En Las Pavas sí hubo desplazamiento forzado, confirma la justicia

Por Isabel Caballero Samper

"La sentencia de primera instancia era problemática porque avalaba el paramilitarismo," explica el abogado representante de las víctimas de la hacienda Las Pavas, mientras celebra la decisión de segunda instancia que condena a Gustavo Sierra Mayo y a Mario Mármol Montero por los delitos de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado.

El abogado se refiere a una sentencia de 2018 que absuelve a Sierra y Mármol argumentando que recurrir a grupos paramilitares para ejercer la justicia por mano propia no constituye los delitos de desplazamiento forzado ni de concierto para delinquir. Es decir, reconoce los hechos pero concluye que ahí no hay delito. Otras decisiones judiciales anteriores sobre este mismo caso ni siquiera reconocían los hechos, como cuando la Fiscalía en 2011, entonces al mando de Viviane Morales, precluyó la investigación con el argumento de que era una farsa montada por un grupo de personas que buscaba lucrarse con la restitución porque, según una fiscal de Cartagena, en esa zona del sur de Bolívar no hubo paramilitares.

El caso de Las Pavas, una finca de 3.000 hectáreas en el sur del departamento de Bolívar, es uno de los más significativos en la disputa por la tierra en Colombia, ya que junta todos los elementos claves de nuestra historia: el Cartel de Medellín, Carlos Castaño, paramilitares, campesinos sin tierra, familias de abolengo, palma de aceite, desplazamientos, homicidios y laberintos de decisiones jurídicas y administrativas.

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El caso de Las Pavas junta todos los elementos claves de nuestra historia: el Cartel de Medellín, Carlos Castaño, paramilitares, campesinos sin tierra, familias de abolengo, palma de aceite, desplazamientos, homicidios y laberintos de decisiones jurídicas y administrativas.

La historia comienza en 1983, en el municipio El Peñón, allí  donde el río Magdalena se escapa de las últimas estribaciones de los Andes para comenzar su camino por las sabanas del Caribe. Entonces, Jesús Emilio Escobar Fernández, hermano de un miembro del Cartel de Medellín, les compró a varios campesinos de la región las tierras de Las Pavas para crear una próspera hacienda con miles de cabezas de ganado. Cinco años más tarde, Carlos Castaño, según dejó constancia en su libro Mi confesión, asesinó a Gustavo Escobar Fernández, el hermano de Jesús Emilio, quien por esa época salió del país, primero a Chile y, años después, a Costa Rica. Pero Escobar Fernández dice que nunca abandonó la finca y que esta solo dejó de producir después de una incursión guerrillera entre 1996 y 1997, cuando le robaron el ganado y la maquinaria.

En la década siguiente, la antes esplendorosa hacienda ganadera fue decayendo paulatinamente y, en 1997, un grupo de campesinos del corregimiento vecino comenzó a cultivar las tierras y creó la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, (así se llama el corregimiento). Desde 1998, paramilitares del Bloque Central Bolívar se asentaron en una vereda cercana y buscaron amedrentar a los campesinos mediante homicidios selectivos y otras formas de terror, hasta que en 2003 definitivamente les dijeron que o desalojaban las tierras o los lanzaban al río.  

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Paramilitares del Bloque Central Bolívar en 2003 definitivamente les dijeron que o desalojaban las tierras o los lanzaban al río.  

Sobre estos hechos es que versan la sentencia de ayer del Tribunal Superior de Cartagena y la de primera instancia del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cartagena.

La primera instancia dice que lo que sucedió en ese momento no fue desplazamiento forzado porque aunque sí es cierto que los campesinos fueron expulsados por un grupo armado ilegal, no eran los dueños ni ocupantes legítimos de las tierras. La jueza afirma que si se consideraran estos hechos como desplazamiento forzado, cualquier desalojo legal de ocupantes ilegítimos de un predio podría calificarse como desplazamiento forzado por tanto lo que pasó apenas sería uso ilegítimo de la fuerza o aplicación de justicia por cuenta propia.  

Esta es una forma de avalar el paramilitarismo, de acuerdo con Juan Felipe García, abogado de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana, que representa a los campesinos. Y lo es, según él, porque aun cuando, como dice esa primera sentencia, Escobar Fernández era el dueño legal de las tierras, el hecho de que buscara a los paramilitares y no a la fuerza pública para pedir el desalojo legal, hace de esta expulsión un desplazamiento forzado. García afirma que la razón por la que el dueño de la finca no acudió a las autoridades, es porque sabía que no podía sustentar que no hubiera abandonado la finca y, por ello, la presencia de las familias campesinas era legítima.

La sentencia de segunda instancia sostiene que tanto el Bloque Central Bolívar como el Bloque Norte, ambos parte de las AUC, tenían presencia en la zona con fines de dominio y les interesaba favorecer a las empresas palmeras que querían adquirir la finca Las Pavas. Jesús Emilio Escobar Fernández envió entonces a Gustavo Sierra Mayo, uno de los condenados de esta sentencia, a hablar con los paramilitares para recuperar las tierras y, así, poder venderlas. 

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La sentencia de segunda instancia sostiene que tanto al Bloque Central Bolívar como al Bloque Norte, ambos parte de las AUC, tenían presencia en la zona con fines de dominio y les interesaba favorecer a las empresas palmeras que querían adquirir la finca  Las Pavas.

Entonces los paramilitares citaron a los campesinos a una reunión en la que les informaron que debían salir de la finca. En esa reunión estaban tanto Gustavo Sierra Mayo como Mario Mármol Montero, el otro condenado en la decisión de ayer, quien era un informante de los paramilitares y les ayudaba a ejercer el control. Después de esa reunión, al menos salieron desplazadas 34 personas. Pero la sentencia dice que pudieron ser muchos más.

El Bloque Central Bolívar se desmovilizó el 31 de enero de 2006. Las familias intentaron retornar a la finca y buscar que el entonces Incoder les titulara las tierras. Pero unos meses después regresó Jesús Emilio Escobar Fernández con un grupo de hombres armados y los hizo volver a salir. 

Al año siguiente, Escobar Fernández le vendió la finca a una compañía palmicultora de la que hace parte Dabon, la empresa de la familia Dávila Abondano, una de las beneficiarias de los subsidios de Agro Ingreso Seguro, por los que está preso y condenado el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Desde entonces comenzaron los ires y venires administrativo-jurídicos, acompañados por actos de violencia contra los campesinos, como la quema de sus ranchos y la destrucción de sus cultivos. 

Ahora la gente siente temor de lo que pueda suceder. "Siempre que tenemos una victoria jurídica, hay represalias de seguridad en la zona'', advierte Juan Felipe García, abogado de las víctimas.