Impuesto a los dividendos: la discusión es la tarifa
1 Julio 2022

Impuesto a los dividendos: la discusión es la tarifa

Crédito: Yamith Mariño

El gobierno entrante presentará una reforma tributaria que incluya modificaciones a la tarifa del impuesto a los dividendos. Para los empresarios, el problema es la progresión hasta el 70 por ciento de la que ha hablado el presidente electo, pues la consideran inviable.

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En entrevista con Cambio, Gustavo Petro aseguró que a los dividendos se les gravaría con tarifas progresivas de hasta 70 por ciento según su cuantía para estimular que los empresarios reinviertan las utilidades en lugar de distribuirlas. Aunque los empresarios reconocen la necesidad de este impuesto, no están de acuerdo con una tarifa de hasta 70 por ciento porque la consideran demasiado alta.

Petro señaló que “cuando las grandes fortunas se utilizan no para invertir sino para gozarlas, pagan impuestos que llegan incluso al 70 por ciento en cualquier parte del mundo desarrollado, porque no es lo mismo ese dinero en la empresa del dueño que en el bolsillo del dueño”.
 
Para Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex), esta es una mala propuesta porque impediría la reinversión y el crecimiento de las empresas. "Buena parte de ellas no reparten utilidades sino que las utilizan para las ampliaciones y el crecimiento de las capacidades productivas”.

Algo similar piensa Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, quien destaca que el impuesto de renta que se cobra sobre las utilidades de las empresas ya es alto; añadirle, además, un impuesto a los dividendos con una mayor tarifa desestimularía la inversión y el crecimiento económico, por lo que propone una tarifa de 5 por ciento, la mitad de la tarifa actual. 

Rosmery Quintero, presidente del gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas, Acopi, está de acuerdo con la propuesta, tal y como está planteada por los expertos: que grave a las personas naturales y no a las empresas, pero que “debe aplicarse en su justa proporción”. 

Otros gremios, como Aliadas y Campetrol, piden al presidente electo que este tema se discuta con los empresarios y con toda la sociedad, pues si bien es importante aumentar el recaudo de impuestos, también lo es incentivar mayores inversiones y más crecimiento económico.

El panorama actual 

La referencia del presidente electo para proponer un cambio en la tarifa del impuesto a los dividendos es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), cuyo promedio de impuesto a los dividendos es cercano al 15 por ciento, con países como Alemania, donde la tasa es de alrededor del 30 por ciento, y Eslovaquia, donde la tasa es del 7 por ciento. 

En Colombia, los dividendos de hasta 300 UVT (10,9 millones de pesos) están libres de este impuesto. Cuando superan este valor, la tasa que se aplica es del 10 por ciento. 

Hace un año, en la fallida reforma tributaria de Alberto Carrasquilla, se proponía que la tarifa subiera a 20 por ciento, muy similar a la de Estados Unidos, pero también duplicaba el valor del monto de dividendos que se libraban del impuesto. Es decir, cualquiera podía recibir hasta cerca de 20 millones de pesos libres del impuesto, pero de ahí en adelante tendría que pagar ya no 10 por ciento sino 20 por ciento si quería recibirlos. 

Uno de los argumentos comunes entre los empresarios es que el impuesto sobre la renta ya grava sus utilidades en una tarifa superior al 30 por ciento y a eso se debe sumar el impuesto a los dividendos de 10 por ciento. 

Sin embargo, expertos tributarios advierten que la tasa efectiva de tributación de las empresas es inferior pues, según el sector al que pertenecen, reciben descuentos e incentivos tributarios que reducen notablemente la tasa de impuestos que terminan pagando.

Alejandro Rodríguez Llach, investigador en asuntos tributarios, advierte que si bien es deseable que la tasa del impuesto a los dividendos se suba, también es necesario revisar los beneficios tributarios de las empresas y el mecanismo de cobro del impuesto a los dividendos, para evitar la doble tributación y lograr que sean realmente las personas que reciben estos recursos quienes paguen el impuesto.

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