Elecciones 2022: las amenazas al orden público

El pasado 23 de febrero, los conductores que iban de Popayán a Timbío por la vía Panamericana tuvieron que detenerse para contemplar un espectáculo tétrico: sobre la carretera, en medio del sopor, un ataúd abandonado advertía que el mundo, en ese tramo del sector de El Bohío, se había detenido.

Un comunicado público explicaba la escena. “La población solo podrá movilizarse por razones humanitarias relacionadas con actividades funerarias o emergencias hospitalarias. Recomendamos a la población mantenerse en sus viviendas o lugares de trabajo y evitar desplazamientos por razones de seguridad”, decía un manifiesto del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el que ese grupo guerrillero confirmaba el inicio de un paro armado de tres días que causó zozobra no solo por su efecto económico, sino también por la consecuencia que tuvo en la campaña electoral.

Durante ese lapso, al menos 66 municipios en una quincena de departamentos, en especial Norte de Santander, Santander, Chocó, Nariño, Cauca y Cesar, sufrieron acciones violentas del ELN –que dejaron también al menos una decena de heridos– y acusaron su temible presencia al no permitir movilizaciones, concentraciones y concurrencia de candidatos. Así, los habitantes de ese otro país tuvieron que permanecer en sus viviendas mientras el comercio estuvo cerrado al no permitirse el tránsito normal de una población amenazada.

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“Lo ocurrido es un llamado para estar pendientes de lo que puede pasar en una semana. Si el paro armado hubiera sido en la jornada electoral, claramente no se habían podido hacer elecciones o se presentaría muy poca participación”, señala Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE).

“Lo ocurrido es un llamado para estar pendientes de lo que puede pasar en una semana. Si el paro armado hubiera sido en la jornada electoral, claramente no se habían podido hacer elecciones o se presentaría muy poca participación”, señala Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Nublado panorama

La amenaza que se cierne sobre los comicios parlamentarios y presidenciales es evidente para las autoridades. En su última alerta temprana (la número 004 de 2022), el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, revela que en 274 municipios del país existe "riesgo extremo" o "riesgo alto" de vulneración para que los ciudadanos ejerzan su derecho constitucional, principalmente por la incidencia de grupos armados ilegales.

Para el alto funcionario, diferentes seccionales del territorio han identificado que se podrían presentar nuevos paros armados, así como "planes pistola", amenazas y ataques a miembros de la fuerza pública y contra personas intervinientes en las elecciones. Según el documento, los departamentos con riesgo extremo son Cauca (con 16 municipios), Nariño (14), Chocó (nueve), Norte de Santander (ocho), Antioquia (siete), Caquetá (seis) y, finalmente, Tolima y Arauca (con cuatro).

“Del total de municipios contemplados con algún tipo de riesgo, el 32 por ciento corresponde a zonas de Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz (CTEP), en donde este año habrá elecciones de las llamadas ‘curules de paz’. En los 167 municipios de 19 departamentos que hacen parte de estas zonas, 70 fueron identificados como riesgo extremo, 67 riesgo alto, 23 riesgo medio y 7 riesgo bajo”, añade el funcionario.

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“En muchas zonas es improbable que un candidato de cualquier partido pueda hacer campaña y desarrollar proselitismo político sin la autorización o la connivencia e incluso el patrocinio de determinados grupos armados”

La presencia de grupos armados es muy fuerte en regiones estratégicas del país en donde quieren imponer su presencia. “En muchas zonas es improbable que un candidato de cualquier partido pueda hacer campaña y desarrollar proselitismo político sin la autorización o la connivencia e incluso el patrocinio de determinados grupos armados”, advierte, por su parte, Jorge Mantilla, director de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la paz (FIP). Esa fundación ha conocido varios casos de posible injerencia de grupos armados en alguna campaña, pero advierte que ”esa es una tarea que les corresponde a las autoridades investigar, aunque no sería ninguna sorpresa dado el contexto de seguridad en el país y los antecedentes que tenemos en diferentes regiones”, señala Mantilla.

Aumento de riesgos

Otro tema que preocupa a la Misión de Observación Electoral tiene que ver con el aumento en el desplazamiento de los habitantes, debido a las confrontaciones entre los mismos grupos ilegales por el manejo de rutas del narcotráfico, al igual de combates con la fuerza pública en sus tareas de control. Esa entidad ha identificado 650 municipios con algún nivel de riesgo por desplazamiento forzado y 57 en riesgo extremo por desplazamiento masivo.

A ese panorama se unen hechos de violencia contra líderes políticos, que no dan tregua al país: solo entre el 13 de marzo de 2021 y el 13 de enero de 2022 se presentaron 307 víctimas de amenazas, 2 de secuestro, 4 de desaparición, 56 de atentado y 81 de asesinato.

Para Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Investigación Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, hoy se presenta un cambio en relación con los pasados comicios. “La tensa calma que se vivía en el año 2018 –explica– era un escenario de oportunidad para que se hubiera dado en una lógica más pacífica, la cual difiere a la de hoy dada la amplia presencia de grupos armados”.

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“se perdieron cuatro años en los que los grupos armados estarían menos interesados en forma directa o indirecta en meterse en las campañas, porque la dinámica dentro del sentido político en 2018 no era afectar o no una curul, sino ocupar territorios que estaban dejando las Farc”.

Según el investigador, “se perdieron cuatro años en los que los grupos armados estarían menos interesados en forma directa o indirecta en meterse en las campañas, porque la dinámica dentro del sentido político en 2018 no era afectar o no una curul, sino ocupar territorios que estaban dejando las Farc”.

Esa opinión es compartida por Jorge Mantilla, de la FIP, al señalar que en los últimos cuatro años la seguridad se deterioró hasta el punto de que existen diferentes regiones y subregiones del país en donde son los grupos armados los que ejercen labores de gobernabilidad que van desde los servicios de seguridad y justicia, hasta definir órdenes y normas sociales como imponer toques de queda e incluso generar una dinámica de economía informal. “Incluso –agrega– son muchas veces los grandes empleadores en algunas zonas del territorio”.

¿Habrá tranquilidad?

Conscientes de esa perspectiva, las autoridades han reaccionado con previsión. La fuerza pública, por ejemplo, ha aumentado el número de hombres en varias regiones con el propósito de lograr el máximo despliegue y generar las condiciones de seguridad para el normal desarrollo de los procesos electorales.

“El Gobierno nacional priorizó 55 municipios en donde existe alguna información de riesgo en materia de orden público en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca”, señala un vocero del Comando General de las Fuerzas Militares.

Esa tarea será realizada por los más de 243.000 uniformados destinados para operaciones contra grupos al margen de la ley, con el apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Aún así, la incertidumbre rondará esta semana crucial antes de las elecciones. Pues mientras las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo amenazan a líderes sociales y desmovilizados y tienen a las comunidades atemorizadas, la guerrilla del ELN anunció un ‘cese al fuego’ entre el 10 y el 15 de marzo, para “facilitar la jornada electoral y la asistencia a las urnas de quienes quieran votar”.

“Es un gesto con Colombia, en el que reafirmamos nuestra apuesta por la solución política y las transformaciones”, comunicó la guerrilla. Eso sí, advierte: “Es nuestra voluntad autónoma el cese anunciado, pero nos reservamos el derecho a la defensa si son atacadas nuestras unidades o se trata de sacar provecho del cese”.