13 Julio 2022

La disputa por la Junta de Ecopetrol

Crédito: Yamith Mariño

Aunque haya sido poco diplomático, Gustavo Petro tiene razón en exigir el derecho a nombrar una junta directiva que le funcione para la política petrolera que quiere seguir.

El trino del presidente electo llamando al orden sobre las recientes movidas en la junta de Ecopetrol tiene al país, de nuevo, con los ojos puestos en el futuro de la empresa más importante de Colombia. La polémica se desató por cuenta del comentario de Gustavo Petro, para algunos salido de tono: 

Más allá del debate sobre las formas poco ortodoxas del presidente electo, que pueden gustarles a unos y chocarles a otros, lo cierto es que, en el fondo, Petro tiene razón.

El problema tiene su origen en la intención manifiesta del presidente Iván Duque por imponer la política petrolera al gobierno entrante. En plena campaña electoral, cuando el entonces candidato por el Pacto Histórico enarbolaba cada vez con más fuerza las banderas de la transición energética, Duque buscó dejar los perros amarrados ya muy al final de su gobierno, para morigerar el margen de maniobra de quien por esos días lideraba las encuestas de intención de voto y hoy es el presidente electo: reformó los estatutos de la empresa, para extender el periodo de la junta directiva de Ecopetrol de dos a cuatro años, de tal manera que el gobierno entrante, es decir, el de Petro, solo pueda cambiar la junta en 2025. 

La voluntad del pueblo y el gobierno corporativo

En las empresas públicas, lo normal es que el gobierno de turno –local o nacional– tenga la posibilidad de nombrar las juntas directivas de manera que las directrices de la empresa estén alineadas con las políticas del gobernante. 

Ecopetrol no ha sido la excepción. Hasta hace cuatro meses, la junta directiva de la empresa tenía un periodo de dos años, que permitía que cada nuevo presidente de la República, mediante el Ministerio de Hacienda, nombrara a su junta dos veces durante su mandato. 

Así se consolidó el gobierno corporativo de Ecopetrol, que ratificó varias veces a los miembros de la junta directiva y está acostumbrada a operar como una empresa privada, aunque el Estado sea dueño del 85 por ciento de sus acciones. 

Sin embargo, el gobierno del presidente Iván Duque, a pocos meses de culminar, arremetió contra la institucionalidad ya formada. Su gobierno, como accionista mayoritario, pidió a la junta directiva de Ecopetrol –que él mismo nombró– una asamblea extraordinaria en la que se aprobó un cambio de estatutos para ampliar el periodo de la misma junta. 

Con el movimiento, hasta 2025 las cabezas de Ecopetrol y encargados de nombrar al presidente del Grupo Ecopetrol seguirán siendo los nombrados por Iván Duque. El movimiento tuvo una intención clara: “blindar” a la compañía contra los planes del nuevo gobierno en materia de hidrocarburos.

El presidente electo reaccionó con tono desafiante, más propio del estilo del otrora senador en oposición que con el que debería tener un presidente recién elegido. Pero más allá de las maneras, lo cierto es que Petro tiene razón, en la medida en que cada gobierno de turno tiene derecho a decidir quién lo acompañará en la junta directiva de la empresa más importante del Estado.

Petro, a través de su ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, podría volver a convocar a una asamblea extraordinaria de accionistas, para aprobar una nueva modificación a los estatutos de la compañía que le permitan elegir a su propia junta, algo que sería lo más lógico. 

Entre tanto, la acción de Ecopetrol perdió 1,26 por ciento en las primeras tres horas de negociación en la Bolsa de Valores de Colombia este miércoles.