19 Mayo 2022

Minas antipersonal hasta en los árboles: el calvario está lejos de terminar

Crédito: sergio Acero-Colprensa

Colombia es el país que reporta más víctimas militares por minas antipersonal en el mundo. Luego de la firma del Acuerdo de Paz, las cifras no han disminuido. El año pasado fue el peor en cinco años y solo en 2022 han resultado afectadas 56 personas, 27 de ellas, militares.

Por: Javier Patiño C.

A las siete de la mañana del 17 de mayo, el equipo especial de desminadores humanitarios del Ejército se dispuso a emprender una nueva jornada. Uno por uno subieron al camión NPR, que los trasladaría a la vereda Costa Rica, en zona rural de Vista Hermosa, Meta.

El cielo sin nubes presagiaba un buen día para descontaminar de minas el amplio sector que ya habían delimitado con cuerdas rojas y estacas. Allí, se dispondrían a desactivar los explosivos instalados por las Farc hace más de dos décadas, acondicionados con sensores de metales, palas y protectores para el cuerpo como únicas armas de combate.

El camino se veía despejado. Algunos tomaban una última siesta antes de comenzar sus labores. De pronto, justo antes de entrar en la zona delimitada, una carga explosiva, instalada por disidentes de las Farc, estalló al paso del automotor. La onda expansiva causó heridas de consideración a 12 de los uniformados. 

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Desminadores heridos trasladados a Villavicencio.

Un triste liderazgo

Colombia, después de Afganistán, es el país que más víctimas reporta por minas antipersonal; y ocupa el primer lugar, si solo se cuentan las víctimas de la fuerza pública. Además, es el único país del continente en el que los grupos al margen de la ley las siguen utilizando como arma, a pesar de que son prohibidas desde 1992 por la Convención de Ottawa. 

Entre los primeros días de enero y la segunda quincena de mayo, 56 personas han resultado afectadas por estos explosivos, incluidos cuatro mujeres y dos menores de edad.  Entre los afectados, 27 son militares, dos de los cuales terminaron muertos.

Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entre los primeros días de enero y la segunda quincena de mayo, 56 personas han resultado afectadas por estos explosivos, incluidos cuatro mujeres y dos menores de edad.  Entre los afectados, 27 son militares, dos de los cuales terminaron muertos.

En 2021, de acuerdo con cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), se registraron 486 víctimas de artefactos explosivos (53 de ellas, civiles), el número más alto en los últimos cinco años. Los ataques ocurrieron en 14 departamentos. Los más afectados fueron Norte de Santander, Cauca, Chocó, Antioquia y Arauca, zonas donde se concentraron el 78 por ciento de las víctimas.

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Colprensa.

 “Nos preocupa la tendencia al alza que observamos en el número de víctimas y la profundización de distintos fenómenos que en los primeros meses de este año han contribuido a agravar la situación humanitaria en Colombia. En 2022 el panorama podría ser aún más complejo de lo que fue el año pasado”, señaló Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del CICR.

Daños permanentes

Uno de los puntos del Acuerdo de Paz contemplaba el desminado de las zonas donde las Farc habían instalado este tipo de cargas explosivas. Pero el rearme de muchos de sus exintegrantes ha impedido que el objetivo se complete. Lo peor es que otros grupos delincuenciales como el Clan del Golfo y el ELN han instalando las suyas propias, para proteger los cultivos ilícitos.

 “La estrategia es instalar cargas en las raíces de las matas de coca que, al momento de ser extraídas, activan los explosivos, que causan graves daños y hasta la muerte de los uniformados”, dice Álvaro Montes, analista militar.

Las minas no solo provocan daños físicos, como la amputación de miembros superiores o inferiores, discapacidad auditiva o daños en la piel por las esquirlas; también tienen un impacto psicológico en las víctimas y en su entorno familiar.

 

En opinión del médico Carlos Sarria, las minas no solo provocan daños físicos como la amputación de miembros superiores o inferiores, discapacidad auditiva o daños en la piel por las esquirlas; también tienen un impacto psicológico en las víctimas y en su entorno familiar.

“Los pacientes, además de enfrentarse a dolorosos cambios en su cuerpo, tienen que vérselas, en muchos casos, con la estigmatización social por la condición en la que terminan”.

El problema del desminado

Las acciones de los grupos al margen de la ley también han afectado el trabajo de desminado en el país. Un desminador que, por seguridad, pidió reserva de su nombre, admitió: “Hay zonas donde el Gobierno no ejerce presencia, no hay fuerza pública. Allá la delincuencia ejerce el poder, nos quitan nuestros elementos y, en algunos casos, nos retienen para que no trabajemos en las zonas”.

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Sus colegas y él –agrega– tienen miedo, no solo por el riesgo de desminar en zonas donde se ve la presencia de grupos ilegales, sino por la falta de coordinación de de los organismos del Estado para ofrecer garantías, lo cual los ha llevado a salir de ahí. “En zonas del Bajo Cauca, Nariño, Cauca y Catatumbo es un trabajo perdido planificar la zonas de descontaminación. Si no hay un diálogo con los cabecillas de los grupos armados para poder ingresar, no solo estamos expuestos a caer en un campo minado sino también a las represalias de ellos”.

El costo de desminar

Para el comandante general de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, los grupos ilegales se han visto afectados por las acciones de la fuerza pública y, en consecuencia, han recurrido a artefactos improvisados para detener a las autoridades.

“La instalación de campos minados por parte del ELN, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo son la respuesta a los avances de tecnología e inteligencia que han ocasionado la caída de varios de sus cabecillas. Ahora utilizan a un explosivista, acompañado por una o dos personas, para instalar las cargas y afectar a las tropas”. El general añade que, incluso, por inexperiencia o malos cálculos, muchos de los delincuentes han muerto por la activación de la mina antes de tiempo.

Para el alto oficial, la utilización de estos mecanismos ha llevado a las tropas del Ejército a reforzar los esquemas de seguridad y a realizar desplazamientos con mayor cuidado. 

Estas dificultades han retrasado la misión de limpiar de minas el territorio nacional, tal como lo ordenó el Acuerdo de Paz. Si bien el 78 por ciento del país está libre de minas antipersonal, en el restante 22 por ciento aún queda mucho trabajo por hacer. En la actualidad, dos batallones militares (uno del Ejército y uno de la Armada), y cinco organizaciones civiles desminan en 116 municipios de La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Santander, Caldas, Tolima, Meta, Vichada, Vaupés y Huila. Sin embargo, en otros 131 municipios de Chocó, Arauca, Antioquia, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Guaviare y Norte de Santander ha sido imposible ingresar por la presencia de grupos armados.

Aún así, desde 2016 han sido destruidos 4.583 artefactos explosivos de este tipo, instalados, en algunos casos, cerca de escuelas. El precio que se paga por desminar es alto: 350 millones de dólares a la fecha. Y es que, mientras el costo de instalar una mina es de 2 dólares, el costo de despejar un metro cuadrado minado es de 45 dólares.