Exclusivo: La denuncia contra Jaime Dussán que lo enreda en la Procuraduría

El nombre de Jaime Dussán, hoy presidente de Colpensiones, y uno de los hombres más cercanos a Gustavo Petro, generó desconcierto en las filas radicales del Pacto Histórico. Aunque a diferencia de Roy Barreras o Armando Benedetti, Dussán tiene un pasado de militancia en la izquierda, para muchos su llegada al proyecto petrista era una concesión a la política tradicional. 

Sus dotes como operador legislativo se han hecho notar. Mientras casi todas las reformas sociales propuestas por el presidente Petro se cayeron, la pensional que lideró Dussán pasó en el Congreso sin mayores contratiempos. Su vida nunca ha estado alejada de la controversia. Hoy, convertido en uno de los hombres fuertes del petrismo, los cuestionamientos vuelven a tocar a su puerta. 

Esta semana Dussán se hizo viral por cuenta de un vídeo, publicado por la periodista Darcy Quinn, en el que aparece besando a Paola Palmariny, vicepresidenta comercial de Colpensiones. Aunque el episodio fue visto como un acto indebido de un jefe con su subordinada, el famoso beso puede ser el menor de los problemas para el presidente de la entidad.

CAMBIO revela la historia de una denuncia que llegó a la Procuraduría contra Jaime Dussán y que, misteriosamente, fue retirada un mes y dos días después. Era un documento lleno de detalles en el que se le acusaba de lo divino y de lo humano: enriquecimiento ilícito, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, corrupción y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. 

La denuncia está firmada por Carlos Enrique Ribero Rueda, presidente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Sector Financiero (Sintrasecfin). En ella Ribero le pide a la Procuraduría General de la Nación que investigue a Dussán y a otros funcionarios de Colpensiones. 

Lo que llama la atención es que no se trata de un documento que registra una petición vacía y sin fundamento. La misiva, con membrete, logo y hasta la dirección del sindicato, está llena de detalles milimétricos y relatos específicos sobre las presuntas irregularidades. Figuran, entre otros: la relación de los contratos con supuestos sobrecostos, números y valores de cada uno, los nombres, cargos y teléfonos de otros funcionarios involucrados en las prácticas denunciadas y señalamientos por un presunto incremento patrimonial injustificado.  

CAMBIO halló otro documento firmado por Carlos Enrique Ribero que llegó a la Procuraduría el pasado 11 de julio, en el cual el líder sindical pide que la denuncia original sea desestimada porque lo suplantaron malintencionadamente. Es decir, a pesar de los detalles y de la documentación, Ribero negó cualquier vínculo con la queja presentada. 

La cosa pudo haberse acabado ahí, pero la información era tan sólida que la Procuraduría, en lugar de ignorarla, decidió usarla de base para abrir una investigación contra Jaime Dussán.  

Las acusaciones contra el presidente de Colpensiones 

Aunque la investigación ya arrancó, hasta ahora la justicia no ha llegado a conclusiones finales sobre ninguno de los señalamientos. Sin embargo, lo expuesto en el documento parece grave. 

El denunciante señala a Jaime Dussán de haber usado su poder en la entidad para favorecer a sus amigos y enriquecerse. Según la carta, Luis Alfredo Chaparro y Wilson Eduardo Pineda son los grandes beneficiarios de la cercanía con Dussán. El primero es el vicepresidente de Planeación y TIC de Colpensiones, y el segundo concentra tres cargos: gerente de Sistemas Integrados de Gestión, gerente administrativo y gerente de Planeación Institucional. Es decir, hay dos personas haciendo el trabajo de cinco. 

La carta dirigida a Margarita Cabello dice que Wilson Eduardo Pineda, habría sido socio de Jaime Dussán en la supuesta compra de una parte del reconocido restaurante El Butcher, ubicado en la zona G de Bogotá. Para el denunciante, esa transacción es sospechosa y podría dar cuenta de un incremento patrimonial injustificado del presidente de Colpensiones. El documento también dice que Dussán, un empleado público, pudo ponerse al día con el pago de unos créditos que tenía con el Banco de Bogotá y con Itaú. 

