Al que no quiere gas se le dan dos pozos

Las reservas de gas natural de Colombia alcanzan para unos siete años más de consumo, pero eso podría cambiar, gracias al hallazgo de la que sería la provincia más grande de gas natural en la historia de Colombia. 

Una provincia es algo así como un barrio de yacimientos. Según Ecopetrol, Uchuva-1 y Gorgon-2, los nuevos hallazgos de gas en el Caribe colombiano, confirman la existencia de una provincia gasífera en el sur del Mar Caribe, de la que también hacen parte Kronos (descubierto en 2015) y Purple Angel (descubierto en 2017).

Paradójicamente, el hallazgo se hizo público justo en el primer mes de gobierno de Gustavo Petro, quien fundamentó parte de su campaña para la Presidencia de la República en la promesa de suspender las actividades extractivas por su impacto en el medio ambiente.

Durante la campaña, Petro moderó el discurso y anuncio que respetaría los derechos adquiridos de los contratos ya firmados de exploración y explotación de hidrocarburos. Sin embargo, advirtió que no firmaría nuevos contratos. 

Sin expectativas de yacimientos a la vista, la alternativa que ha  comenzado a discutirse es la importación, bien sea a través del famoso buque regasificador del Pacífico, o –como lo planteó la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez– transportándolo desde Venezuela, a precios no tan favorables.

El efecto de la Tributaria

Hoy, las empresas extractivas pueden deducir del pago del impuesto sobre la renta lo que ya le han entregado al gobierno por regalías, recursos que se destinan a proyectos de desarrollo de la región. Además, el sector tiene una fórmula especial para descontar de su impuesto sobre la renta durante varios años el costo de la maquinaria que compren para sus actividades o para mejorar sus procesos productivos. 

Ambas condiciones cambiarían con la reforma tributaria que hoy circula por el Congreso. Las regalías ya no se podrían deducir del impuesto a la renta y la fórmula para amortizar las inversiones en maquinaria sería más parecida a la de otros sectores. 

La reforma de Ocampo también contempla un impuesto adicional a las exportaciones de petróleo sobre ingresos extraordinarios. Se trata de un impuesto de 10 por ciento sobre los dólares adicionales que se reciban por cada barril de petróleo que se venda a más de 48 dólares. 

Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes, advierte que la reforma tributaria desincentiva la inversión en un momento en que, quizás, el país más lo necesita. "Si a esto se suma la intención de no dar licencias nuevas de exploración, el desincentivo para las inversiones y para los nuevos jugadores internacionales sería total".

El costo social de no producir gas

Antes de que fuera elegido el nuevo gobierno –y de que este anunciara la reforma tributaria y la estrategia de acelerar la transición energética– la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) había calculado que en 2022 el país recibiera inversiones por 4.400 millones de dólares para exploración y explotación de petróleo y gas. 

De esa inversión, se esperaba que 1.200 millones de dólares se invirtieran en gas natural, 591 millones de dólares en la exploración de nuevos pozos. Entre las cuentas del sector también estaba que 200 millones  de ese gran total de los 1.200 millones se gastaran este año en la perforación de los pozos exploratorios Uchuva-1 y Gorgon-2, que le dieron la bienvenida a Petro y confirmaron el descubrimiento de una provincia gasífera más grande que la de Casanare, que ha abastecido al país desde hace más de 30 años.

Pero, tras las condiciones que pondría la reforma tributaria y la intención manifiesta del gobierno de desincentivar la explotación de combustibles tradicionales, es probable que los números cambien. 

Para los expertos, está claro que es preferible producir en Colombia el gas que tocaría importar si se prohíbe la explotación. Al fin y al cabo, satisfacer la demanda de gas (comprándolo o produciéndolo) tendría el mismo efecto para el medio ambiente: emisiones de dióxido de carbono de entre 30 por ciento y 50 por ciento menores a las generadas por combustibles líquidos, carbón o leña. Pero importar el gas tendría un costo imperdonable. Según las cuentas de Naturgas, multiplicaría las facturas de los hogares hasta por cinco veces.  

Es decir, una factura de 30.000 pesos mensuales para una familia de estrato uno o dos pasaría, por lo menos, a 150.000 pesos, lo que obligaría al gobierno a subir el subsidio, o a las familias a volver al carbón, la leña u otra opción más contaminante y menos segura.

Según los cálculos del Ministerio de Minas y Energía, el país cuenta con 10,7 millones de hogares conectados a la red de distribución de gas natural. Eso, en las cuentas de Naturgas, equivale a 36 millones de colombianos, de los cuales 22 millones están en estratos uno o dos.

Gas para guardar

El mundo académico ha catalogado al gas natural como el combustible de la transición energética por su confiabilidad, la menor emisión de carbono y la relativa facilidad de extracción. Sin embargo, al presidente de Colombia le parece que no es lo suficientemente limpio.

Aunque los contratos de exploración de Gorgon-2 (por Ecopetrol y Shell) y de Ecopetrol y Petrobras en Uchuva-1 (por Ecopetrol y Petrobras) entrarían en la lista de derechos adquiridos respetados, la duda es si el gobierno seguirá impulsando el resto del proceso para que a finales de la década, cuando habría que comprar más gas en el mercado internacional, el país tenga aseguradas sus propias reservas. 

Tomás González, exministro de Minas y Energía y ahora director del Centro Regional de Estudios Energéticos (CREE), dice al respecto: “Cuando se revisa lo que tiene que hacer el país para cumplir sus metas de transición energética a mínimo costo –que son los cálculos que nosotros hemos hecho–, lo que se ve es que va a necesitar mucho más gas, va a necesitar más o menos el doble del gas para 2040, porque es el energético fósil que tiene menores emisiones por unidad de energía, pero las reservas de gas no nos están dando la certeza que quisiéramos para ese momento”. 

El nuevo hallazgo –que se encuentra entre las aguas de Santa Marta y La Guajira–, aplazaría la necesidad de importar al menos por una década, pero requiere de tecnología, y por ende, de inversión, por ejemplo, para construir un gasoducto que lleve el combustible desde el pozo hasta tierra firme.

“Si queremos satisfacer la mayor demanda de gas por la transición energética y lo queremos hacer con gas nacional –que paga impuestos, que paga regalías, que normalmente puede ser más barato que el gas extranjero–, tenemos que enfocarnos en poder hacer esos desarrollos. Si los desarrollamos, vamos a tener el gas que sabemos que necesitamos para hacer la transición energética más fácil. Ahí no hay ninguna contradicción entre el gas y la transición; al contrario, el gas es un facilitador”. 

¿Aprovechará Petro el hallazgo gasífero que aseguraría la autosuficiencia energética del país, a la vez que avanza la transición energética? En principio, sería lo más congruente. Más si se tienen en cuenta las metas de reducción de pobreza monetaria y multidimensional, las cuales se verían afectadas si al final de la década el país tuviera que importar el gas que hoy consumen los más pobres. Ahora solo falta que el presidente se pronuncie al respecto.