19 Diciembre 2022

¿Es posible la idea de Petro de no subir precios para 2023?

Crédito: Imagen: Colprensa

El presidente sugirió en su cuenta de Twitter que los precios de alimentos, arriendos, servicios públicos y el transporte aumenten menos que la inflación en los próximos meses para mantener el valor adquisitivo de los trabajadores ¿Es viable?

Luego de lograr un acuerdo entre los sindicatos y los gremios para que el incremento del salario mínimo sea de 16 por ciento para el próximo año, el presidente Petro advirtió mediante su cuenta de Twitter que “ni los arriendos, ni la energía eléctrica y los servicios, ni el transporte, ni la comida deben crecer un 13 por ciento el próximo año. Sus precios deben bajar. Hay que bajar la tasa de usura y la tasa de crédito de la banca pública debe ser la más baja del mercado”.

Para el presidente, la idea es que el ingreso y el salario real de los trabajadores incrementen el próximo año y que al subir el salario mínimo, no sean mayores los precios sino “la producción y el trabajo”. 

El Ministerio de Hacienda trabaja a marcha forzada en una serie de decretos y circulares para hacer realidad un artículo del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno anterior que busca desvincular más de 200 tarifas, sanciones, multas, estampillas y otros conceptos del salario mínimo para que cada año este salario tenga un menor impacto sobre la inflación. 

Sin embargo, expertos, como la economista Carolina Soto, advierten que la medida no tendrá el efecto esperado, pues muchos contratos privados todavía vinculan sus actualizaciones de tarifas al incremento del salario mínimo. Además, las empresas trasladan parte del mayor costo de producción por sus empleados de salario mínimo al precio que le cobran a sus consumidores finales. 

En otros trinos, el mandatario habló del transporte. Asocapitales informó un acuerdo que se hizo entre los alcaldes y alcaldesas de las capitales del país para que las tarifas de transporte público suban 12,53 por ciento el próximo año, lo que llevaría a que, por ejemplo, en Bogotá el TransMilenio posiblemente alcance los 3.000 pesos. 

Para el presidente Petro, el incremento no debería darse en esa magnitud para el transporte si el valor del diésel, como promete, no aumentará el próximo año. Sin embargo, hay otros factores que se deben tener en cuenta como el incremento salarial de los conductores y demás trabajadores alrededor de este servicio: aseo, mantenimiento, servicio de las estaciones, seguridad, impuestos, seguros, etc.

Por otro lado está el tema del valor del diésel. El presidente ha trinado en los últimos días que este combustible no aumentará su precio, pero en los meses anteriores el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, había advertido que en 2023 sí tendría que modificarse el precio del ACPM para ayudar a cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

El presidente también se refirió a las actualizaciones de precios que se hacen con base en la inflación del año anterior. Por ejemplo, las actualizaciones de los cánones de arrendamiento cuando se cumple un año del contrato se hacen con base en la inflación del año anterior. Si la variación de los precios de este año, en total, es de 13 por ciento, como esperan muchos analistas, entonces los arriendos subirán en esa cantidad.

En el caso de los servicios públicos domiciliarios (gas natural, energía y agua), el presidente le pidió a las comisiones reguladoras, utilizando sus “funciones constitucionales, desligar las tarifas de los servicios públicos del índice general de precios y de factores especulativos”. 

En septiembre, el gobierno ya había anunciado un “Pacto de Justicia Tarifaria” de energía eléctrica al que se sumaron más de 80 empresas del sector, y que logró rebajar en algunos puntos porcentuales el precio de la energía eléctrica, con pequeños resultados en la inflación de noviembre. En ese mismo pacto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) cambió en la fórmula de actualización de tarifas de energía uno de sus componentes: en lugar de usar el índice de precios al productor (IPP), ahora se usa el índice de precios al consumidor (IPC).

Andrés Giraldo, director del Departamento de Economía de la Javeriana, explica que “las comisiones necesitan una referencia para regular las tarifas del servicio que vigilan y la pregunta es cuál. Se tenía el IPP porque los servicios públicos son un insumo, aunque también son un bien de consumo. De esa manera, el IPP debería ser importante para las empresas que lo usan como insumo, pero para quienes producen energía es un bien final. La pregunta es: ¿está bien que se use el IPP para calcular la tarifa de esas empresas? Y por eso es sano que se cambiara al IPC”.

Fuentes le explicaron a CAMBIO que en el caso de la Creg y de la CRA, que regula los servicios de agua, estas entidades tienen facultades, constitucionalmente, para controlar y regular precios, pues el Estado tiene el control sobre estos monopolios naturales y el presidente podría ejercer alguna presión política. Sin embargo, no es claro cómo se haría el cambio de las fórmulas. 

Algo similar ocurre en los demás casos. En los arriendos se trata de contratos privados y, por lo tanto, dependerá de la voluntad entre las partes; en los alimentos los productores dependen de los costos de producción y en el transporte, del precio del combustible que es regulado por el mismo gobierno que tiene pendiente cerrar un déficit que este año superará los 30 billones de pesos. Pero, en cualquier caso, el presidente no ofreció una alternativa de referencia para calcular la actualización de las tarifas. 

Para los expertos esta es una complicación más, pues las tarifas deben actualizarse justamente para evitar pérdidas en el poder adquisitivo de los productores de los bienes y servicios que se ofrecen en el país y el presidente pide que no se use la inflación del año anterior, pero no presenta una alternativa.

Por ejemplo, explica Giraldo, en la discusión sobre el salario mínimo hay otras opciones dado que el salario se fija usando como referencia la inflación observada el año anterior, pero se evalúa con la inflación proyectada para el año siguiente. Las opciones, entonces, podrían ser usar la inflación esperada por el promedio de los analistas o la proyectada con modelos económicos por el Banco de la República.

Sobre la disminución de la tasa de usura, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, respondió en el Banco de la República que esa es una recomendación de la mesa de concertación del salario mínimo y que se está evaluando en el gobierno, pero que en caso, de considerarse un cambio, debería hacerse mediante un proyecto de ley, ya que su cálculo está determinado con una ley.

Y el gerente del Emisor, Leonardo Villar, advirtió que esta recomendación debe tomarse con cuidado, pues imponer una tasa de usura muy baja podría ir en contra justamente de quienes más necesitan el crédito y generar más informalidad, pues podría limitar el acceso al crédito formal de quienes tienen mayor riesgo y generar, por ejemplo, que deban acudir a informales, como el famoso gota a gota.