Más denuncias

El otro tema grueso de la denuncia tiene que ver con gastos innecesarios y presuntas irregularidades en la contratación de la entidad. El texto presenta una radiografía detallada de nueve contratos que se entregaron el año pasado y que, según el firmante, habrían sido direccionados. 

Uno de esos fue mencionado en el debate público por cuenta de las denuncias hechas por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. Se trata de un contrato por 65.000 millones de pesos para la adquisición y operación del contact center de Colpensiones. Según la congresista, este contrato tuvo un sobrecosto de 151 por ciento.

La carta también acusa a Dussán de gastar millones en la entrega de contratos a dedo y sin procesos de selección pública que garanticen la transparencia y la pluralidad. Entre esos procesos, que se califican como un despilfarro, figura un contrato interadministrativo que se le dio a RTVC para manejar el BTL de Colpensiones por 9.600 millones de pesos. 

El documento también pide investigar el gasto en arriendos de las oficinas de Colpensiones, que ya supera los 39.000 millones de pesos. 

Cuando Jaime Dussán llegó a la entidad, además de remodelar las oficinas, ajustó la planta de personal. A pesar de las advertencias de los medios de comunicación, el recién llegado presidente hizo despidos masivos sin justa causa que, entre indemnizaciones y demandas, ya le han costado al país más de 2.500 millones de pesos. 

Todas esas adjudicaciones y los otros gastos referenciados en la denuncia suman más de 226.000 millones de pesos. 

Una extraña retractación 

En la investigación que se abrió a partir de la denuncia, el procurador delegado disciplinario de instrucción cuarto le pidió autorización a Margarita Cabello para hacer un estudio patrimonial con el fin de acceder y analizar la información financiera, contable, crediticia y comercial de Jaime Dussán. Esto con el fin de identificar si existe un incremento patrimonial injustificado desde que el funcionario llegó a presidir la entidad. 

CAMBIO buscó a Carlos Enrique Ribero para preguntarle por la denuncia y al respecto el sindicalista insistió en que el documento no es de su autoría, como tampoco de la organización sindical que representa. Señaló que “allí se constituyó el delito de falsedad personal, en virtud de ello, esta organización procedió a radicar ante los órganos de control los hechos expuestos. Posteriormente, a través de nuestra firma de abogados, hemos procedido a radicar la querella penal ante la Fiscalía”.

En la queja en que niega ser autor del documento original, Ribero le hace una petición exótica a la Procuraduría: que se abstenga de iniciar trámite alguno dentro de su competencia por la falta de veracidad de la denuncia y que, si ya lo inició, lo archive o declare la nulidad. 

En los pasillos de Colpensiones hay funcionarios que hablan de un supuesto proceder irregular del presidente de la entidad. La tripleta de poder que lidera Jaime Dussán junto con sus amigos Pineda y Chaparro también es sujeto de comentarios entre los colaboradores. Dicho esto, hasta ahora la justicia no ha encontrado nada concreto en su contra.

En su paso por el Gobierno de Petro, Jaime Dussán ha sido fiel a su tradición. Este hombre se mueve siempre entre la eficiencia y la controversia. A pesar de los cuestionamientos, el presidente de Colpensiones le ha demostrado su valor al jefe de Estado. Aunque su nombre hace ruido, Gustavo Petro lo premió con la joya de la corona del presupuesto. Desde 2025, Dussán manejará las pensiones de la mayoría de los colombianos y tendrá una chequera de 78 billones de pesos.

CAMBIO le pidió respuesta sobre los señalamientos a Colpensiones y a su presidente, Jaime Dussán, pero al cierre de esta edición no se ha obtenido pronunciamiento.