19 Septiembre 2022

Presupuesto 2023: no hay salud para tanta gente

Crédito: Yamith Mariño

La ministra de Salud recortó el presupuesto y de todos modos recibió una adición de 1,3 billones de pesos, pero su distribución de los recursos podría generar una crisis en 2023.

Carolina Corcho, hoy ministra de Salud, defendió con todo su esfuerzo la Ley Estatutaria de Salud que se creó durante el gobierno pasado y que obliga al Estado a garantizar el acceso a servicios de salud a todos los colombianos. Pero ahora, con sus cuentas, el sistema podría recibir menos recursos de los que necesita el próximo año.

 

En el proyecto de presupuesto general que había radicado el anterior gobierno ante el Congreso, el Ministerio de Salud tendría una partida de 8,1 billones de pesos que la ministra Corcho recortó a 3,8 billones de pesos. Y en un debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes la ministra dijo que solo destinaría 2,2 billones de pesos al pago de los planes contributivo y subsidiado de salud pues no confía en las cuentas de las EPS, que le reportan a su cartera y con los cuales, además de tener en cuenta la inflación proyectada para el próximo año, se asigna un presupuesto a la prestación de salud en todo el país. 

Y la forma como se reparten esos recursos entre todas las entidades es que el Ministerio de Salud calcula cuánto cuesta cada año la unidad por capitación (UPC), es decir, cuánto le cuesta a una entidad, por mes, atender a un paciente según sus características: edad, si es hombre o mujer, si está en edad fértil, etc. A cada entidad se le pagan las UPC correspondientes según la población que atiende.

Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social y experta en salud y pobreza, advierte que “estamos en una situación en el sistema de salud que es muy preocupante. Primero, el año pasado cuando se hicieron las decisiones de UPC, se esperaban que el incremento de los precios fuera del 5 por ciento y resulta que van en 9 por ciento y parece que va a cerrar en 11 por ciento. Eso quiere decir que el presupuesto de aseguramiento para 2023 va a estar desfinanciado porque, aún pensando en un escenario donde solamente se incrementan o corrigen las subidas de los precios y un pequeño mayor uso del sistema de salud, faltan recursos porque hoy ya las EPS tuvieron que asumir mayores costos y el incremento que se propone solo actualiza el presupuesto al mismo valor de este año”.

Como si fuera poco, más de la mitad de estos recursos se asignan al sistema subsidiado, es decir el de los colombianos pobres y vulnerables. Y como es para el sistema subsidiado, el dinero se gira directamente a los hospitales que atienden a esta población. Con un presupuesto que no soluciona los mayores costos de 2022 y solo actualiza su valor con base en la inflación esperada para el próximo año, estas entidades no tendrían los recursos suficientes para, por ejemplo, comprar los insumos necesarios para la atención de los pacientes.

Cárdenas destaca que la consecuencia es que “la gente que va al hospital público no va a tener todos los insumos para que sean atendidos correctamente. Hay todo un discurso de atender y proteger el derecho a la salud de los colombianos, pero no está protegido porque en realidad no le estamos dando la plata al sistema para que más colombianos vayamos más veces al médico y apenas le estamos dando la plata para cubrir los costos de la inflación”.

La situación haría aún más difícil el acceso a salud por parte de los pobres y vulnerables, es decir que no se estaría cumpliendo la Ley Estatutaria de Salud que antaño defendió Carolina Corcho. 

En la última semana, el Ministerio de Hacienda anunció que le asignaría al sector salud un presupuesto adicional de 1,3 billones de pesos, que la ministra Corcho aseguró en el debate en la Comisión Séptima que se asignará a la construcción de hospitales y a su modelo de salud preventiva. 

Presupuestos mínimos 

Otra partida que se le asigna a los prestadores de salud en el sistema actual es de presupuestos máximos, creado también por el gobierno anterior. La idea del mecanismo es anticiparse a las tutelas por tratamientos y tecnología que no cubre el plan de aseguramiento en salud y que los médicos reporten las prescripciones especiales de sus pacientes a un sistema controlado directamente por el Ministerio de Salud.

Con este sistema, el mismo ministerio puede monitorear el gasto en nuevas tecnologías y tratamientos de alto costo en el sistema de salud y asignarles un presupuesto que se paga mes a mes a los prestadores del servicio. 

El mismo gobierno anterior dijo que el sistema podía ser sujeto a evaluaciones y mejoras, pero la ministra Corcho, de nuevo, no confía en un sistema que depende directamente de su ministerio. 

Según información de la Adres, la entidad del sector salud que reemplazó al Fosyga y está encargada de girar los recursos a las entidades del sistema, solo en los primeros 13 días de septiembre se han girado 217.515 millones de pesos por este concepto.

Además, en el debate la ministra Corcho explicó que preveía una inflación de 9 por ciento para hacer sus cálculos del presupuesto de 2023 para el sector. Pero le falta que sea diciembre y en una concertación con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, en el que se tiene en cuenta el cálculo de Hacienda sobre la inflación esperada, se defina el costo de las famosas UPC.

Esto sin tener en cuenta que el país importa una buena parte de los insumos médicos y medicinas, un costo que dependerá de la tasa de cambio de Colombia el próximo año y de la evolución de las cadenas globales de producción que se siguen recuperando de los choques que empezaron en 2020 con la pandemia.

También se espera que por cuenta de los controles médicos a los que no asistieron los colombianos en 2020 y 2021 por la pandemia y la falta de acceso a servicios del sistema por atención a la pandemia, en 2023 aumente el volumen de pacientes que necesitan visitar clínicas, hospitales y consultorios médicos.

Atención primaria y prevención

Tatiana Andia, experta en salud, explicó que “la apuesta del nuevo gobierno es por la salud preventiva, especialmente en los territorios. Esto, entendiendo que para el sistema puede resultar menos costoso atender ciertas enfermedades cuando están iniciando para evitar que más adelante requieran traslados a ciudades o intervenciones y tratamientos más complejos y por lo tanto más costos”.

El problema es que traducir esa teoría en números y estimar cuánto se va a ahorrar el sistema y en cuánto tiempo lo hará es difícil y nadie puede justificar con exactitud por qué no hace falta la plata que se reduce en el presupuesto del sector para 2023.

Además, en el debate público poco se ha mencionado que Colombia avanza en las negociaciones con el Banco Mundial para un crédito que permita justamente financiar equipos interdisciplinarios de atención primaria y en el territorio para complementar la atención preventiva.

Sin embargo, Andia advierte que “el sistema nunca ha tenido excedentes y cualquier movimiento puede afectar la liquidez de los hospitales y los costos de atención a los usuarios. Yo le apostaría a no reducir el presupuesto y más bien, en la práctica, utilizar esos recursos de manera diferente, por ejemplo, en mejores planes de prevención en salud”.

Al cierre de este artículo, CAMBIO no había recibido respuesta del Ministerio de Salud y Protección Social.