Los expedientes de cuatro menores condenadas por abortar

Casos similares debieron ocurrir en toda Colombia. Estos cuatro sucedieron en varios municipios de Santander y Norte de Santander. Las protagonistas eran menores de edad y todas ingirieron pastillas para interrumpir su embarazo ante el temor de que se enteraran sus padres. Terminaron en centros de salud, unas con más complicaciones y fueron condenadas por el delito de aborto. Aunque no hubo cárcel para ninguna, estuvieron sometidas al dolor físico, a los agravios, a los reproches y los señalamientos de quienes debían ofrecerles atención médica, psicológica y protección. “Me gustaría tomar las reglas de conducta porque tomé una mala decisión... esas clases para que me enseñen a ser mejor persona”, dijo una de las menores condenadas durante la audiencia. 

El relato de estas jóvenes, condenadas a penas de 16 a 54 meses de prisión, muestra otra faceta del tema del aborto que fue despenalizado esta semana por la Corte Constitucional. En Colombia cada año 132.000 mujeres llegan a centros hospitalarios por complicaciones de abortos practicados en condiciones inseguras. 

“El mundo se me vino encima”

Adolescente de 17 años
Villa del Rosario

Llegó a urgencias de la clínica el 27 de enero de 2016, a la medianoche. Los médicos le tomaron sus datos personales y encontraron que tenía apenas 17 años. El diagnóstico: un aborto reprimido de 6 a 7 semanas es decir, había llevado un embrión muerto en su vientre por más de mes y medio. El caso podría haberse complicado mucho más. La paciente relató haber ingerido unas tabletas días antes del hecho. Le realizaron una ecografía y encontraron un embrión sin actividad cardíaca: “Yo le realicé el legrado obstétrico sin complicaciones, retirando solo restos ovulares”, relató el médico tratante en el reporte que figura en el expediente. 

La discusión durante el juicio consistió en qué tipo de pena le impondrían a la adolescente. Pensaron en condenarla a seis años de prisión. No obstante, por su edad, por no tener antecedentes y por estar estudiando una carrera técnica en salud ocupacional, la juez le conmutó la sentencia por asistencia obligatoria a un curso de derechos humanos y convivencia ciudadana dictado por el Ministerio Público. 

Este fue el relato de la acusada: 

Para inicios de enero de 2016 presenté un retraso menstrual, por lo cual opté por realizarme una prueba casera de orina para embarazo, cuyo resultado fue positivo. A raíz de este resultado me puse muy asustada, pues no sabía qué decirle a mi mamá. Entonces yo empecé a investigar qué podría tomar para interrumpir el embarazo sin tanto riesgo. 

Yo estaba estudiando y sentí que el mundo se me vino encima. Así mismo, la situación económica en mi casa es muy precaria. Mientras averiguaba por internet, di con una página (…). Yo la contacté, y quien me contestó me hizo varias preguntas (…) Esta persona me dijo que enviara la suma de $80.000 mediante un giro por Efecty. 

Luego, cuando confirmaron el giro, me enviaron las pastillas llamadas Citotec con un domiciliario y me dieron las indicaciones. Debía ingerir dos pastillas e introducirme dos más, por vía vaginal. Este proceso lo hice a las once de la noche y aproximadamente a las tres de la madrugada me iniciaron los cólicos y el sangrado. 

Este sangrado duró los dos primeros días, pero en internet vi que este debía haber durado unos 20 días y debería ser más abundante, o de lo contrario podría ser un aborto retenido. Yo contacté por internet a una trabajadora social que me recomendó que me dirigiera a la clínica y me sacara una ecografía intravaginal. 

Yo fui, lo hice y el ginecólogo me dijo que, efectivamente, era un aborto retenido. Que me dirigiera a la EPS de inmediato a recibir atención médica. De ahí yo me fui para la clínica en donde me atendieron y, al ver que yo era menor de edad, llamaron a la Policía de Infancia y ellos llegaron a la clínica. 

Ella fue condenada el 28 de agosto de 2017 como autora del delito de aborto. Aunque no fue a la cárcel, hasta esta semana la sentencia aparecía en sus antecedentes judiciales. 

