El doloroso reconocimiento de los secuestros

La fría mañana del martes 21 de junio de 2022, en el auditorio de la Biblioteca Virgilio Barco, en Bogotá, el otrora secretariado de las Farc se dispuso a enfrentar, de una vez por todas y por tres días seguidos, lo que había negado por décadas: la utilización del secuestro como una estrategia sistemática de crueldad y terror, mediante la cual provocó un dolor irreparable a miles de familias colombianas.

Dos puertas separaban a comparecientes y víctimas: por un lado, un grupo de escoltas de la Unidad Nacional de Protección le abrían el paso a siete de los hombres que por más de cuatro décadas habían generado el terror en varias regiones del país. Por el otro, hombres, mujeres y algunos menores hacían fila para acreditarse para el evento: la “Audiencia Publica de Reconocimiento ante la JEP del caso 001”, dedicada al secuestro.

En los pasillos de la biblioteca estaban expuestas las fotos de cerca de 400 víctimas, entre militares y civiles, rostros que recordaban el tan atroz método de guerra.

El murmullo de cerca de 200 personas fue interrumpido a las 8:30 de la mañana, cuando un joven con un carnet que lo identificaba como funcionario de la JEP alzó la voz para anunciar que los asistentes podían ingresar al auditorio principal.

Uno a uno fueron tomando sus puestos. Por una de las entradas ingresaron los exintegrantes de las Farc. Cada uno tomó una silla para instalarse en una larga mesa. Por el otro extremo, tres víctimas, que miraban con temor hacia el costado donde se ubicaban sus victimarios, eran asistidas por un grupo de psicólogas, que estaban pendientes de su estado de ánimo.

A las nueve en punto, detrás de un atril colocado para la ocasión, una joven presentadora leyó el libreto en el que destacaba la importancia de ese evento para la reconciliación, y dio paso al presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, quien recordó el camino que por dos meses realizaron comparecientes y víctimas para encontrarse finalmente allí, en el auditorio de la biblioteca pública.

“Es un paso para que cientos de familias que tuvieron que sortear el dolor de no tener a sus seres queridos conozcan en qué lugar están aquellos que fueron asesinados en cautiverio. Un compromiso por cumplir lo firmado en el acuerdo de paz”, dijo.

Tras la instalación de una de las escaleras que daba acceso al escenario, cuatro mujeres vestidas de toga hicieron su ingreso. El grupo estaba encabezado por las magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, quien moderaría la jornada especial durante tres días.

En unas cortas palabras, la magistrada Lemaitre destacó la importancia del acto de reconciliación y afirmó que este era el escenario para que los integrantes del último secretariado de las Farc reconocieran sus delitos por secuestro para canje o intercambio, secuestro extorsivo y secuestro para ejercer control territorial.

Timochenko rompe el hielo: “Somos responsables”

El reloj marcaba las 9 y 20 de la mañana. El primer integrante del secretariado en hablar fue Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quien reconoció la responsabilidad de sus hombres en el conflicto armado: “Tras mi ingreso al Secretariado, adoptamos la política del secuestro, realizamos hechos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, decisiones en contra de nuestra lucha armada, en la que atropellamos la libertad de las personas, generamos destrucción y dolor en cientos de familias. Estos hechos no nos enorgullecen, los casos de desaparición y violencia sexual son actos inhumanos de los que somos responsables”. 

Tras su intervención, el uso del micrófono quedó en Pablo Catatumbo, quien admitió que las acciones cometidas por el grupo “no aliviarán totalmente el dolor que les hemos causado a las víctimas, pero sí pueden conducirnos a que, en el largo proceso de reconciliación y perdón, lleguemos a tener una paz estable y duradera”.

El turno de las víctimas

Al finalizar su intervención, el turno era ahora para las víctimas de secuestro por canje. Tres hombres, en representación de militares y políticos, dieron su testimonio de lo que vivieron durante un cautiverio de más de una década.

La atención del auditorio fue interrumpida por el ruido ensordecedor de dos anchas cadenas de metal que fueron lanzadas al centro del escenario. El sonido generó un sobresalto entre los asistentes. Las cadenas eran del sargento retirado de la Policía César Augusto Lasso –secuestrado el 1 de noviembre de 1998–, quien con voz temblorosa miró a cada uno de los exguerrilleros para recordarles los 12 años durante los cuales esos eslabones fueron su compañía en medio de la selva.

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“Las cadenas de la humillación colgadas al cuello nos dejaron la mayor de las humillaciones; la orden la dio el Mono Jojoy para que nos las colocaran desde 2002 hasta 2015, y se volvieron nuestras compañeras, marcas que nunca se borrarán”, señaló.

 

 

A las diez y 20 de la mañana, la voz de Orlando Beltrán, secuestrado cuando era representante a la Cámara por el Huila, se escuchó por los seis parlantes que habían sido distribuidos por el auditorio. Dijo que a él, como a otros políticos, los mantuvieron secuestrado por instrucciones del Mono Jojoy para presionar un canje por integrantes de las Farc que estaban en prisión. Solo que ese canje no se dio y Beltrán permaneció en la selva ocho años.

