Congelar precios: una idea que puede salir mal

Apenas un día después de que el presidente Gustavo Petro hablara sobre el incremento del salario mínimo y el impacto de la inflación, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo –durante su participación en el Congreso de Acopi, el gremio de las pequeñas y medianas empresas– que en el debate sobre el salario también podría contemplarse un control a los precios de la canasta básica familiar.

Lo que piensa la ministra es que si el Gobierno ordena que los precios de los bienes y alimentos que componen la canasta básica familiar se mantengan estables, entonces los trabajadores no pierden tanto poder adquisitivo.

Ramírez sabe que el incremento del salario mínimo lo deben negociar con empresarios y trabajadores. En su intervención, aseguró que se sentará con ambas partes “para ver cuál es la mejor opción”.

Justamente, para evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo, el salario mínimo debe subir, al menos, lo mismo que subió la inflación el año anterior. Lo que la ministra no explicó es que congelar la canasta básica –para que los asalariados no pierdan poder adquisitivo– significa imponer un control de precios sobre una lista larga de bienes, alimentos y servicios, lo que en otros países ya se ha intentado y ha generado más inflación, especulación y escasez. 

Javier Mejía, historiador económico y profesor de la Universidad de Stanford, explicó que “visto desde el lado de los productores, si el Gobierno exige vender a un precio determinado, pero los costos de producción son más altos, simplemente ese producto no se ofrece”. En pocas palabras, se reduce la oferta de esos bienes o alimentos y sube el precio. 

“Los controles de precios sirven en situaciones muy específicas cuando hay poder de mercado, pero la inflación actual no tiene que ver con eso sino con el aumento de costos y las expectativas de los consumidores”, agregó Mejía.

Argentina es un ejemplo de este tipo de medidas. El país ha implementado controles de precios en repetidas ocasiones desde 1971 para contener la inflación, que siempre termina elevándose contra todo control. Desde 2021, el presidente Alberto Fernández lanzó una nueva versión de los 'Precios Cuidados' del kirchnerismo y, desde su anuncio, los productores le advirtieron que eso saldría mal y habría nuevas alzas de precios y una posible escasez de productos. 

Un año después, Argentina acumuló en agosto una inflación anual de 78,5 por ciento; el índice de precios al consumidor sumó en ocho meses una variación de 56,4 por ciento y una mensual de 7 por ciento. 

Bogotá también lo intentó. María del Pilar López, economista e historiadora de Los Andes, explicó que entre finales de 1920 y 1930 Bogotá expidió algunas leyes para controlar varios precios. Las medidas funcionaron para bajar la inflación durante los primeros tres a cuatro meses, pero después los precios siguieron subiendo. "Fueron poco efectivas", concluyó López.

Fenómeno mundial 

La inflación alta tras la pandemia no es un asunto exclusivo de Argentina o Colombia. Europa y Estados Unidos registran cada mes inflaciones que sus habitantes no habían visto hace 30 o 40 años y los bancos centrales, igual que en Colombia, suben las tasas de interés para contener el fenómeno. 

Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación mundial sería de 8,8 por ciento como promedio para todo 2022, en 2023 bajaría a 6,4 por ciento y para 2024 ya sería de 4,1 por ciento, un nivel más sostenible. 

En México también se discutió en público la propuesta de congelar precios. Carlos Serrano, el economista jefe del BBVA Research para ese país, le explicó a un medio local que esta era una mala idea, porque el fenómeno inflacionario es consecuencia, en buena parte, de factores externos como los problemas de la cadena logística y el exceso de dinero circulante provocado por la decisión de los países desarrollados de emitir moneda para impulsar el consumo en medio de la pandemia. Una medida local no controlará los precios globales.