¿Por qué se desinfló la propuesta del ‘fast track’ del presidente Gustavo Petro?

No ha pasado ni una semana desde que el presidente Gustavo Petro habló ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la sesión trimestral de seguimiento de la implementación del proceso de paz con las extintas Farc. Allí sorprendió con la idea de darle oxígeno al acuerdo a través de un nuevo fast track (vía rápida). En tan corto tiempo, en el ambiente se siente que esta iniciativa no arrancó.

“Un procedimiento de fast track nos llevaría a reducir los plazos del tiempo para cumplir con efectividad el acuerdo de paz firmado. Lo vamos a presentar a la sociedad colombiana y al Congreso, pero quisiéramos dejarlo aquí, refrendado ante ustedes”, dijo en ese momento Petro.

En este lapso, en palabras del analista Luis Ernesto Gómez, ese globo que lanzó el primer mandatario “se desinfló”. En la mañana del miércoles pasado, los últimos en decirle al presidente Petro que ese no era el camino fueron Humberto de la Calle Lombana y Sergio Jaramillo, los dos líderes del proceso que permitió el desarme de las Farc.

En un comunicado firmado por ambos, expresaron, además, su oposición a las propuestas del presidente Petro de crear un Tribunal de Cierre. “Recordemos que el fast track surgió como una garantía en un momento crítico, como fue el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad de las Farc, que requería su coordinación con una serie de garantías jurídicas. Esa urgencia no subsiste hoy. Tampoco tiene justificación un nuevo fast track para temas ajenos al acuerdo”, dicen.

“La idea equivocada del presidente de promover un nuevo 'tribunal de cierre' después de los enormes esfuerzos que hicieron los tribunales de Justicia y Paz y que ahora está haciendo la JEP. No es solamente un asunto de costos: la idea de un tribunal de cierre que conduzca a un 'perdón social' –de facto a una amnistía general encubierta– echaría al traste con todos estos esfuerzos y derrumbaría la seguridad jurídica de quienes hoy están sometidos a la JEP”, advierten, además, en la carta.

Durante la negociación con las Farc, De la Calle y Jaramillo resistieron una fuerte oposición del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien incluso encabezó al movimiento por el ‘No’ en la votación del plebiscito, y quien ahora también está en la misma orilla que rechaza la herramienta del fast track:

“El fast track es inconstitucional. El fast track, procedimiento abreviado, de menor cantidad de debates adoptado por el Congreso para modificar la Constitución durante el Acuerdo con la Farc, se constituyó en un abuso violador de la Constitución”, escribió el líder del Centro Democrático en su cuenta de X.

“Imposible –argumentó Uribe– aceptar la exequibilidad del fast track si además se tiene en cuenta que la Constituyente del presidente Alfonso López Michelsen fue declarada inexequible por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En efecto, de acuerdo con el plebiscito que regía antes de la Constitución de 1991, el Congreso tenía la competencia exclusiva para reformar la Constitución. Por iniciativa del presidente López Michelsen el Congreso aprobó convocar una pequeña Asamblea Constituyente para reformar la Justicia y el Ordenamiento Territorial. La Corte dijo que el Congreso no podía delegar su competencia de reformar la Constitución. Eso significó que los instrumentos, o el procedimiento, que la Constitución le señalaba al Congreso para ejercer su competencia de modificación constitucional, no podían ser variados por el Congreso. Y ahora otra vez con el dañino fast track, con los mismos actores y otros ocultos”.

La propuesta tampoco tiene ambiente en el Congreso, en donde tendría que pasar: “No soy partidario de los famosos fast track legislativos. Esa figura, que se inventaron con ese anglicismo, no es más que una negación y limitación a la democracia. Es cercenar el sagrado derecho y deber de la deliberación al Congreso. De alguna manera, convierte al Legislativo en un notario del Gobierno. No se me ocurre algo más perjudicial para el país, o bueno, si se me ocurre: una constituyente”, le dijo a El Tiempo, el presidente del Senado, Iván Name.

En un país tan polarizado, es llamativo que voces tan disímiles en su ideario hayan coincidido para ponerse en un inesperado bloque que rechaza el fast track. En la misma ruta están otros dirigentes políticos de oposición, mientras que en la bancada oficialista no emerge aún alguien que lo defienda con sólidos argumentos.

