La frontera colombo-venezolana: el reto de recuperar la seguridad

Por: Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación.

Los gobiernos de Colombia y Venezuela han vuelto al cauce de la diplomacia y la construcción conjunta. Se han apartado así de la mutua hostilidad y del rompimiento de relaciones, y han adoptado el diálogo para afrontar los temas que conciernen a los dos países. Ante el enorme desastre vivido en los últimos siete años, que se profundizó en el gobierno del presidente Iván Duque con la nefasta política del “cerco diplomático”, el cual nada bueno les trajo a Colombia y a Venezuela, esa es una buena noticia.

Somos vecinos y hermanos, esa ha sido la historia desde siempre, y los impasses de los últimos años reafirman que, solo asumiendo los retos de manera conjunta y coordinada, bajo el liderazgo de los gobiernos, podemos afrontar los retos que implica llevar de manera coordinada los asuntos que nos impone una vecindad de más de 2.000 kilómetros, donde el tema de seguridad siempre ha estado entre los asuntos más álgidos. Y en el presente, lo sigue estando.

El conflicto armado colombiano se fue a Venezuela desde finales de los años setenta y principios de los ochenta. Las guerrillas, principalmente las Farc y el ELN, echaron raíces en territorio Venezolano. En medio de estas dinámicas del conflicto, las guerrillas fueron ganando presencia en ese territorio, y el Estado venezolano, al igual que el Estado colombiano, no tuvieron la capacidad de ejercer soberanía. Así, las guerrillas crecieron y se apropiaron del control de la vida social, como lo han hecho en Colombia.

Desde los años ochenta ha existido una coordinación entre los ejércitos y las instituciones de seguridad de los dos países. Ha sido tal la coordinación, que en algunos momentos se permitió la persecución “en caliente”, que significaba la posibilidad, previa comunicación entre los gobiernos, de traspasar las fronteras para seguir a las guerrillas en cualquiera de los dos países. Esas son palabras mayores para ejércitos que tienen la tarea de proteger la integridad territorial y que son celosos, con razón, de cualquier tercero armado que entre más allá de la frontera.

Han pasado las décadas y los problemas y temas de seguridad han persistido: guerrillas que crecieron y se expandieron en territorio venezolano; los corredores de narcotráfico, y las acciones hostiles de mercenarios colombianos en Venezuela, hasta llegar a hablarse de una posible confrontación militar entre las dos naciones, algo que es delirante, pero que ha estado presente en el debate público de ambos países. Ese es el cuadro complejo de los temas de seguridad en la zona fronteriza. Ahora, este debe ser tratado por los dos gobiernos en este nuevo momento de diálogo diplomático y disposición para realizar una acción conjunta.

En toda la frontera hay dinámicas de violencias organizadas que afectan los derechos de la ciudadanía, de las comunidades y de las organizaciones. Esa situación es dramática en Arauca, Cúcuta y su Área Metropolitana, en el Catatumbo y, con menos intensidad, en el Perijá y en la alta Guajira. Y, del lado venezolano, la situación es crítica en los estados de Apure y del Táchira y, con menor fuerza, en el estado de Zulia. En general, la seguridad se ha deteriorado a un lado y otro de la frontera, y en ello ha incidido el cierre de fronteras y la inexistencia de relaciones diplomáticas y de acciones conjuntas y coordinadas entre ambos países.

Todos los reportes de los organismos de derechos humanos, el trabajo periodístico y las voces de los líderes políticos y sociales de ambos países coinciden en que se ha incrementado el control de las estructuras ilegales sobre la frontera. Se dice que existen 22 estructuras organizadas que ejercen algún tipo de control, y hacen uso de la fuerza y de la imposición. El grupo que tiene mayor presencia es el ELN. Igualmente hay diversas estructuras de las Farc, bien sean de la segunda Marquetalia o de las articuladas con Gentil Duarte e Iván Mordisco. Y también se mueven allí los herederos del viejo paramilitarismo: el Clan del Golfo y los Rastrojos. Y del lado venezolano la estructura más mencionada es el Tren de Aragua, que más que una organización pareciera ser una franquicia. Su sola presencia, supuesta o real, infunde miedo y de esa organización se habla incluso en Bogotá.

En los últimos años se ha intensificado la acción de las estructuras armadas de lado y lado. En algunas ocasiones, esta intensificación ha tenido dinámicas binacionales, como en el caso de la enorme operación militar llevada a cabo por el ejército venezolano entre marzo y abril del año pasado contra estructuras de las Farc, en la que, por cierto, a este no le fue muy bien: las operaciones causaron un éxodo de población desde el estado de Apure hacia el departamento de Arauca, y cerca de 5.000 personas fueron atendidas en albergues humanitarios en los municipios de Arauquita y Saravena, principalmente.

Del lado colombiano, se ha intensificado la presencia del ELN en el Catatumbo. Allí, esta guerrilla se ha consolidado territorialmente y se ha expandido hacia el Área Metropolitana de Cúcuta, donde ha librado una dura disputa con los Rastrojos. Otras organizaciones han desarrollado operaciones de impacto, como la del carrobomba contra la sede de la brigada militar en Cúcuta y el ataque al helicóptero presidencial. Ambas acciones ocurrieron en 2021. Siempre se tejió la hipótesis de que en ellas había habido algún nivel de planeación desde territorio venezolano. Eso muestra la importancia de que los dos gobiernos trabajen de manera coordinada.

Ahora tenemos un nuevo momento de la relación binacional, así como el desafío conjunto de asumir el delicado tema de seguridad en la frontera. Ya que los problemas no son menores, ello va a implicar que haya diagnósticos compartidos y acciones consistentes que tengan permanencia en el tiempo.

El diálogo sostenido hace pocos días por los ministros de Defensa, Iván Velásquez y Vladimir Padrino, muestra que solo un trabajo coordinado puede dar resultados. A ello hay que sumarle la ratificación, por parte del presidente Gustavo Petro, del papel de garante de Venezuela en el proceso de paz con el ELN.

Siete años del fortalecimiento de las estructuras armadas ilegales en la frontera no se van a revertir de un día para otro. Pero para mejorar la seguridad y el goce de los derechos en esta importante franja binacional, hay que mostrar que, nuevamente, hay trabajo y políticas compartidas entre ambos países.