Así funcionará la compra de tierras y el impuesto predial rural

La ministra de Agricultura, Cecilia López, ha dicho que no necesita pasar por el Congreso de la República para que le aprueben una reforma agraria, pues las leyes que ya existen le permiten redistribuir la tierra, subir el impuesto predial en el campo y reformar el agro. 

López explicó que las bases legislativas para esta reforma serán: el punto uno del Acuerdo de Paz que pasó por el Congreso y se elevó a la Constitución; la Ley 160 de 1994, que contiene la reforma agraria que presentó José Antonio Ocampo como ministro de Agricultura de Ernesto Samper; el Decreto 902 de 2017, que reglamenta la implementación de parte de la reforma rural y el catastro multipropósito. 

Con estas herramientas, la ministra espera –a pesar de que esa tarea ocupe varios años– redistribuir la tierra para que más campesinos tengan acceso a tierras productivas y que los impuestos prediales en el campo se calculen sobre precios de los predios que sean más cercanos al valor comercial. 

De hecho, López les dijo a los representantes del sector financiero que “nos da histeria pagar impuestos por el valor comercial en los predios rurales, pero lo hacemos en las zonas rurales" y que las grandes extensiones de tierra se han beneficiado por años de obras públicas como las vías principales o vecinales que se han construido y que no se reflejan en las valorizaciones de los terrenos, mientras los pequeños campesinos siguen con predios pequeños y que no cuentan ni con caminos vecinales, por lo que sus tierras valen poco. Así, es justo que los beneficiados paguen proporcionalmente a la valorización, y los no beneficiados, paguen menos. 

La ministra explica que, una vez definidos los nuevos impuestos prediales, los dueños de las grandes extensiones tendrán dos caminos si sus ingresos son insuficientes para pagar el impuesto ajustado. El primero será replantear su producción para generar más ingresos y lograr que el dinero les alcance para pagar un impuesto más alto. 

La segunda opción se dividirá en dos. Si los dueños de estos predios no pueden o no quieren producir más para pagar un impuesto más alto, pueden vender su terreno. Aquí, habrá dos opciones: como ocurre con la mayoría de procesos comerciales, la ministra espera que los potenciales vendedores reciban varias ofertas de compra del sector privado, además de la oferta del Estado; entonces, los propietarios podrán elegir si venden a un privado o a la nación. 

Si deciden vender al sector público, la ministra López anunció que se ofrecerán precios competitivos, que el gobierno tiene cómo saber quién tiene qué en dónde para localizar a los vendedores, y que financiará con deuda pública estas compras, aunque todavía no tiene un cálculo del impacto que esto tendría sobre las finanzas públicas, pues es un proceso lento que apenas se inicia. 

Como es un proceso lento, la ministra sabe que el país se tardará varios años en implementar este plan. Su propuesta es iniciar con pilotos que demuestren que su propuesta es viable. Sin embargo, como no todos los municipios tienen disponibles los recursos para contratar la actualización de su catastro, el Ministerio de Agricultura identificará las regiones que ya tienen el catastro o que tienen los recursos para contratarlo y ejecutarlo, para meterle el acelerador a esos pilotos.