No hay plata pa' tanta gente

Como en casi cualquier otro país en desarrollo, en Colombia una parte de la inversión y del gasto depende de la emisión de deuda en mercados extranjeros y de los recursos que otras Estados, fondos, empresas o inversionistas deciden consignar en el país para obtener sus ganancias. 

Estos recursos los podemos encontrar reflejados en dos cuentas diferentes: el déficit de cuenta corriente, que mide la posición comercial del país en el resto del mundo, y el déficit fiscal, que mide, en el balance primario y total del Gobierno nacional central, la cantidad de deuda que fue necesaria para cumplir con los gastos del país. 

Ambos dependen de una serie de factores –como cuánto es necesario financiar en el mundo o la percepción que tiene el mundo sobre el país– que pueden determinar cuánta inversión llega a la nación o a qué tasa de interés se aprueban los créditos o se compran los bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda. Así, los dos déficits terminan limitando el gasto público.

El déficit fiscal

Colombia lleva diez años aplicando un mecanismo conocido como la Regla Fiscal, que con la pandemia tuvo dos años de flexibilidad para permitir mayor gasto en atención a la emergencia, y que fue modificada para hacer más claras sus normas y delegar en un comité independiente el cálculo del déficit fiscal máximo que el país puede permitirse cada año. 

Como consecuencia, Colombia podrá tener un déficit fiscal máximo de 6,2 por ciento del PIB en 2022 y deberá seguir una estricta senda de reducción en los próximos años. Es decir, al hacer el balance de las cuentas del Gobierno nacional central, su deuda podrá ser equivalente a máximo el 6,2 por ciento del producto nacional.

Este límite incluye los ingresos adicionales que está ganando el Gobierno por cada peso adicional que le ingresa con los precios altos del petróleo. Según la Regla Fiscal, parte de estos recursos extra deben destinarse a pago adicional de la deuda; otra, obviamente, al Presupuesto General de la Nación, y parte de eso, incluso, a ir pagando lo que se vaya causando en el segundo semestre de este año en déficit del FEPC, explicó el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.

Con estas normas vigentes, si el nuevo gobierno quisiera sumar gastos a las cuentas nacionales para cumplir sus promesas, el mayor limitante va a ser la Regla Fiscal, que implica un ajuste en el balance primario de 2,3 puntos porcentuales en 2023. "Eso obligaría al siguiente gobierno a tener un recorte o ajuste en el gasto o a presentar una reforma tributaria”, adviertió José Ignacio López, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.  

El problema es que ninguno de los dos planes de gobierno de los candidatos ha sido claro sobre sus propuestas de reforma tributaria ni sobre cómo las lograrían, por lo que es difícil por el momento calcular cuánto realmente podrían recaudar para financiar sus nuevos proyectos. 

Hay que recordar, además, que las normas del país obligan a que cada nuevo proyecto de gasto que se presente al Congreso incluya su fuente de financiación explicada correctamente, para que no se convierta en un proyecto sin futuro por su falta de recursos o vaya a engrosar el déficit fiscal. 

El ministro Retrepo señala que, en el caso de querer añadir o eliminar programas de gasto social, la ley establece algunos criterios. "Es responsabilidad de los actores del Gobierno evaluar si mediante una ley se reestructuran algunos de esos programas o no, según sea el caso. Por ejemplo, dentro de la Ley de Inversión Social se consideró el Incentivo al Empleo, que dura tres años y se podría eliminar, pero debería incorporarse en una ley y, obvio, transitar por el Congreso de la República y se podría hacer a través de la Ley de Presupuesto General de la Nación”.

Otro ejemplo es el programa de Ingreso Solidario, que desde 2023 necesitará una nueva fuente de recursos, si el nuevo gobierno quiere mantenerlo. Ese proyecto debe quedar aprobado por el Congreso antes del primero de enero del próximo año.

Déficit de cuenta corriente

El Gobierno también se enfrenta al déficit de cuenta corriente, financiado en las cuentas nacionales mediante inversión extranjera directa, un 70 por ciento, e inversión extranjera de portafolio, en el restante 30 por ciento, según los cálculos del Ministerio de Hacienda. 

“Pero para que eso ocurra los financiadores deben tener confianza en que el país seguirá creciendo, genere ingresos y mantenga una posición de deuda creíble y razonable”, señaló Gabriel Angarita, economista experto en política pública. 

Es decir, ante una mayor incertidumbre que puedan generar los anuncios del rumbo que tomaría el país con la nueva administración, muchos de estos recursos podrían salir de las cuentas y eso aumentaría aún más el precio del dólar frente al peso. 

Con una mayor devaluación, señala José Ignacio López, las cuentas del país tendrían que ajustarse con menor consumo interno. Es decir, se desaceleraría nuestra demanda, con las consecuencias que ello tendría sobre el ritmo de la economía. En pocas palabras, terminaríamos por crecer menos. 

Con un PIB a menor ritmo, el Gobierno recauda menos impuestos, pues las empresas producen menos y generan menores ganancias, mientras que las personas consumen menos. El empleo también se ve en problemas si el sector empresarial se desacelera. 

Por el momento, el pronóstico del Banco de la República es un déficit de cuenta corriente de 4,7 por ciento para este año, una reducción de un punto porcentual desde el 5,7 por ciento del año anterior, gracias a los mayores precios del petróleo, el crecimiento de los servicios y el turismo así como de la demanda interna.