Ya no hay confinamiento por covid-19, pero sí por minas antipersona
Crédito: Ilustración: Yamith Mariño Díaz
La Cruz Roja lanzó una alerta por cientos de miles de colombianos que no se pueden movilizar por cuenta de estos explosivos.
El Comité Internacional de la Cruz Roja denunció que varias comunidades en el país viven con el temor de ser víctimas de artefactos explosivos o ser afectadas por las confrontaciones que se presentan entre grupos ilegales.
Para profundizar
Uno de los puntos importantes del Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 contemplaba el desminado de las zonas de injerencia de las extintas Farc. Pero el rearme de algunas de sus estructuras ha impedido lograr la tarea.
Para el organismo internacional, en los últimos seis años se ha presentado una reconfiguración del conflicto armado, que ha llevado a disputas territoriales, principalmente por el control de los cultivos ilícitos entre distintos actores armados.
Las confrontaciones han llevado a que en estas zonas se presente la instalación de minas antipersona y artefactos de detonación controlada. "Entre enero de 2018 y agosto de 2022, el CICR ha registrado 1.938 víctimas de artefactos explosivos, correspondiendo la mayoría de ellas a civiles”.
En opinión de la Cruz Roja, la presencia de los grupos ilegales ha derivado en el confinamiento, desplazamiento y graves afectaciones psicológicas en cientos de familias que viven con temor en estas zonas del país.
Según la Unidad Para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas, el número de personas confinadas por los conflictos armados en Colombia entre enero de 2018 hasta junio de 2002 es de 137.500 ciudadanos.
“Los departamentos más afectados son Chocó con más del 70 por ciento de las personas confinadas en el país, seguido por Antioquia, Nariño; Arauca, Risaralda, Putumayo, Valle del Cauca Norte de Santander y Cauca.”, enfatizó el informe.
Para el CICR, este fenómeno tiene como consecuencia que comunidades enteras experimenten temor, ansiedad e impotencia, pues han perdido sus medios de subsistencia y el acceso a servicios médicos y educativos al no poder transitar libremente por su territorio por la amenaza constante y silenciosa que representan los artefactos explosivos.
“Las personas se han visto en la obligación de dejar de trabajar la tierra y vivir con hambre, no poder acceder a fuentes de agua, alejarse de familiares y amigos por temor a salir, dejar de lado sus prácticas ancestrales y vivir con un miedo constante a morir”, denunció el organismo internacional.
Tareas del Gobierno
Desde el año 2020, como parte del Acuerdo de Paz, el Gobierno nacional puso en marcha el plan estratégico “Hacía una Colombia libre de sospecha de minas antipersona”, en el que se han logrado avances en varias regiones del país.
Para profundizar
“En la actualidad hay 484 municipios que están libres de sospecha de presencia de minas, 99 están siendo intervenidos en los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Cauca, Meta, Putumayo, Valle del Cauca, Tolima, La Guajira y Bolívar”, afirmó un directivo de Descontamina Colombia.
La tarea –agregó– cuenta con un trabajo diario de las organizaciones de desminado civiles y militares que realizan procesos de concertación, especialmente en resguardos indígenas, para facilitar la entrada de los operarios a muchas áreas en las que se les ha prohibido su ingreso.
Las labores no se han podido realizar en 129 municipios por condiciones de seguridad en los departamentos de Arauca, Cauca, Nariño y Norte de Santander, por cuenta de la presencia de grupos ilegales, que en muchas ocasiones han vuelto a instalar minas antipersona.
“La reinstalación nuevamente de artefactos explosivos afecta el proceso de desminado en el país y genera desgaste de tiempo, recursos y falsas expectativas en las comunidades”, recalcó el funcionario.
Según datos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en lo transcurrido de 2022, 89 personas han resultado afectadas por artefactos explosivos, 46 de ellas civiles y 43 militares.
Los ataques han ocurrido en 15 departamentos del país. Los más afectados fueron Antioquia, Norte de Santander, Chocó, Cauca y Arauca, zonas que concentran el 70 por ciento de las víctimas.