¿Por qué el presidente Petro, uno de los líderes políticos con mayor capacidad para interpretar a la sociedad colombiana en cada coyuntura, sacó del sombrero una idea tan difícil de llevar a la práctica? Y, sobre todo, ¿qué camino puede tomar ahora?

“Para acelerar el trámite de las reformas del Gobierno no se necesitan constituyentes o fast tracks. Lo que se necesita es diálogo y acuerdos con los distintos sectores políticos. Si hay acuerdos, el Gobierno puede usar figuras como el mensaje de urgencia o de insistencia para acortar los tiempos –dice el analista–. Insistir en el fast track sin llegar a acuerdos y sin armar mayorías, va a terminar solo en un slow track”.

“El fast track aplica para el Congreso. Ese procedimiento lo puede proponer el presidente, pero solo puede entrar en rigor si el Congreso lo aprueba. Que eventualmente el nuevo ministro del interior logré tal propósito, como data su experiencia con el gobierno de Santos, no supone que el Congreso aprobaría todo lo que el Gobierno presente como parte de las reformas necesarias para ejecutar el Acuerdo de Paz”, afirmó Adrián Restrepo, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, en un artículo en Razón Pública.

“Si el nuevo ministro del Interior logra que el Congreso apruebe el procedimiento rápido y todo lo que con él viene, tendrá que esperar el control de la Corte Constitucional. El mismo mecanismo del fast track, como suele suceder con todo trámite legislativo, pasa por un control de constitucionalidad. Por ejemplo, el presidente justifica la necesidad de este segundo uso del mecanismo porque en la primera versión permitió la aprobación de proyectos de las fases iniciales del acuerdo y ahora sería necesario para lograr “los productos de ese acuerdo”. ¿Aceptará la Corte esta justificación del nuevo fast track por la paz?”, añadió Restrepo sobre los tiempos de una herramienta que si le va bien coincidiría con la campaña electoral de 2026.

¿Está avanzando el Gobierno en la búsqueda de los consensos? Como en la literatura, el país ve en el escenario político una reedición de El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, la novela corta escrita por Robert Louis Stevenson. El presidente Petro, de una parte, agudiza la confrontación mientras que su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tiende puentes.

En la sanción de la reforma pensional, este martes en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el presidente Petro volvió a arremeter contra la banca, la procuradora Margarita Cabello (“es una señora con el látigo"), el expresidente Uribe, el presidente del Senado (“Es un egoísta social”), a la Creg ("arrodillada a intereses particulares"), el Banco de la República, exministro de Educación Alejandro Gaviria ("pusimos saboteadores en el Ministerio de Educación. Adictos a la Universidad privada, a que paguen millonarias pensiones por semestre"), entre otros actores de la agenda pública.

Al mismo tiempo, Cristo se encontraba con los miembros del Consejo Gremial para establecer consensos para la reactivación económica del país, además de acelerar la implementación del acuerdo de paz. "Se construirá un equipo de trabajo del Gobierno nacional junto con voceros de los gremios, para que el sector privado haga parte de una tarea dentro del Plan de Choque de la implementación del Acuerdo de Paz, para hacer que la paz llegue a los territorios de Colombia", señaló el ministro del Interior.

Cristo ya había tenido una reunión con la Federación Nacional de Departamentos (FND), tras la cual se informó del buen ambiente y la importancia de avanzar hacia un acuerdo nacional. “Este acuerdo, la propuesta del Gobierno, comienza por sacar definitivamente la violencia de la política en Colombia”, agregó el ministro. Y este miércoles se reunió con los sindicatos de trabajadores en la Casa La Giralda, sede del ministerio. El presidente confronta; el ministro dialoga.

¿Qué puede suceder? El estilo del presidente es conocido y es muy posible que use este lenguaje para sus bases mientras es al ministro quien debe a seducir a la oposición, que es mayoría en el parlamento.

El reto de Cristo es llegar a este 20 de julio con unos consensos sólidos que le permitan presentar una serie de proyectos viables para continuar avanzando en las reformas que quiere el presidente Petro.

Como están las cosas, es muy posible que por la vía del diálogo y a través del Congreso se logre avanzar. Porque, por ahora, la constituyente y el fast track son globos que parecen desinflarse sin remedio.