicamente que el ente gestor ingrese otra vez a la aplicación de la 550, así que los acuerdos solo pueden negociarse de manera directa entre las partes.

“Dinero para favorecer a privados”

La propuesta del alcalde Beltrán de pagar los 15.300 millones fue ratificada por el gerente de Metrolínea durante la plenaria del Concejo de Bucaramanga, en el que se debatió el nuevo Plan de Desarrollo de la ciudad.

En la sesión informal para debatir la crisis de Metrolínea y la decisión de si se liquida o no, participaron diferentes líderes del sector, desde el gerente del ente gestor hasta representantes de los transportadores.

Entre los concejales que más criticaron la iniciativa del mandatario estuvo Carlos Parra, del Partido Verde, quien, en resumen, dio a entender que lo de la administración actual era “una jugada de póker para favorecer a unos terceros y, además, es ilegal porque le cuelga una renta vitalicia a la ciudad”.

En primera instancia, el concejal sostuvo que este acuerdo beneficia a Urbanas S.A. por ser dueños de Estaciones Metrolínea y que los tenedores de bonos que son los legítimos acreedores, que embargaron los derechos fiduciarios, quedan desconocidos en la oferta. Es decir, que el alcalde Bernal le estaría pagando a quien no debería pagarle.

Pero, además, según Parra, los tenedores de bonos se han reunido con diferentes autoridades nacionales, entre estas el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte, para pedir que se le rediman los bonos de manera anticipada y hacer corresponsable al municipio de Bucaramanga.

“Lo que quiere decir que la ciudad terminará pagando el resultado de un lobby de poderosas entidades bancarias que representan a unos privados, quienes en sus reuniones dejan clara que su estrategia es forzar a la nación para que haga cumplir el laudo arbitral”, le dijo Parra a CAMBIO.

Uno de los argumentos principales del concejal para su análisis es que producto del laudo y del fideicomiso se constituyó un patrimonio autónomo, que es al que se le tendría que pagar y la oferta del alcalde no es para esto, sino para Estaciones Metrolínea. “Hay que liquidar Metrolínea pronto antes de que se le cuelguen estos intereses y poner en el Plan de Desarrollo un nuevo sistema de transporte, sano y sin deudas. No puede ser que el alcalde se salga con la suya y le deje una arandela colgada al municipio”, indicó Parra durante el debate en el Concejo.

Otro de los que participó en el debate del Concejo de Bucaramanga fue el representante a la Cámara Christian Avendaño, quien también señaló que respaldaba el cierre del ente gestor. “La investigación alrededor de los activos y los pasivos de Metrolínea y el análisis de la resolución mediante la cual el Gobierno nacional expide los requisitos para que las entidades territoriales puedan acceder a los mecanismos de cofinanciación de los sistemas integrados de transporte masivo en el país es que hay que liquidar Metrolínea”, dijo.

La actual gerencia de Metrolínea, a pesar de las críticas defendió la no liquidación de la sociedad, argumentando que las leyes colombianas exigen la existencia de un ente gestor para poder llevar a cabo un proceso de cofinanciación de este tipo de proyectos, lo que en su análisis sería la opción más segura para salvar el sistema o para crear una nueva empresa.

Y según el área jurídica de Metrolínea, la suma de 15.300 millones de pesos sale después de revisar todo el laudo arbitral, establecer que Estaciones Metrolínea invirtió unos 30.000 millones de pesos en PQP y que esto no incluye pago para los acreedores de bonos.

El alcalde Beltrán dijo, en diálogo con el diario Vanguardia, que por ahora el servicio seguirá prestándose con lo que se tiene, incluyendo los buses de transporte público colectivo, que hasta ahora han salvado a los usuarios de quedar varados. Y el mandatario señaló que con las nuevas medidas sobre Metrolínea están "tratando de ‘revivir un muerto'", que dejaron los malos manejos del pasado.

Según la Superintendencia de Transporte, la decisión de liquidar o no los sistemas masivos como el Metrolínea es potestad de las autoridades de la jurisdicción correspondiente, que en este caso se trata del Concejo de Bucaramanga. Y por lo visto y escuchado en la plenaria de la semana pasada, todo parece indicar que la suerte está echada. Así, la gran pregunta que queda es: ¿quién responde por la quiebra de la empresa y por el servicio público de transporte para los bumangueses?