La ley que pondrá a universidades de garaje a pagar los créditos de Icetex

De los 10,9 millones de jóvenes entre 16 y 24 años que hay en el país, 6,4 millones estaban cursando algún título de educación superior para 2020 y el 13 por ciento de ellos, es decir, 880.000 muchachos, tienen un crédito con el Icetex. El 91 por ciento de estos jóvenes endeudados con la entidad son provenientes de estratos 1, 2 y 3.

Hasta hace apenas unos días, el Icetex capitalizaba los intereses de los créditos otorgados, eso quiere decir que aunque un joven estudiante no pagara cuotas de su deuda durante la carrera, en ese tiempo de estudio sí se generaban intereses que se iban sumando mensualmente al capital. 

Cuando el estudiante finalizaba su carrera ya había acumulado una deuda bastante considerable en intereses que se sumaba al capital inicial. Las cuotas mensuales por pagar estaban aproximadamente entre 600.000 y 800.000 pesos, lo que representa casi la mitad del sueldo de un recién egresado. El estudiante, deudor del crédito, terminaba pagando el doble y en algunos casos hasta el triple del capital inicial. 

Con la reforma anunciada por el director del Icetex, Mauricio Toro, y el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, se elimina la capitalización de los intereses y los deudores de créditos educativos ofrecidos por esta entidad solo deberán pagar el capital más IPC. Esto es un avance que convierte al Icetex en una entidad que entiende la realidad económica de las juventudes. 

También anunciaron que empezará aplicarse la Ley 1911 de 2018, que establece el monto de las cuotas por pagar de acuerdo con las ganancias mensuales que reciba cada deudor. 

Esta ley también establece una tasa de contribución por parte de las universidades al financiamiento de las cuotas contingentes al ingreso y se mide con una escala que varía con base en el comportamiento de deserción que hay en cada universidad. Esto evitará que fundaciones universitarias de garaje con altísimas tasas de deserción sigan financiándose con las deudas de Icetex. 

Por su parte, la Ley 1886 de 2018 prohíbe al deudor hacer el traslado del cobro prejurídico de las obligaciones en mora. Esto es, en palabras de Rodrigo Lara en una columna publicada en CAMBIO, “una práctica infame y corrupta diseñada para enriquecer a selectos abogados cobradores y sus call centers”, quienes se lucran con las enormes deudas de los estudiantes.