8 Marzo 2022

La otra red de corrupción en la que aparece Mario Castaño

Senador Mario Castaño en un billar de Aguadas (Caldas) en agosto de 2018.

Crédito: Archivo particular

El expediente que llegó el pasado viernes, 4 de marzo, a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no es el único contra el senador liberal Mario Castaño Pérez. Hay otro que lo vincularía con hechos ocurridos en las elecciones del año 2018 y que tiene que ver con corrupción electoral. El primer proceso le correspondió al magistrado Misael Rodríguez. El segundo, lo tiene hace dos años sin decisión el magistrado Francisco Farfán.

Por: Guillermo Gomez

En esa ocasión, 11 de marzo de 2018, miembros de la Policía estaban vigilando a José Máximo Salas, un hombre de 65 años del que se dijo que se dedicaba a tomar fotografías en parques, pero que también hizo política como edil. Era mediodía y Salas estaba ubicado en una esquina del Colegio Exalumnas de la Presentación, en Ibagué, vestía una camisa de cuadros verdes y grises. Los policías notaron que Salas estaba comprando votos, lo capturaron y lo llevaron ante un fiscal, quien calificó el delito como corrupción al sufragante en calidad de cómplice.


Cuando revisaron su teléfono celular, encontraron un cruce de llamadas que, al parecer, comprometen al senador y candidato Mario Castaño, y a Gonzalo Parra, aspirante a la Cámara de Representantes en ese año 2018. Las evidencias fueron aportadas al proceso que terminó por debilitar a Salas, quien en un inicio se negaba a aceptar que hacía parte de un delito.

 

Encontraron un cruce de llamadas que al parecer compromete al senador y candidato Mario Castaño.

Ese día de marzo, Salas tenía en el bolsillo izquierdo del pantalón 14 billetes de 50.000 pesos; en el bolsillo derecho, el celular del que se extrajeron conversaciones y registros de llamadas; en un bolso gris, propaganda política de los dos candidatos y nueve fotocopias de cédulas. Salas ofrecía 50.000 pesos a cambio de votar por el número 50 al Senado (Partido Liberal) y el 101 a la Cámara (MAIS). El número 50 era el de Mario Castaño y el 101 el de Gonzalo Parra González.

Luego de admitir su culpa, Salas llegó a un acuerdo con la Fiscalía. La mañana del 15 de julio de 2019 una jueza lo condenó a 24 meses y a pagar una multa de 82 millones de pesos. Firmada la sentencia, la jueza envió el expediente a la Procuraduría y a la Corte Suprema de Justicia para que investigaran a Mario Castaño. En ninguna de las dos instancias se conocen resultados.  

El caso de Castaño, quien antes de ser congresista trabajó como pagador en la Gobernación de Caldas y gerente financiero de la industria licorera de ese mismo departamento, llegó al despacho del magistrado Francisco Farfán, quien dos años después no ha resuelto si acusa al cacique liberal o archiva la investigación.

Fallo del juzgado del juzgado de Ibagué que ordenó investigar al senador Mario Castaño en el año 2019.
Fallo del juzgado de Ibagué que ordenó investigar al senador Mario Castaño en el año 2019.

El reciente proceso contra Castaño

El pasado viernes, 4 de marzo, simultáneamente a la captura de las nueve personas vinculadas a la cadena de corrupción que al parecer era dirigida desde la oficina del senador Mario Castaño, desde la Fiscalía se estaba enviando a la Corte Suprema de Justicia un documento en el que se pide investigar a Castaño por su presunto vínculo con esa red que tenía engranaje en Cali, Popayán, Pereira e Ibagué, en la que se direccionaban contratos a cambio del 10 por ciento del valor.

Nueve personas vinculadas a la cadena de corrupción que al parecer era dirigida desde la oficina del senador Mario Castaño.

Mientras se iniciaba la imputación de cargos contra los nueves detenidos, en el interior de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema se repartía el expediente contra Castaño, le correspondió al magistrado Misael Rodríguez, quien deberá valorar las evidencias y definir si llama a declarar a testigos para luego tomar la determinación de acusar o archivar.

Los imputados hasta el momento

Las nueve personas capturadas, quienes según la Fiscalía direccionaban contratos de obras públicas en Tolima, Risaralda, Chocó, Cauca y Valle del Cauca para que quedaran en manos de los que decía el senador son: Wilmar Herrera Gallego, exalcalde de Norcasia; Juan Sebastián Vargas Marín, exsecretario de Planeación de Manzanares; Alejandro Noreña Castro, exasesor del Senado; Daniela Ospina Loaiza, Jeiler Sánchez Moreno¸ Nova Lorena Cañon Reyes, Claudia Marcela Castaño Morales, Santiago Castaño Morales y Harvis Arturo Rentería Rivas.