Debate en la Corte destapa quejas sobre la red de donación y trasplante de órganos

El año pasado el Congreso aprobó la creación del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos (INDTOT) pensado como una entidad adscrita al Ministerio de Salud que esté a cargo del sistema y coordine las actividades relacionadas con esta labor. En febrero, el Ministerio de Salud expidió su reglamentación y, desde entonces, no se conocen más avances sobre su puesta en marcha.

Sin embargo, la creación misma del INDTOT ya ha sido cuestionada. La Corte Constitucional admitió para su estudio una demanda que asegura que esa creación está viciada porque fue aprobada en la Ley del Plan de Desarrollo y este instituto no tiene una relación directa con los ejes del Plan. Por tanto, según los demandantes, debe declararse inconstitucional.

La demanda que presentó la Asociación Sindical de Trabajadores y Empleados de Colombia en Salud y Afines (Asintracs) destapó un duro debate sobre las fallas que tiene actualmente la Red de Donación y Trasplantes. De hecho, un grupo de 36 trabajadores del Instituto Nacional de Salud asegura que la creación de un nuevo Instituto que coordine todo el sistema “no es la solución necesaria, ni resuelve en su totalidad las problemáticas de fondo de los procesos de la Red”.

¿Por qué lo dicen?

Citando el informe anual del INS sobre la materia de 2021, los trabajadores indican que hay serias fallas sobre el acceso oportuno de los pacientes tanto para la valoración para trasplante, como para ingresar a la lista de espera. Esa barrera está más relacionada con las EPS e IPS y no se solucionan con el INDTOT.

También expusieron el caso puntual de trasplante de córnea, un procedimiento que está cubierto en el Plan de Beneficios en Salud, pero que los pacientes suelen buscar por la vía particular porque garantiza tiempos menores de espera que en la EPS.

“Intervenir esta situación requiere la mediación de múltiples actores del sistema de salud y de sus responsabilidades, no del INS, misma situación que tendría una eventual entidad nueva que tampoco tendría estas competencias, pues recaen sobre otros actores del sistema”, expusieron los trabajadores del INS ante la Corte Constitucional.

Es decir, ni el INS ni el nuevo instituto tienen competencias directas sobre la regulación de relaciones entre bancos de tejidos y las EPS, ni de inspección y vigilancia, pues esta misión es de la Superintendencia de Salud.

De otro lado, los trabajadores dijeron que, a julio de 2023, solo estaban activos 60 médicos coordinadores operativos de donación en todo el país, que solo operan en 11 ciudades. Según su exposición, darle más competencias al nuevo instituto solucionaría las fallas que se presentan en el modelo. 

“Colombia tienen un modelo en el cual este coordinador de donación depende de las IPS para servicios de trasplante y más específicamente de los grupos trasplantadores, quienes, si bien cumplen un importante papel, son unos actores más de la cadena que tienen intereses frente a la prestación de su servicio y la atención de sus pacientes", dijeron.

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"La donación debe ser independiente de la operación del trasplantador. En este sentido las competencias de la regulación de este modelo recaen en el Ministerio de Salud y la organización de los procesos de donación en los entes territoriales”, agregaron.

Además, los trabajadores del INS dijeron que la regulación está desactualizada, que la Red de Donación y Trasplantes no hace el seguimiento posterior a los pacientes y que esta red no tiene suficientes recursos económicos, entre otros. Igualmente, ante la Corte dijeron que el nuevo instituto asume funciones que tiene el INS actualmente, pero no nuevas que sí serían necesarias: funciones regulatorias, de financiamiento y de prestación del servicio o de aseguramiento de pacientes.

Es decir, aunque respaldan el nuevo Instituto, los trabajadores dijeron que crear una nueva entidad para asumir funciones que ya están en marcha por el INS, asignado una planta de apenas 28 personas, no resuelve los problemas.

Faltan competencias de regulación

La Asociación Colombiana de Deportistas Trasplantados (Acodet) se sumó a esos reparos y le dijo a la Corte Constitucional que el nuevo instituto “no asegura el éxito de la donación y el trasplante pues las entidades públicas tienen un alcance en sus competencias”.

“Entonces para que la Red funcione todos deben cumplir totalmente sus obligaciones, no basta con el INDTOT, hay que cambiar y/o ajustar el modelo de donación y trasplantes actual, en esto se ha insistido por varios años desde las Asociaciones de pacientes, y se han planteado las falencias en el comité nacional de donación y trasplante, no se ha logrado avanzar en esto”, dijeron.

Para la asociación, se deben solucionar los problemas de acceso y barreras en la prestación del servicio de trasplante y humanizarlo para que el receptor tenga posibilidades de tener una vida digna. Por eso, dicen, el instituto nuevo debería poder reglamentar “lo relacionado a donante vivo, impartir control y dar sanciones”.

La defensa del Instituto ante la Corte

Ahora bien, lo que la Corte Constitucional estudiará de fondo es si hubo vicios en la creación del instituto nuevo tal y como quedó en el artículo 162 de la Ley 2294 de 2023. El Ministerio de Salud le dijo al Alto Tribunal que, en su criterio, la demanda que se presentó no tiene los argumentos suficientes para hacer un análisis de fondo y pidió desestimarla.

De fondo, el ministerio dijo que el Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta del presidente Petro, sí tiene un eje de seguridad humana y justicia social, en el cual está la adaptación y mitigación del riesgo y otros elementos para la superación de las necesidades básicas, como el acceso a los servicios de salud.

“La creación de la nueva entidad Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos (INDTOT), tiene como objetivos específicos la coordinación de actividades relacionadas con la promoción, donación, extracción, recuperación, transporte, conservación, trasplante e implante de órganos y tejidos con el objeto de hacerlos accesibles en condiciones de calidad, en forma oportuna y suficiente a la población colombiana, siguiendo los principios de cooperación, eficiencia, equidad y solidaridad”, dijo el ministerio.

El director general de INS, Helver Rubiano García, no presentó una posición oficial de la entidad ante la Corte Constitucional, sino que se limitó a exponer los logros que el INS ha tenido en 20 años de operación de la red. El caso está en manos de la magistrada Diana Fajardo.