Finagro: ni raja ni presta el hacha

El papá de Camilo Gutiérrez, un ganadero de Becerril, municipio del Cesar, murió pensando que las 150 hectáreas de gmelina arborea que había sembrado en su finca le darían unas ganancias millonarias. Era la primera vez que esta familia ganadera sembraba especies maderables. Fue en el 2006 que Luis Rafael Gutiérrez firmó un contrato de cuentas en participación con la reforestadora Monterrey Forestal Ltda, en el que el propietario de la tierra se quedaba con un 28 por ciento de la cosecha y la empresa y Finagro, con el resto.

El Fondo para el financiamiento del sector agropecuario, Finagro, fue el motor de este proyecto que se gestó durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con Andrés Felipe Arias como ministro de Agricultura.

Según el informe financiero de Finagro del 2006, desde el año 2004 se empezó a desarrollar “un proceso de inversión de capital de riesgo en reforestación comercial en los departamentos de Cesar y Magdalena con el establecimiento de plantaciones de melina, teca y ceiba, a través de la implementación de dos convenios marco de inversión suscritos con las empresas Monterrey Forestal LTDA y Cormagdalena, quienes en calidad de gestores suscriben contratos de cuentas en participación con propietarios de predios de la región y se vinculan aportando la administración, en la asistencia técnica y las plántulas y el Fondo aporta el resto del capital complementario necesario para sembrar y mantener las plantaciones”.

El término inicial del contrato firmado entre Finagro y la reforestadora era de 12 años. Este período podría prorrogarse automáticamente si la especie que se plantaba requería más tiempo para establecerse. Pero, según afectados por este proyecto, que conoció Cambio, este plazo se ha extendido sin justificación. Documentos e informes tanto de la actual empresa operadora del proyecto, como de otras autoridades ambientales, muestran que la madera se ha debido cosechar hace varios años. Y si la madera no se cosecha a tiempo, comienza a podrirse.

Aunque ya recogieron el porcentaje de la cosecha que les correspondía (entre 25 y 30 por ciento en los casos estudiados) los propietarios afirman que la cantidad en volumen terminó siendo menor de la prometida debido a la mortandad de los árboles. Pero lo que más les preocupa es que gran parte de su terreno sigue ocupado por el cultivo que le corresponde a la reforestadora y a Finagro. Y no pueden cortarlo, pues el contrato les prohíbe hacerlo.

Por eso, 16 años después de que su padre entrara al proyecto, Camilo Gutiérrez se encuentra en medio de una pelea legal y con un predio invadido por la maleza. “Eso es un monte, ni un animal puede entrar ahí”, asegura.

La empresa operadora del proyecto le ha dicho a los afectados que la única que puede tomar la decisión de cortar es Finagro, como socia oculta de la plantación con una participación del 70 por ciento de las hectáreas restantes.

Por su parte, Finagro le dijo a Cambio que esa entidad “adquirió principalmente la obligación de financiar parcialmente los proyectos, lo cual ha hecho sin falta, sin embargo, resaltamos que algunos propietarios de las tierras que celebraron contratos de cuentas en participación o de arrendamiento con esas empresas reforestadoras les han formulado a ellas reclamos por el no corte oportuno y la no devolución de sus parcelas, de los cuales ha tenido noticia FINAGRO, pese a no ser parte en dichos contratos”.

No obstante, en la primera cláusula del contrato de Finagro con Monterrey Forestal Ltda, celebrado en 2004, se afirma que el objeto del contrato es la ejecución de un programa de reforestación que se desarrollará “a través de los contratos de participación que suscriba el reforestador con los dueños de la tierra a reforestar, los cuales formarán parte de este contrato”.

Incumplimientos y esperas

En el caso de Dayinis Alian, propietaria de un predio en Sabanas de San Ángel, Magdalena, fue su abuelo, Luis Manuel Alean, quien entró al negocio con Monterrey, también en el 2006. Como en el resto de contratos, el suyo especificaba que la reforestadora haría limpiezas, entresacas (cortes de algunos árboles para aclarar el bosque) y que les entregarían informes cada tres meses. Pero, según Dayinis, nada de eso ocurrió.

