Crédito: Universidad Nacional de Colombia
Universidad Nacional: Procuraduría abrió indagación a Dolly Montoya y a otros funcionarios por el ‘edificio de papel’ en San Andrés
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El Ministerio Público quiere determinar si hubo irregularidades en la planeación y ejecución del proyecto para construir un edificio por 11.000 millones de pesos con recursos de regalías. CAMBIO ya había revelado las irregularidades en ese proceso, que tiene a los estudiantes y profesores esperando y sin respuestas.
Por: Andrés Mateo Muñoz
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria por las irregularidades en el proyecto para construir un edificio de bienestar en la sede San Andrés de la Universidad Nacional. La construcción tiene un valor de 11.400 millones de pesos y, a la fecha, nada avanza.
El Ministerio Público informó que la indagación previa cobija a la exrectora Dolly Montoya; la directora de sede, Adriana Santos Martínez; el director del proyecto, Jairo Medina Calderón, y el supervisor, Juan David Osorio.
Para la Procuraduría, hay una presunta mora en la planeación y ejecución del contrato, con el agravante de que los recursos provienen de las regalías del Ocad.
¿Cuál es el lío con el edificio en San Andrés?
En junio pasado, CAMBIO reveló un informe de la Contraloría en el que se constatan las irregularidades en la construcción del edificio de aulas y bienestar en esa sede de la Universidad Nacional. Los retrasos en las obras son, según la Contraloría, muestras de “una falta absoluta de planeación”, pues la ejecución física va en 0 por ciento.
Para ampliar su oferta y mejorar las condiciones de infraestructura física de la sede, la Universidad Nacional presentó un proyecto ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) de la Región Caribe. Los Ocad son instancias encargadas de evaluar, hacer viables y aprobar proyectos que serán financiados con recursos de regalías, es decir, la plata que recibe el Estado por la explotación de recursos naturales no renovables.
La población a la que se quiso beneficiar con el proyecto fueron los bachilleres egresados y residentes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Desde 2008, la Nacional implementó en la sede Caribe el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (Peama), en el que se hace un puente entre el colegio y la educación superior a aspirantes de poblaciones vulnerables o de especial atención.
En el edificio se planeaba establecer, por ejemplo, espacios para la atención psicosocial de los estudiantes. La justificación del proyecto entrega un dato revelador: entre 2019 y 2020 se calculó una tasa de deserción del 58 por ciento del programa Peama en San Andrés.
Las justificaciones loables del proyecto hicieron que el 10 de octubre de 2022 el Ocad de la Región Caribe lo aprobara. Se le asignaron 11.400 millones de pesos de regalías que salieron de la bolsa de un billón establecida por el gobierno de Iván Duque para el periodo 2019-2020. El objetivo del multimillonario fondo era financiar proyectos de Instituciones Públicas de Educación Superior.
Según la normatividad vigente, una vez aprobado el proyecto, la Universidad Nacional tenía seis meses de plazo para cuanto se requería para el inicio de la construcción de la obra: licencias ambientales, de construcción y expedición del acto administrativo para ordenar el gasto y abrir la licitación. Pero esto no ocurrió.
Por eso, en marzo de 2023 la Nacional le pidió una prórroga al Ocad al vencerse el plazo de seis meses. Sin embargo, este organismo negó esa posibilidad mediante el acuerdo 12 del 18 de mayo de 2023. Con esa decisión, los 11.400 millones de pesos tuvieron que ser liberados para que regresaran a la bolsa inicial. En otras palabras, la plata salió del bolsillo de la Nacional para ser reasignada a otra institución: algo que tampoco sucedió.
Este hecho llamó la atención de un equipo auditor de la Contraloría que visitó la sede de San Andrés en febrero de este año. En una comunicación enviada por ese órgano de control a Adriana Santos, directora de la sede Caribe, se reseñan los hallazgos de los auditores. Así se evidencia en el documento conocido por CAMBIO:
“No se explica cómo a hoy y tomando en cuenta la normatividad vigente (…) un año y medio después de aprobado el proyecto, por el Ocad regional Caribe, los recursos no han surtido el debido proceso respecto a su liberación”, dice parte del documento de la Contraloría.
En la visita, los auditores confirmaron que no se ha puesto ni una sola piedra del edificio, que a la fecha ya debería haberse terminado.
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