Qué son los vapeadores y por qué la Superindustria les abrió investigación
Crédito: Yamith Mariño
En los últimos meses se han levantado quejas contra cuatro empresas que venden vapeadores por no proporcionar información completa a los consumidores sobre los riesgos de sus productos.
Las advertencias sobre los efectos nocivos de la combustión del tabaco, la nicotina y los otros componentes de los cigarrillos llevaron a las empresas a desarrollar los famosos vapeadores, cuya venta es ahora motivo de investigación en Colombia.
Los vapeadores se ofrecen con el concepto de reducir el riesgo de enfermedades pulmonares relacionadas con el consumo de cigarrillos, pues no se quema nada. En su lugar, el dispositivo tiene la capacidad de calentar lo suficiente un líquido que contiene nicotina para que genere vapor.
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Así, los consumidores de nicotina acceden a este componente químico a través del vapor del líquido que compraron.
La Superintendencia de Industria y Comercio recibió varias quejas sobre cuatro empresas productoras y comercializadoras de estos productos, porque presuntamente estaban incumpliendo las normas de protección al consumidor.
Según la Superindustria, British American Tobacco Colombia S.A.S., Inversiones Glu Cloud S.A.S., Grupo DIY S.A.S. y Lifetech S.A.S. habrían incumplido las normas a la hora de brindar información suficiente para que los consumidores decidan si compran o no sus productos, y eso habría vulnerado especialmente los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Estas empresas podrían recibir multas hasta por 2.000 salarios mínimos, equivalentes a 2.000 millones de pesos, si la Superindustria comprueba que efectivamente, dentro de sus ventas en el comercio electrónico no entregaron “información clara, oportuna y precisa respecto de la intensidad de nicotina ofrecida a los usuarios”, no presentaron información mínima en idiomas diferentes al castellano y tampoco incluyeron en los envases y empaques información clara sobre cómo utilizar correctamente los productos ni su potencial nocivo.
Las empresas investigadas tampoco habrían implementado medidas para verificar la edad de sus consumidores en las ventas electrónicas, pero sí habrían incluido cláusulas en sus contratos de adhesión que afectarían los derechos de los consumidores.