En los quince minutos que tenía para intervenir, el exparlamentario equiparó las acciones de las Farc con las de los militares. “Las Farc hicieron lo mismo que los organismos del Estado con las desapariciones forzada, conocidas como falsos positivos, porque al final el dolor es uno solo”.

La rabia y la tristeza de los espectadores, entre los que sobresalían varios funcionarios de organismos internacionales, se alimentaba de cada una de la historias de cautiverio. Mientras tanto, la expectativa frente a lo que irían a responder los comparecientes de las Farc crecía.

La fábrica de odios

Cada palabra de los exsecuestrados era como un dardo lanzado a cada uno de los exguerrilleros. Compungido, Pastor Alape, exjefe del bloque del Magdalena Medio, temido en esta zona del país, se dirigió a las víctimas: “No estoy aquí para que esto sea un acto de show mediático, sino porque estoy convencido de que la paz se construye desde el corazón. Nuestra organización se volvió una fábrica de odios, de dolor; con el dolor que estábamos causando, con la falta de control que teníamos sobre las unidades, se desbordó el tratamiento de una organización que se planteaba la lucha por el humanismo y terminó desarrollando acciones dolorosas de humillación contra ciudadanos”.

Tras un breve receso, a pocos minutos de las doce del mediodía la audiencia reinició con el testimonio del exdiputado del Valle Sigifredo López, quien le recordó a Timochenko y a Pablo Catatumbo el secuestro y posterior muerte en cautiverio de sus compañeros de la Asamblea Departamental: “Se frustró un anhelo de ver crecer a mis hijos. Las víctimas quieren justicia, se requiere que los integrantes del secretariado respondan por estos hechos. Quien comete un hecho contra la ley debe ser juzgado”.

El testimonio hizo llorar a un par de jóvenes mujeres, hijas de los diputados Héctor Fabio Arizmendi y Nancianceno Orozco, asesinados en cautiverio. Las palabras de López hicieron desviar la mirada de los exintegrantes del secretariado de las Farc en varias ocasiones. Pablo Catatumbo, quien planeó y tuvo secuestrados a los diputados, afirmó: “Ya hemos dicho que equivocada e inhumanamente adoptamos una posición de recurrir al secuestro de personas civiles, ligadas a la política o representativas del Estado para forzar un canje por prisioneros nuestros”.

Y agregó: “Le pido perdón a usted y a su familia, Sigifredo, cometimos un grave error con usted y sus compañeros”.
Minutos después, Rodrigo Londoño dijo sentirse arrepentido: “Es muy doloroso escuchar estos testimonios y pienso: ‘que la tierra me trague”, por el dolor que generamos. Sentimos arrepentimiento porque estos hechos no deberían haber ocurrido”.

Hacia la una y media de la tarde, la audiencia se suspendió para que todo el mundo almorzara y, de paso, recuperara los ánimos, que a esas alturas estaban más que debilitados.

El cuerpo del intendente

A las tres de la tarde, los asistentes a la audiencia de reconocimiento se pusieron de pie para testificar la entrada de las cuatro magistrada de la JEP. Cada una llevaba en sus manos libros y cuadernos para anotar los detalles de los dolorosos testimonios.

Frente a los comparecientes de las Farc se puso Yanine Peña Bonilla, quien ha trabajado en los últimos once años por conocer la verdad de lo ocurrido con su hermano, el intendente Luis Hernando Peña Bonilla, secuestrado en la toma de Mitú, Vaupés, el 1 de noviembre de 1998.

Su voz firme se escuchó en el auditorio: “Les exijo me digan la verdad. Sabemos que ustedes lo ajusticiaron y que su cuerpo no ha sido entregado, queremos tener paz y enterrar sus restos. Acaben con el dolor que tiene mi familia”.

Los verdugos de su hermano escribían notas y comentaban en voz baja. Milton de Jesús Toncel, conocido dentro de la organización ilegal como Joaquín Gómez, jefe del Bloque Sur, pidió la palabra, se presentó y miró a los ojos a Yanine.

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Entonces, le confesó que por orden del Estado Mayor se había ordenado la muerte del intendente y que sus restos estaban siendo ubicados por la Unidad de Búsqueda de las Farc en los llanos del Yarí, para entregárselos a la familia.

 

 

Los nueve testimonios de las víctimas, más las intervenciones de los exmiembros del Secretariado de las Farc dejaron a los asistentes tensos y extenuados. A eso de las 6 y 30, las magistradas levantaron la sesión.

Los secuestros con fines económicos

Al día siguiente, miércoles 22 de junio, estaban en lista los llamados secuestros con fines económicos, y los exguerrilleros reconocieron la responsabilidad de utilizar a civiles como mercancía.

Uno a uno fueron desfilando las víctimas a contar su experiencia frente a la atrocidad que significa exigir dinero a cambio de una liberación que en muchas ocasiones nunca llegó.

Con voz entrecortada, y con la ayuda de varias hojas de colores, Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, hizo una reflexión de los actos de lesa humanidad que cometieron contra civiles indefensos: “Al secuestrado se le rompe su privacidad, tuvieron que sortear marchas forzadas, la alimentación no fue ajustada a la salud, su régimen de vida era cooptado, no se tenía ninguna consideración humana”, dijo.

