El panorama de la reforma no oficial a la salud que está adelantando el Gobierno

La EPS Sura es la siguiente entidad que saldría del ajedrez de la salud en Colombia. Este 28 de mayo, Sura le pidió a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) que le apruebe un plan para desmontarse progresivamente: más de cinco millones de usuarios deberán ser trasladados, si la Supersalud le da el aval. El anuncio se suma a otros cambios en el sistema de salud que el Gobierno viene adelantando sin necesidad de una reforma oficial. Con todo, las autoridades prometen que los usuarios tienen la atención asegurada, aunque hay incertidumbre.

El pasado 9 de abril, la EPS Compensar, con 2,1 millones de usuarios, también solicitó su retiro total del Sistema de Seguridad Social en Salud. Todavía falta que la Supersalud lo apruebe. Esto, más las intervenciones del Gobierno a Sanitas, Nueva EPS y otras entidades, es una muestra de que “el sistema de salud ya cambió”, como lo advirtió Claudia Vaca, profesora de la Universidad Nacional y farmacoepidemióloga en un foro de CAMBIO.

El anuncio de Sura se dio en medio de los rumores de que la Supersalud estaba a punto de intervenirla y de una crisis financiera cada vez más profunda en el sistema.

El presidente Gustavo Petro se aseguró de no dejarse echar el agua sucia: sostuvo que la culpa de que la EPS paisa quiera salir del mercado la tiene el Senado por no haber pasado su reforma a la salud.

El “shu-shu-shu” del que habló el jefe de Estado en entrevista con CAMBIO, refiriéndose a la caída en dominó de las EPS por el modelo de salud, está ocurriendo.

 “Las empresas prestadoras de salud convertidas en aseguradoras no pueden sostenerse, pues tienen que garantizar reservas técnicas que se financian también con recursos públicos -escribió el presidente en X (antes Twitter)- El Gobierno propuso transformarlas en gestoras de salud, sin tener esos requisitos, asumiendo el estado el papel de  asegurador universal”.

La Presidencia emitió un comunicado en el que dice que la crisis de las EPS es resultado de problemas estructurales y que no es cierto que “el Gobierno nacional esté destruyendo el sistema de salud”.

Actualmente, el Ejecutivo está trabajando en un nuevo documento de reforma a la salud en acuerdo con las EPS. Varias de ellas -incluyendo a Sura- han señalado que serían gestoras de salud en el sistema nuevo planteado por el petrismo.

Esta discusión se suma a la crisis del sistema de salud de los maestros, que primero se presentó como el piloto de la reforma general deseada por el presidente Gustavo Petro, aunque después el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se encargó de desligarlas.

La perspectiva del Gobierno es concreta en ambos casos: ve la intermediación como algo negativo y, por eso, no ha dejado nunca de cuestionar el rol de las EPS o de cualquiera que cumpla un rol similar.

El problema es que la interlocución entre las partes parece ser un sinsentido eterno. El núcleo es la financiación del sistema. Las EPS han dicho repetidamente que la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor asegurado por cada afiliado, es muy bajo, que no les alcanza, mientras que el Gobierno insiste en que tienen plata de sobra y que sus negocios son boyantes.

Ana María Vesga, presidenta de Acemi, gremio que reúne EPS del régimen contributivo, anotó que el Gobierno no tomó ninguna acción concreta para corregir el rumbo ante la profunda crisis financiera que afronta el sistema por pérdidas acumuladas, deudas crecientes, descapitalización, y otros. 

Por su lado, José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda de Petro, trinó que es momento de un diálogo sincero con las EPS y otros actores del sistema para buscar soluciones, en vez de “imponer a la fuerza una reforma mal concebida y sustentada”.

Claves del momento actual

Claudia Vaca sostuvo, cinco días antes de conocerse la decisión de Sura, que el sistema de salud ya no es el mismo que antes. El movimiento de Sura, una de las EPS más importantes del país, confirma su tesis.

La académica explicó que hay tres hechos fundamentales que han cambiado el rumbo del funcionamiento del sistema en Colombia:

1. Las intervenciones de Nueva EPS (10,8 millones de usuarios), Sanitas (5,8 millones de usuarios), Emssanar (1,9 millones de usuarios) y otras EPS, consolidan un volumen de afiliados tan grande que, a su juicio, se diferencia de las acciones de la Supersalud en gobiernos anteriores.
2. El Plan Nacional de Desarrollo estableció el giro directo a los prestadores de salud, cuyo decreto ya tiene listo el Ministerio de Salud. Con esto, la intermediación de las EPS desaparecería.
3. La propuesta de equipos territoriales y extramurales que ya están llegando a zonas muy apartadas, donde no estaba el sistema de salud.

“La discusión de los retos financieros (...) tendría también que estar alrededor de cómo vamos a garantizar que, en tanto hacemos una discusión de la reforma a la salud, esto no termine por desfinanciar aún más el sistema”, dijo Vaca en el foro de CAMBIO. El aumento de la demanda, gracias a las intervenciones en zonas apartadas y a los nuevos diagnósticos, es inminente.

Jhonattan García Ruiz, magíster en Salud Pública y en Administración, coincide en que una de las claves de los cambios implementados por el Gobierno Petro tiene que ver con la redistribución de recursos: inversión en infraestructura y financiación de los equipos territoriales de salud. 

“Sí hay una deuda histórica -apunta García Ruiz, quien piensa que la redistribución de la “torta” de la plata en el sistema no es descabellada-. Creo que los equipos territoriales son buenos en ciertas zonas del país, en ciertos contextos, pero no en todos lados. Cuando uno hace eso, sin aumentar los ingresos, pone en riesgo la atención de los ciudadanos y la sostenibilidad general”.

El experto considera que ahora hay tres caminos posibles. El primero: “No hacer nada”, que la reforma del Gobierno no se apruebe de nuevo y que las EPS continúen bajo presión durante los dos años restantes de la presidencia de Petro. “La única que no cerraría sería Nueva EPS”, anota. A propósito, el mandatario anunció en abril la capitalización de la entidad, con pasivos por encima de los 6 billones de pesos, y confirmó el espaldarazo a la entidad.

Otra opción es que sea radicada y aprobada otra propuesta de reforma en el Congreso y que el país comience a trabajar para implementarla.

García Ruiz ve como tercera alternativa que la oposición y los partidos independientes presenten un proyecto de ley alternativo. Sin embargo, también es cierto que a la oposición "sirve que estas cosas sigan siendo catastróficas, acercándonos a 2026, porque puede que cautiven a la población afectada y que sea una herramienta más para pujar por su candidato en las próximas elecciones”.