La guerra en Arauca que está lejos de terminar
26 Diciembre 2022

La guerra en Arauca que está lejos de terminar

Desde el 2 de enero de 2022, cuando fueron asesinadas 22 personas, la violencia este año no dio tregua.

Crédito: Foto Colprensa.

En 2022 Arauca llegó a una situación crítica. Cercado por toda clase de violencias, el departamento pone todas sus esperanzas en los resultados de la tan anunciada Paz Total.

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Por Luis Eduardo Celis

El 2 de enero de 2022 fueron asesinadas 22 personas en Arauca, en una acción planeada y coordinada por el ELN contra reales o supuestos miembros de las estructuras de las disidencias de las Farc. Se abrió así un nuevo ciclo de las duras violencias que han azotado ese territorio desde 1980, cuando ELN y Farc se instalaron en él.

Hace unos días, el movimiento Defendamos la Paz (DLP) le reiteró de manera pública al presidente Gustavo Petro que Arauca vive una situación crítica de violencia que pondrá al departamento en el primer lugar en cuanto a número de homicidios se refiere. La comunicación de DLP hizo referencia a que pueden ser entre 360 y 600 los homicidios. Como no hay un registro fiable, no es una cifra rigurosa. Sin embargo, todos los días hemos sabido de rondas de crímenes en Saravena, Tame, Fortul y Arauquita, principalmente, aunque también se han presentado muertes en Arauca capital, Cravo Norte y Puerto Rondón, es decir, en los siete municipios del departamento.

Entre los homicidios los combates abiertos, las comunidades araucanas han sufrido desplazamientos, confinamientos y alteración del funcionamiento de las escuelas. No son pocos los ataques a la misión médica con amenazas y zozobra constantes. Así, para defender la vida, docenas de presidentes de juntas de acción comunal han salido del territorio.

La madrugada del 2 de enero en la que hubo esas 22 muertes quedará grabada con sangre en la memoria de la población araucana. Después ha continuado esa violencia que no para.

Este es un rápido recuento de los hechos de violencia más visibles: el ataque con un carro-bomba contra el edificio de las organizaciones sociales en Saravena, que mató a un vigilante, destruyó varias viviendas y dejó en mal estado a ese emblemático edificio que alberga a importantes organizaciones del mundo social del Sarare; asesinatos que se producen semana a semana, entre ellos el del diputado Carlos Hernández del Partido Liberal; la amenaza, hace pocas semanas, de Antonio Medina, de las disidencias de las Farc, quien anunció la muerte de 300 líderes sociales ya identificados, amenaza de la que se retractó después; las bombas contra la Cámara de Comercio del Sarare, la Empresa de Acueducto y Aseo, ECAAS, y varios establecimientos comerciales en Saravena, municipio que, junto a Tame, ha sufrido la violencia más intensa.

En el trasfondo de esta disputa entre ELN y disidentes de las Farc está la incapacidad del Estado colombiano para tener un control efectivo del territorio, en el cual mandan más los irregulares, que han convivido controlando la población y que se han enfrentado cuando sus intereses no han coincidido. Así ocurrió en 2005, cuando el ELN tomó la decisión de cero coca en Arauca y promovió la consigna de erradicación de esta economía, que entre 1995 y 2005 llegó a tener 12.000 hectáreas, principalmente en los municipios de Tame y Arauquita y, en menor medida, en Fortul y Saravena.

Esta decisión del ELN lo llevó a una confrontación abierta con las Farc, que produjo entre mil y tres mil homicidios en los años 2005-2010 (no hay una cifra certera). Esa violencia, como la de ahora, la sufrió de manera principal la población civil.

En 2016 se dio el acuerdo de paz con las Farc. La inmensa mayoría de los combatientes de esa organización entraron al acuerdo. Pero una pequeña fracción se apartó del mismo, y se quedó silenciosamente en el territorio, lo cual fue tolerado por el ELN. Y esa pequeña estructura estableció una fuerte alianza con el narcotráfico, creció con nuevos reclutas tanto colombianos como venezolanos, se fortaleció en Arauca y en el Estado de Apure, en Venezuela, amplió su presencia territorial, secuestró de manera significativa y generalizó la extorsión sobre las comunidades. Y fue tal su descaro con el narcotráfico y su acción criminal, que el mismo ELN se sintió amenazado y decidió abrir nuevamente un ciclo de confrontación armada que persiste hasta hoy.

Arauca vive varias crisis simultáneas: la crisis de la violencia; la crisis de una economía que desde hace diez años no cuenta con los volúmenes de regalías con los que contó desde mediados de los años ochenta del siglo pasado hasta la primera década de este siglo; y la crisis de una gobernabilidad precaria, afectada por la inestabilidad que significa tener a sus dos últimos gobernadores en la cárcel y a una gobernadora encargada que se anuncia va a ser destituida. Tantas crisis llevan a una situación muy difícil para las comunidades que tienen muchas necesidades y no ven salida.

Las comisiones de paz y derechos humanos han sesionado en Arauca, han escuchado este clamor por la vida, e igualmente el alto comisionado de paz se ha reunido con las organizaciones sociales y cívicas, y las ha escuchado plantear la urgencia de que esta violencia pare. La iglesia ha hecho pronunciamientos y hay un monitoreo de la situación desde organismos de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo y la oficina de derechos humanos de la ONU, que, sin duda, tienen los ojos puestos en ese departamento.

En Arauca la situación es tremendamente delicada y no es un reto menor para la política de paz total. Vamos a ver qué acciones nuevas emprende allá el gobierno del presidente Gustavo Petro, además de llamar a los ilegales a respetar la vida; de tener los contactos que ya tiene con las disidencias de las Farc; y de tener contactos directos con ELN en medio de una mesa que ya funciona.

Las comunidades araucanas recordarán el año 2022 como el de un nuevo ciclo de violencia de los muchas que han vivido y de los que aspiran a salir de manera definitiva. A ello se ha comprometido el gobierno del presidente Gustavo Petro.

 

Luis Eduardo Celis, Asesor de la Fundación Paz y Reconciliación.

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