22 Septiembre 2022

Las perlas que buscan abrirse paso en el presupuesto de 2023

Crédito: Yamith Mariño

La ponencia que aprobaron en primer debate las comisiones económicas del Congreso incluye el fin de subsidios, un pago extra para el Congreso y movidas en Ecopetrol que pueden ser muy polémicas.

El proyecto de presupuesto nacional para 2023 que pasa a las plenarias de Senado y Cámara de Representantes tiene 16 artículos nuevos y seis artículos modificados, además de la explicación de cómo se obtendrán los 14,5 billones de pesos adicionales con respecto al proyecto inicial que dejó radicado el anterior gobierno. 

El texto es el resultado de muchas horas de reuniones entre representantes del Ministerio de Hacienda, incluido el mismo ministro José Antonio Ocampo, y los congresistas seleccionados por sus comisiones como ponentes y coordinadores ponentes del proyecto.

Según el documento radicado ante el Congreso, en esas reuniones se revisaron 144 propuestas de congresistas, que pedían más recursos para algún sector o para proyectos específicos, pero también movimientos de recursos y hasta crear una nueva comisión que evaluara el estado de la malla vial del país. 

Entre las propuestas que sí se acogieron hay algunas que llaman la atención. Por ejemplo, la de María del Mar Pizarro y otros congresistas para adicionar 5.800 millones de pesos al presupuesto del Ministerio de Hacienda, que tendrá que “atender el proceso de nivelación salarial que viene en marcha para los empleados de planta del H. Congreso de la República que no están vinculados a la Unidades de Trabajo Legislativo, recursos que se adicionarán en gastos de funcionamiento de las respectivas corporaciones y serán repartidos en partes iguales tanto en la Cámara de Representantes, como en el H. Senado de la República”.

La adición y la garantía de la nivelación salarial se da al mismo tiempo que se discute un recorte de gastos del Estado, en especial del Congreso, una medida que vendría acompañada de menores salarios para los mismos congresistas.

Otro movimiento de recursos será el de los dividendos de Ecopetrol. Según la ponencia aprobada del presupuesto, al menos durante 2023 el Ministerio de Hacienda podrá volver a utilizar en el fondo de los combustibles los dividendos que Ecopetrol deba pagarle.

Hacienda también podrá usar el excedente de dividendos netos de 2022. Es decir, los dividendos adicionales que Ecopetrol haya generado al vender el petróleo por encima de determinado valor –calculado por el Ministerio de Hacienda– irán a pagar el déficit por el que responde el mismo Ministerio de Hacienda. Esta propuesta, sin embargo, puede generar más de un escozor, por la arbitrariedad con la que Hacienda puede calcular el valor del barril de petróleo.

La senadora conservadora Liliana Bitar también logró que se le incluyera una proposición: los subsidios de energía y gas, como se les conoce hasta ahora, se terminarán el 31 de diciembre de 2023. La idea es que a partir de 2024 el gobierno encuentre una fórmula más eficiente para asignar estos subsidios que benefician a los hogares de estratos 1 a 3. 

La medida va en línea con la idea del nuevo gobierno de unificar todos los subsidios y transferencias monetarias que reciben los hogares pobres y vulnerables del país para así reducir los costos que tiene el Estado al pagarle varios subsidios por diferentes canales a una misma familia.

Las que tendrán una segunda oportunidad

Entre las 144 proposiciones fueron más las que se quedaron por fuera del texto oficial que las que lograron un cupo en el presupuesto de 2023. Según la ponencia, todas las propuestas –incluso las que no pasaron el debate– se estudiarán junto con las nuevas que lleguen, para preparar la ponencia que se le presentará a las plenarias de Senado y Cámara de Representantes. 

Entre las más llamativas están la de sumarle 41.000 millones a la Procuraduría General para el pago de una primera de servicios a mitad de año para los funcionarios de planta que lleven al menos cinco años. Y se les pagaría un salario completo adicional. No pasó.

Por su parte, Aída Avella propuso que el 20 por ciento de los ingresos que reciben las Cámaras de Comercio por sus funciones de registro y de los bienes que consiguieran con su propio recaudo los destinaran a su funcionamiento de siempre, y que el restante 80 por ciento se lo giraran al Ministerio de Hacienda para que se destinaran al presupuesto nacional. Tampoco pasó.

Avella, fundadora de la Unión Patriótica, propuso, como medida complementaria, que las cámaras de comercio se obliguen a elaborar un presupuesto anual para presentarle al Ministerio de Hacienda. Allí, tendrían que especificar en qué se gastarían el 100 por ciento de los recursos que esperaban, descontando obviamente lo que tendrían que girarle al gobierno. 

Estas y otras propuestas, como las 17 del representante John Fredy Valencia, que llegó con una curul de paz al Congreso, serán estudiadas durante las próximas semanas, ya que el plazo para aprobar el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2023 se vence el 20 de octubre.