Iván Duque y sus molinos de viento

Por Maria Camila Hernández

La exaltada imaginación de Don Quijote, que para algunos era simplemente locura, lo hizo ver “desaforados gigantes” donde solo había molinos de viento. En uno de los episodios más conocidos del libro de Cervantes, su protagonista sufre un golpe de realidad cuando las aspas de los molinos comienzan a moverse y con su fuerza no solo lo tumban a él y a su caballo Rocinante, sino que despedazan su lanza, vital para cualquier caballero andante.

Aunque en apariencia es muy diferente, esta historia se parece a la de la inauguración con bombos y platillos, el pasado 21 de enero, del parque eólico Guajira I. Si bien logró dominar los molinos, Duque dejó volar su imaginación tanto o más que el caballero de la triste figura. Montado en un aerogenerador a 80 metros de altura, el mandatario dijo ver “cómo este tipo de energía transforma vidas y cómo Colombia se está convirtiendo en el líder de la transición energética en América Latina”. También afirmó que el proyecto contó con el apoyo “incondicional” de las comunidades indígenas. 

Según la realidad de los datos, Colombia está lejos de liderar la transición energética en la región. En 2020 el BID destacaba los casos de Chile, Brasil, México y Argentina. El año pasado el mapeo que realizó Diálogo Chino de los proyectos de energía renovable no hidroeléctrica en 24 países de América Latina, ratificó que son esos cuatro países los que mandan la parada, y señaló también que Uruguay y Costa Rica han hecho importantes inversiones en los últimos años. 

Cuando se refirió al apoyo de las comunidades, el presidente pareció olvidar –o nadie le contó– que apenas unas horas antes de que llegara a La Guajira tres comunidades wayuu protestaban en el parque eólico que él iba a inaugurar. Miembros de las comunidades maleen, woupase y maluy argumentaban que el proyecto invadió y profanó sitios sagrados y exigían una consulta previa. Isagen, empresa encargada del parque, asegura que la consulta previa sí se hizo, solo que con otras comunidades: las que estaban certificadas por la Autoridad Nacional de Consulta Previa.

Justo a tiempo para el evento presidencial, las autoridades lograron levantar el paro, prometiendo una reunión para el 26 de enero. Pero este impasse de última hora es tan solo un síntoma de las falencias que ha tenido el proceso de socialización con las comunidades que viven en el territorio. También, un presagio de lo que puede salir mal. Y es que en lo que sí acertó Duque, es en que se trata de un proyecto que transforma vidas o, más exactamente, la forma de vida del pueblo wayuu.

Modelos fallidos

Desde 2019, Indepaz viene advirtiendo sobre la forma como se han llevado a cabo los proyectos eólicos en La Guajira. El furor por el potencial en energías renovables que tiene este departamento hizo que numerosas multinacionales y algunas empresas colombianas llegaran al territorio. Aunque por ahora se habla de 16 parques eólicos proyectados en esta zona, pues fueron los que ganaron la subasta, son muchos más los que se podrían construir. Hace tres años, el Ministerio del Interior hablaba de 65 parques en trámite que impactarían a 288 comunidades wayuu del resguardo Alta y Media Guajira.

De acuerdo con Indepaz, estos proyectos o intenciones de proyectos los lideraban 19 empresas que ya tenían torres de medición y estudios de impacto ambiental, y estaban tramitando exenciones tributarias, licencias y consultas. 

Esta enorme cantidad de proyectos abarcaría unas 45.000 hectáreas en donde no solo se instalan las torres, sino que se adecúan vías y redes por donde deben transitar los operadores de los parques. Esto afecta a todas las comunidades wayuu y no solo a las que viven en el lugar específico donde se construye cada parque, debido a sus costumbres de uso estacional y compartido de los territorios. 

Por eso el hecho de que se haya impuesto un modelo de contratos de forma separada con las comunidades, puede ser una gran amenaza, tanto para las empresas, como para las mismas comunidades, pues este tipo de arreglos provoca pugnas por el dominio y fraccionamiento entre los wayuu. El paro que precedió a la inauguración de La Guajira es tan solo una prueba de ello. 

Según Indepaz, la tendencia de las empresas ha sido seguir el modelo que implementó EPM en el parque eólico Jepírachi, que entró en operación en 2004. Consultas limitadas solo a las comunidades que viven en el sitio exacto del parque, poca claridad en los pagos por el uso de la tierra y falta de información sobre el negocio, son algunos de los problemas que han provocado varios paros en el parque de EPM. El cuarto paro, que comenzó en diciembre de 2016, duró tres meses y le dejó pérdidas a la empresa operadora por cerca de 5.000 millones de pesos. 

Vientos de división en Jouktai

El caso del parque Guajira I, también llamado Jouktai (viento en wayuunaiki), tiene sus propias complejidades, pues se llevó a cabo por medio de un convenio interinstitucional entre Isagen y la empresa local Wayuu S.A. E.S.P (WESP). De WESP hicieron parte ocho accionistas, cinco privados con el 62,5 por ciento de las acciones, más los municipios de Manaure y Uribia y el resguardo de la Media y Alta Guajira. 

