Tarifas de energía: ¿podría Colombia ser otro Electricaribe?
Crédito: Fotoilustración: Yamith Mariño
Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), dice que reducir más las tarifas de energía, como lo propone Petro, es inviable.
Los precios de la energía fueron protagonistas del alza de la inflación en agosto. En consecuencia, el Gobierno promovió un acuerdo entre las empresas privadas del sector para ajustar la fórmula de cálculo de las tarifas y bajar los precios, para reducir el impacto en los bolsillos de los colombianos.
Entre los acuerdos con las empresas de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y el cambio del Índice de Precios al Productor (IPP) por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el cálculo de las tarifas, el Gobierno proyectó disminuciones de entre 4 y 8 por ciento.
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Aunque después del pacto las facturas de energía se empezaron a estabilizar, los incrementos en los precios de energía en bolsa, que llegaron a cerca de 400 pesos por kilovatio, han diluido parte de esas reducciones estimadas por el Gobierno, lo que provocó una nueva declaración pública del presidente Petro.
El presidente dijo, durante la presentación del balance de sus primeros 100 días de Gobierno, que no era posible que los precios de la energía estuvieran altos en un momento en el que el nivel de los embalses, que generan la mayoría de la energía eléctrica del país, también está alto, y que detrás de esos precios podría haber especulación. A partir de esta presunción, el Gobierno quiere bajar más las tarifas de energía.
Lo raro de la declaración de Petro es que no es al Presidente al que le corresponde suponer si hay especulación o no, sino a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios investigar si hay o no sobrecostos en las tarifas.
La Creg, como entidad regulatoria, tendría por su cuenta la decisión de modificar la fórmula de cálculo de las tarifas de energía eléctrica para determinar un menor costo del servicio que llega a los hogares colombianos.
Aunque el presidente tiene razón en que un precio tan alto de energía en bolsa es inusual en un momento de embalses llenos por el invierno, el 90 por ciento del valor de energía que ven los colombianos en sus facturas no depende del valor en bolsa, sino de los contratos que se firmaron hace varios meses y sobre los que ya se hicieron negociaciones en el ‘Pacto por la Justicia Tarifaria’.
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En el caso de las generadoras de energía térmica, que operan con carbón o gas natural, el panorama es diferente, pues aunque las tarifas son relativamente estables, los costos de producción de esta energía han aumentado en los últimos meses por los mayores precios internacionales del carbón y el gas natural por el conflicto entre Rusia y Ucrania, a lo que se suma la devaluación del peso.
Para Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), “el acuerdo tarifario de energía fue un esfuerzo financiero que logró estabilizar las tarifas. Pero pensar en disminuirlas más no sería viable”.
La razón es que la inflación, la devaluación y el pacto tarifario ya redujeron los ingresos de las empresas del sector. A eso deben sumarse los mayores costos esperados por la reforma tributaria, que, entre otras cosas, le impone una sobretasa de 3 puntos porcentuales a las hidroeléctricas.
Y si a todo eso se le suma la obligación de reducir las tarifas por orden del Gobierno, Castañeda advierte que las empresas podrían reducir sus inversiones en infraestructura y los pagos en mantenimiento de redes, lo que llevaría al deterioro del sistema y en el futuro a cortes de energía, como Electricaribe.
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La empresa responsable del servicio de energía eléctrica para la Región Caribe mantuvo tarifas bajas durante varios años, lo que, sumado a las pérdidas por conexiones ilegales, llevó a que la empresa dejara de invertir y de pagar costos de operación y mantenimiento aproximadamente entre 2004 y 2015. Bajó la calidad del servicio y las finanzas de la empresa se deterioraron a tal punto que el Gobierno decidió liquidarla y venderla a dos nuevos operadores, que ahora deben invertir cerca de 8 billones de pesos en los próximos años para recuperar el sistema.
Otro ejemplo está en Argentina, cuyo gobierno decretó en su momento una disminución de tarifas que llevó a menos inversión y a la pérdida de calidad y confiabilidad en el servicio eléctrico del país.
Para Castañeda, “el sector ha sido coherente durante 25 años en remunerar los servicios por eficiencia y seguridad. Disminuir las tarifas tiene un límite que es la rentabilidad. Y si no hay rentabilidad, las empresas dejan de invertir y de gastar en operación y mantenimiento”.