“En la finca Horizonte, que es la de mi abuelo, nunca hicieron entresacas, hicieron limpiezas mientras la melina estaba pequeña, como los primeros 2 o 3 años, y de ahí en adelante solo alrededor de la finca. Los palos no engrosaron porque estaban muy pegados los árboles. La maleza está del tamaño de los árboles”, explica.

La familia Alian conoció del negocio porque el papá de Dayinis estaba trabajando en el proyecto de reforestación en la finca contigua, Cienagueta, propiedad de Efraín Diomedes Sánchez. Con 404 hectáreas sembradas, es uno de los cultivos más extensos dentro del proyecto de reforestación. Como en el caso de Dayinis y Camilo, el firmante original ya falleció, y es su hijo, Guillermo Sánchez, quien quedó como responsable del contrato.

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“Han pasado 4 años y no hacen nada, ni cortan ni pagan por el uso de la tierra. Están esperando que se pudra para echarle la culpa a uno”, aseguró María Cuello, representante de la agropecuaria Río Diluvio.

El 16 de julio de 2016, la empresa Forestal Monterrey Colombia SAS, la que después de dos cesiones pasó a hacerse cargo del proyecto, le respondió por escrito a Guillermo Sánchez que el contrato para el predio 1 de terreno finalizaría el 21 de febrero de 2017 y exactamente un año más tarde terminaría el del predio 2. Después de eso, se contemplaba un año más para extraer la madera. Sin embargo, hoy Guillermo ve cómo cada día el cultivo se deteriora, la maleza crece y nadie le responde.

“Llevamos 17 años de este calvario llamado reforestación. Desde el año 2019 vengo enviando derechos de petición tanto al presidente, al Ministerio de Agricultura, a Finagro, y ninguno actúa. 17 años y todavía están ocupando más de 300 hectáreas sin que yo pueda explotar mi finca”, alega.

Los dueños de la Agropecuaria Río Diluvio también llevan años esperando. Según información proporcionada por Finagro a los propietarios, en 2018 se debía liquidar el proyecto, que comprende un área de 163 hectáreas. A diferencia de otros, este cultivo está en muy buen estado, algo que, según la familia, han reconocido Finagro y Monterrey. “Han pasado 4 años y no hacen nada, ni cortan ni pagan por el uso de la tierra. Están esperando que se pudra para echarle la culpa a uno”, aseguró María Cuello, representante de la agropecuaria.

Todos contra todos

Según reconoció en conversación con uno de los afectados el ingeniero forestal Juan David González, encargado de todas las plantaciones del Cesar y el Magdalena de Forestal Monterrey Colombia, cuando la empresa recibió los proyectos en 2014 los cultivos ya estaban maduros, “ya es un bosque que está esperando cosecha”. Cambio tuvo acceso al audio de la conversación y contactó al ingeniero González, pero no obtuvo respuesta. También intentó comunicarse con José Luis Zerpa, representante legal de Greenwood Resources Colombia SAS, representante legal de Forestal Monterrey, pero tampoco contestó.

Como lo señalaba el ingeniero González, Forestal Monterrey Colombia comenzó a hacer parte de esta historia 10 años después de que comenzara el proyecto de reforestación comercial. Tanto el convenio marco de Finagro, como los contratos de cuentas en participación de los propietarios de las tierras, se suscribieron con Monterrey Forestal Ltda., constituida el 2 de septiembre de 1980, según la escritura pública número 74 de la Notaría 31 de Bogotá.

En diciembre del 2007, Monterrey Forestal cedió el contrato de administración de proyectos de reforestación a Pizano SA, una empresa creada en Bogotá en el año 1962 “por contar éste con la experiencia y las capacidades técnicas, operacionales y administrativas necesarias para ocupar su posición contractual, en los términos del contrato en mención, lo cual fue debidamente aprobado por FINAGRO”, según se lee en escrituras públicas.