Acabaron con mi familia, pero los perdono

Hacia el final de la tarde, y con el ánimo destrozado, Diva Cristina Díaz habló del caso de su padre. Se llamaba Juan Antonio Díaz Calderón, y a su avanzada edad estuvo secuestrado 16 meses, al término de los cuales fue soltado porque, según le dijeron sus captores, su familia no había demostrado el menor interés en él. “No dimos ni un peso porque todo era manejado por nuestro padre, y esto generó que los integrantes de la guerrilla le hicieran pensar que no teníamos interés en que lo dejaran libre, una mentira que tuvo grandes consecuencias”.

En efecto, tras su libertad, el 24 de diciembre de 1999, las Farc secuestraron a otros dos familiares, cuando ya la unidad familiar estaba rota. Menos de un año después, Díaz Calderón fue asesinado por un sicario. “Ustedes, señores de la guerrilla, acabaron con mi familia. Los perdono, pero estos hechos no deberían haber ocurrido”, enfatizó Diva Cristina.

La muerte de Carranza

Los exguerrilleros sintieron el relato como un golpe en el estómago. Llorando, Pastor Alape aprovechó el momento para reconocer la responsabilidad en el secuestro y desaparición de Ramiro Carranza, hijo del poeta Eduardo Carranza, jefe de extranjería del DAS en el año 2000, por quien exigían una recompensa de 600 millones de pesos y quien fue asesinado en cautiverio.

“Quiero traer un caso que a mí me ha golpeado, que me hizo reflexionar hasta dónde llegamos como organización, es el hijo del poeta Carranza, el hermano de María Mercedes Carranza, es que nos metimos con el arte, con la cultura, por eso es tan duro esto”.

La jornada terminó hacía las siete de la noche, inmediatamente después de que Rodrigo Londoño admitió que no había malos guerrilleros sino malos comandantes. Luego se refirió a los integrantes de las Farc que volvieron a las armas: “Yo sé que en algún lado nos pueden estar escuchando los que se abrieron de este proceso. Si están escuchando estos testimonios, que sean un estímulo para que vuelvan a retomar el camino”.

La guerra por el territorio

La última jornada se llevó a cabo el jueves 23 de junio, y comenzó una hora más tarde de lo normal por una pertinaz lluvia que afectó el tráfico. Era la audiencia relacionada con las víctimas por el control territorial, que se tomó todo el día y fue igual de doloroso.

Los siete hombres de las antiguas Farc, acompañados por un grueso grupo de asesores legales, se sentaron y pidieron la palabra para reconocer una nueva cara del secuestro: la que dejó varios desaparecidos. Los exintegrantes del Secretariado afirmaron que a los secuestrados no solo los torturaron física sino también psicológicamente, y no solo a ellos sino a sus familias.

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“No fue una política de la organización, pero hubo hechos de violencia sexual en ejercicio de control del territorio, algo inaceptable; recurrimos a la desaparición de quienes considerábamos nuestros enemigos para generar temor”, señaló Rodrigo Granda.

 

 

Los exmiembros del Secretariado admitieron que muchos de los secuestrados permanecieron enfermos en cautiverio y no recibieron atención.

“No puedo olvidar los rostros de jóvenes que tuvieron que soportar el dolor de estar alejados de sus familias, ni los de algunos de ellos que permanecen desaparecidos, por lo que pidió perdón. Espero ayudar con la comisión de búsqueda para que se vuelvan a encontrar con sus familias”, señaló alias Mauricio Jaramillo, o el médico.

Al final de las tres extenuantes sesiones, Julieta Lemaitre, magistrada coordinadora de la audiencia, dijo que el país había sido testigo de una jornada de reconciliación y de justicia restaurativa que servirá de marco para una verdadera paz a cientos de familias que vivieron el flagelo del secuestro.

Lo que sigue

Tras la audiencia, los magistrados que estudian el caso 001 tienen tres meses para remitir la resolución de conclusiones al Tribunal para la Paz, que definirá la sanción a imponer a los imputados.

Mientras el periodo se cumple, la Sala evaluará los reconocimientos del antiguo Secretariado, así como las propuestas de sanción propia que presenten los comparecientes y las observaciones de las víctimas a estas propuestas; así como sus propias observaciones en los temas de la Resolución de Conclusiones.

La idea que se busca es que los exintegrantes de las Farc aporten a la verdad, tanto sobre su responsabilidad individual, como sobre lo que conozcan de los hechos y de la configuración de la política criminal.

Deben reconocer la gravedad de las conductas imputadas, las cuales no son amnistiables, y comprometerse con ayudar a que este tipo de hechos no se repita.

Luego, sus casos pasarán a la Sección de Primera Instancia para el Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, que adoptará la sentencia condenatoria e impondrá las sanciones propias a las que haya lugar.

Si no reconocen responsabilidad ni aportan verdad, o lo hacen tarde, y son vencidos en juicio, los imputados serán condenados a las otras sanciones que impone la JEP, y que van de 5 a 20 años de cárcel.