Desde que Isagen y Wayuu firmaron el convenio en 2005, se realizaron varias modificaciones, tanto de las características técnicas del parque como del control de la operación en sí. Ya desde 2019, miembros de las comunidades que hicieron parte de las consultas advertían que no conocían los alcances de los acuerdos entre las empresas ni de las modificaciones que se habían realizado. Como siempre habían hablado con Wayuu, la gran pregunta que quedaba en el aire era qué pasaría cuando la mayor parte del parque pasara a ser controlada por Isagen, una empresa con la que nunca habían hablado las comunidades en el territorio. 

De hecho, según le explicó Isagen a Cambio, la empresa local ya no hace parte del proyecto. En 2019 se habían separado los recursos: por un lado estaba WESP 1, que tendría el manejo de los seis primeros aerogeneradores, y por otro los generadores del parque Guajira I (aerogeneradores del 7 al 16). Sin embargo, “en 2021, Isagen llegó a un acuerdo para el desarrollo del proyecto eólico WESP 01 de 12 MW,  incluyendo el acuerdo para la cesión por parte de la sociedad Wayuu S.A. de los derechos asociados a este proyecto”.

“Wayuu S.A. fue la que le vendió la consulta a Isagen”, señala Nancy Gutiérrez, líder de la comunidad kasiwoluin, vecina del parque Guajira I, refiriéndose a la consulta previa. Además, señala que este proceso de consulta fue tan silencioso que ellos, siendo vecinos, nunca se enteraron. Su comunidad no hizo parte del más reciente paro, pero también ha venido reclamando desde mediados del año pasado por la forma como se ha llevado a cabo el proyecto eólico.

En el primer semestre de 2019 les llegó el rumor de la construcción del parque, por lo que pidieron una reunión con Isagen. Desde ese momento, la preocupación principal de la comunidad fue que su territorio no estuviera incluido en el área de influencia del proyecto, por todo lo que eso implicaba. “Estamos ubicados a escasos 800 pasos del proyecto, nuestro cementerio ishoshicana (tierra rojiza), está a 500 pasos de Guajira 1 (primera etapa) y a 100 metros de WESP1, (segunda etapa) se encuentra el comedero de nuestros animales”, explica Gutiérrez. Así sus casas no quedaran dentro del parque, los comederos de sus animales sí eran compartidos con una de las comunidades que quedaron incluidas en el proyecto. En un principio la empresa les aseguró que no habría acceso de operadores ni tránsito de vehículos por su comunidad. 

“Pero cuando vimos que empezaron la construcción, lo vimos muy cerca y los animales empezaron a perder su rumbo normal, ocasionando pérdidas y muerte a los animales por las actividades de las maquinarias y el tránsito de los grandes vehículos y la llegada de mucha gente en el territorio”, explica Nancy Gutiérrez. 

Desde el 5 de agosto de 2021, cuando se realizó una primera reunión con el contratista Elecnor, la comunidad kasiwoluin viene exigiendo que se ajuste el área de influencia del proyecto y se realice una consulta previa, pero nada de esto ha sucedido. Tampoco han recibido respuesta a un derecho de petición que presentaron ante Corpoguajira, la entidad encargada de otorgar la licencia y el plan ambiental del proyecto. Por el contrario, cada día ven más de cerca los impactos en su territorio. 

En diciembre pasado, la empresa contratista “limpió” una zona cercana a los comederos de animales para abrir vías de acceso, mucho más amplias que las que habían hecho en Jepírachi. “Por allí queda un arroyo, y por eso hay gran vegetación todo el tiempo. Hicieron leña lo que por muchos siglos ayudaba a hacer menos árida la tierra”, dijo la líder. 

Guajira I o Jouktai es apenas el primero de los parques proyectados por Isagen en este departamento, y no precisamente el más grande. “Actualmente la empresa está desarrollando 850 MW en proyectos eólicos en La Guajira, de los cuales el proyecto Guajira II (400 MW en el municipio de Maicao) ya cuenta con Licencia Ambiental y Consulta Previa protocolizada con las comunidades indígenas”, dice la empresa.

Sin embargo, para que los planes de las empresas y del Gobierno se cumplan y se sostengan en el tiempo –Duque asegura que en 2023 las energías renovables representarán el 20 por ciento de la matriz energética del país–, primero habrá que entender la complejidad del pueblo wayuu. 

El reto más inmediato será poner en marcha los “gigantes” de Guajira I, las plantas de generación y todo el sistema para conectarse al Sistema Interconectado Nacional. Según Isagen, la entrada en operación comercial del proyecto será en mayo de este año, pues todo está construido y en pruebas. Pero Indepaz afirma que aún hace falta construir una nueva subestación, ya que la que existe actualmente no aguantó la carga: una agenda apretada y con varios pendientes frente a las comunidades que habitan el territorio.

Nancy ve con escepticismo el furor de los proyectos eólicos y teme que se sigan replicando los errores de Jepírachi. Sin embargo, ante la indiferencia de la administración municipal sabe que tiene que trabajar con lo que hay: una fundación respaldada por EPM con la que desarrolla proyectos que buscan preservar y transmitir los conocimientos ancestrales de sus mayores. Irónicamente, su principal preocupación, es qué pasará el próximo año –cuando finalice el proyecto de Jepírachi–, con la planta de agua que la empresa les instaló y que sigue administrando. “No hay nadie aparte de EPM que se le apunte”, lamentó.