Finalmente, en diciembre del 2014 se da la segunda cesión del contrato de administración de los proyectos, esta vez a Forestal Monterrey Colombia, que había sido creada unos meses antes.

Los documentos públicos revelan un andamiaje empresarial detrás de esta empresa, pues se encuentra bajo control de Global Timber Spain SLU, compañía española cuyo objeto social es participar en la gestión y control de otras sociedades, creada en 2014. A su vez, la representante legal de Forestal Monterrey Colombia es Greenwood Resources Colombia SAS, también constituida en 2014 y controlada por Greenwood Resources Inc., empresa estadounidense “de gestión de activos e inversiones diversificadas a nivel mundial que se especializa en la adquisición y administración de activos forestales”. Dice en su página web que tiene operaciones en “Norteamérica, América Latina, Europa y Asia”.

Según un documento obtenido por Guillermo Sánchez a través de un derecho de petición en enero de este año, ha habido diez procesos relacionados con Forestal Monterrey Colombia en el Centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Un documento que refleja muy bien el estado caótico del proyecto de reforestación, en el que ninguna entidad asume responsabilidades. De los diez procesos, seis son de Finagro contra Forestal Monterrey, pero a su vez esta última empresa también tiene casos contra algunos de los propietarios de tierras –porque alega que no han permitido la entrada a los predios– e incluso hay un caso de Forrestal Monterrey Colombia contra Pizano SA., empresa que le cedió la administración de los proyectos. Según el informe de gestión de Finagro de 2020, ese año se inició el trámite de constitución de un tribunal de arbitramento para definir situaciones jurídicas sobre 21 proyectos cuyo operador es Forestal Monterrey”. Otro de los afectados interpuso una acción legal contra Finagro y uno más está demandado ante la Fiscalía por haber cortado toda la madera.

Inversión y beneficios

Los propietarios que entraron al proyecto de reforestación alegan haber sido perjudicados tanto por la ocupación de sus tierras más allá del tiempo estipulado, como por un volumen de madera menor en su porcentaje de participación. “Más de 12 años para ganarse 40 y pico de millones, ¿qué negocio es ese?, se queja Camilo Gutiérrez. Por eso, también están pidiendo el pago del arrendamiento por los 4 o 5 años en que la reforestadora y Finagro han ocupado las hectáreas sembradas “correspondiente a los beneficios dejados de percibir”.

Por otra parte, no es claro cómo le fue a Finagro en este negocio. A la pregunta de cuál había sido el balance del proyecto, la entidad dijo que “en cuanto a las inversiones de FINAGRO en estos proyectos de reforestación, cabe mencionar que cada uno de ellos tiene unas particularidades y características en alguna medida diferentes, y el resultado de tales inversiones se establecerá una vez se terminen y liquiden todos los contratos, tanto los de cuentas en participación con propietarios de tierras, como los de administración con empresas reforestadoras”.

De acuerdo con el informe de gestión de Finagro de 2007, a ese año se habían suscrito 88 contratos de cuentas en participación a través de Forestal Monterrey Ltda y Cormagdalena para un total de 9.000 hectáreas sembradas y una inversión acumulada de 23.421 millones de pesos. Informes de años siguientes muestran una inversión más elevada, pero contemplan también proyectos en Antioquia a través de otra reforestadora. Los informes de gestión del 2019 y 2020, los únicos disponibles en la página, no mencionan cifras relacionadas con la inversión en este proyecto.

En cuanto a los beneficios tributarios del proyecto de reforestación forestal, informes de gestión de Finagro entre 2004 y 2013 indican que la entidad obtuvo al menos 14.000 millones por este concepto. Ese 2013, además, “FINAGRO recibió recursos como resultado de la incursión en el mercado de gases de efecto invernadero. El valor de la emisión de los certificados de reducción de emisiones de carbono 12 (CER) correspondiente a FINAGRO ascendió a cerca de 6.300.000.000, lo cual originó ingresos adicionales a la entidad”.