10 Junio 2022

Reforma tributaria: Gustavo Petro y Rodolfo Hernández versus el bolsillo de los colombianos

Aunque coinciden en la necesidad de una nueva reforma tributaria, difieren en la forma: Gustavo Petro basaría la suya en el impuesto de renta; Rodolfo Hernández, en el IVA. ¿Cómo pinta esta nueva cruzada por el recaudo?

Como hace cuatro años, uno de los factores que inciden en la disputa por la Presidencia de la República es la reforma tributaria que llegará con el cambio de gobierno. En esta oportunidad, cada candidato propone una reforma basada principalmente en un impuesto: Gustavo Petro se basaría en la renta a personas naturales y jurídicas; Rodolfo Hernández buscaría cambiar el IVA.

Otra coincidencia entre los candidatos presidenciales está en anotar que el problema del recaudo está en los “huecos” que tiene el sistema tributario y que, si bien son diferentes en cada tipo de impuesto, hacen que el recaudo del país como porcentaje del PIB esté por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), a la que pertenece: mientras en Colombia apenas alcanza el 19,4 por ciento, en la organización es de 33,8 por ciento. 

A esto se suma que, de acuerdo con los cálculos del Consejo Privado de Competitividad, en 2021 el recaudo de impuestos del país estuvo compuesto en 54,3 por ciento por impuestos directos y en 45,7 por ciento por impuestos indirectos. En la OCDE, la mezcla fue de 67,1 por ciento impuestos directos y 32,9 por ciento indirectos.

Impuestos según el CPC

La reforma tributaria del nuevo gobierno estaría enfocada en aumentar el recaudo del país, para cumplir con las promesas de gasto social y con las metas de reducción del déficit fiscal, marcadas por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que tienen en cuenta el ciclo petrolero y los gastos adicionales que tuvo que hacer el país para responder a la emergencia económica generada por la pandemia del coronavirus.

Gustavo Petro y la renta

El líder del Pacto Histórico espera aumentar el recaudo en mínimo 3 puntos del PIB, equivalentes a cerca de 30 billones de pesos. Si a sus modificaciones en el impuesto a la renta de empresas y personas naturales se suman las medidas complementarias que ha propuesto, lograría por lo menos otro punto del PIB; es decir, en total estaría recaudando 40 billones de pesos adicionales. 

Su reforma tributaria está basada en el ya reconocido diagnóstico de la proporción invertida que tiene Colombia en su impuesto a la renta. Mientras el estándar internacional es que la mayoría de este impuesto lo paguen las personas y no las empresas, en el país, según señala Ricardo Bonilla, asesor económico de Petro, “el recaudo de renta corporativa es cercano al 80 por ciento y en personas naturales al 20 por ciento”.

Bonilla explica que la idea de la reforma es invertir la situación al eliminar los beneficios, que generan en las personas jurídicas una competencia desleal. "Si queremos llegar a una economía mejor organizada, pongamos las reglas más claras y simples. Si se hace eso, la tasa plana de la renta corporativa podría bajar hasta 25 por ciento para grandes y 20 por ciento para pequeñas si se equilibran las cargas; y, además, se cierra la brecha entre tasa nominal y efectiva”.

Para la renta de personas naturales, la reforma eliminaría los beneficios por pago de créditos o ahorro destinado a la compra de vivienda y por aportes voluntarios a pensiones, los cuales, según Bonilla, “solo aplican para medianos y altos ingresos”. 

Esto vendría acompañado del fortalecimiento de la Dian para aplicar y organizar el estatuto tributario existente de modo que, según el asesor, se identifiquen los activos e ingresos reales tanto de las empresas como de las personas naturales. 

Allí la idea es que las empresas dejen de reportar activos y gastos que no corresponden al objeto de su negocio, como vehículos, apartamentos, viajes y alimentación, ya que esto hace que “los patrimonios de las personas naturales estén subvaluados; y los de las empresas, sobrevalorados. Eso también hace que la productividad sea baja porque tienen reportados activos que no son productivos”, advirtió Bonilla.

Con este nuevo enfoque, la reforma tributaria también plantearía más tarifas que hagan más progresivo el impuesto de renta de personas naturales, a lo que se sumaría nuevamente el impuesto de renta presuntiva, con una tasa que, posiblemente, sea superior al 5 por ciento que se aplicaba anteriormente, más el impuesto al patrimonio.

Según los cálculos de Bonilla, solo estos cambios aumentarían el recaudo tributario nacional en entre 3 y 4 puntos porcentuales del PIB; es decir, mínimo 30 billones de pesos adicionales. 

La cuenta es que eliminar las exenciones en renta corporativa, para dejar solo aquellas que realmente generen empleo y promuevan las exportaciones, permitiría sumar 2 puntos porcentuales. Las modificaciones en renta natural sumarían un punto porcentual, además de dejar a las personas aportando más que las empresas a las cuentas nacionales. 

Otro punto porcentual del PIB podría sumarse con el impuesto al patrimonio y la renta presuntiva. Todo esto se reforzaría a nivel territorial con la aplicación del catastro multipropósito, que ya existe y que debería ayudarles a los gobiernos locales a identificar los predios que deben pagar tarifas más altas de impuesto predial.

Petro no modificaría sustancialmente el IVA, aunque propone que los impuestos saludables entren al sistema en forma de una tarifa de IVA más alta para los alimentos ultraprocesados y altos en azúcares. 

Hernández y su cambio del IVA

Por su parte, Rodolfo Hernández no propone mayores cambios en el impuesto a la renta, además de eximir del impuesto durante los primeros años a las empresas que se creen en el país; pero sí haría modificaciones sustanciales al IVA. 

Según el plan de gobierno del candidato de Bucaramanga, es necesario eliminar las devoluciones del IVA. En lugar de incluir más bienes y alimentos en este impuesto a cambio de bajar su tarifa, lo que haría su reforma sería imponer una tarifa de 10 por ciento sin posibilidad de devolución. 

Además, la canasta familiar quedaría por fuera de este impuesto, y la lista de bienes y servicios excluidos se reclasificaría entre los gravados con el 10 por ciento y los exentos, que son aquellos que tienen derecho a devolución aunque al consumidor no se le cobre el impuesto. 

Sin embargo, la propuesta de Hernández tiene el riesgo de aumentar el valor de los bienes y servicios que quedarían gravados, ya que sus productores a lo largo de la cadena no podrían descontar el impuesto. 

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana ha advertido que la propuesta de Hernández convertiría al IVA en un impuesto sobre las ventas. “Pasaría algo parecido a lo que habría sucedido si se hubiera aprobado el proyecto de reforma tributaria propuesto por el Gobierno nacional el abril de 2021, el cual transformaba los bienes exentos en bienes excluidos: los vendedores de productos finales, al enfrentar mayores costos de producción por no poder descontar el IVA de los insumos que emplean, pasarían esos costos tributarios adicionales a los consumidores”. 

Por esta razón es que el diseño del IVA permite las devoluciones a los productores: para evitar que el costo del impuesto termine trasladado únicamente a los consumidores finales y que estos deban asumir los mayores costos de producción.