“Se logró establecer su culpabilidad”

Adolescente de 17 años
Cúcuta 

A las 12:15 de la madrugada del 6 de agosto de 2013, luego de que esta otra muchacha de 17 años ingresara a una clínica en San José de Cúcuta, los médicos procedieron a llamar de inmediato a la Policía de Infancia y Adolescencia. Habían deducido rápidamente, por los síntomas, que se trataba de un aborto. 

Cuando los agentes la entrevistaron, ella confesó haber tomado un medicamento llamado Misoprostol. La investigación se abrió y tres años después la Fiscalía le imputó el delito de aborto. Ella aceptó los cargos. Ante esa realidad, la conclusión de la justicia fue dura: “No se asoma duda alguna de su autoría, pues se logró establecer su culpabilidad”.

Sobre su conducta y entorno de vida, una psicóloga del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar declaró en un informe: “Convive con su grupo familiar de origen, pero ha establecido su propio núcleo familiar. Ha asumido su rol de madre y convive con el padre de su hija menor, brindándole buen trato. Pese a su situación sentimental, aún acata las orientaciones y normas impuestas por su señora madre; muestra interés en continuar con sus estudios; tiene proyectado retomar su proyecto educativo en el mes de julio con la ayuda de su pareja y núcleo familiar cercano”. 

Fue condenada por el delito de aborto el 14 de mayo de 2015 y su sentencia conmutada por una sanción pedagógica. No obstante tuvo que soportar interrogatorios, audiencias y declaraciones que marcaron su vida para siempre. 

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350.000 abortos se practican en Colombia al año, siendo el segundo país en América Latina después de Brasil donde cada año abortan 1.500.000 mujeres, según estudio de las Naciones Unidas de 2020.

 

“Tomé una mala decisión por no saber pensar”

Niña de 15 años
San Gil

Todo pasó el 8 de enero de 2020, entre las nueve y las once de la mañana. Los que primero llegaron a su casa, para atenderla y trasladarla a la clínica, no fueron médicos, sino agentes de la Unidad de Investigación Criminal de San Gil. Al llegar al lugar, encontraron a la niña en el baño de la casa, con sangrado en la parte baja y un bebé recién nacido. 

Ella tenía 15 años en ese momento. El pequeño llegó a este mundo con deficiencia respiratoria y fue atendido de inmediato. Minutos más tarde tuvo un paro respiratorio, logró ser reanimado pero, finalmente, a las 12:05 del mediodía, falleció. Al examinar a la madre, los médicos encontraron rastros de una sustancia química usada para interrumpir el embarazo. 

Un mes después, el juzgado primero penal de San Gil le imputó cargos por el delito de aborto. 

Ella estaba en décimo grado de secundaria. Al ser interrogada por los investigadores, dijo que su nivel académico era bueno y que estaba arrepentida por la decisión que había tomado “por no haber tenido confianza con sus padres”. Agregó que deseaba terminar sus estudios de bachillerato y luego llegar a una universidad. 

En su intervención, durante la acusación ante el juzgado, el fiscal habló de manera hiriente contra la menor: “Pido especial atención y esta reflexión no se puede quedar ahí, no se puede quedar en una simple reflexión. Aun no comprendo, después de haber visto el caso y de haber estudiado cada una de las situaciones que se presentaron, y más aún, viendo el informe biopsicosocial, las causas por las cuales decidió abortar”. 

Y fue más allá. Aseguró que no solicitaba una medida de aseguramiento para la adolescente, “pues su estilo de vida y su forma de ver las cosas, su forma de vivir, la forma de relacionarse con su familia no la hace una persona peligrosa más que para sí misma”. 

Según su abogado defensor, el informe biopsicosocial probaba que la joven fue varias veces a la clínica a pedir ayuda por dolor abdominal, e incluso en algún momento perdió el conocimiento, pero nunca identificaron que estaba embarazada.

“Me gustaría tomar las reglas de conducta porque tomé una mala decisión, por no saber pensar y que esto me ayude a tomar una mejor decisión y a confiar en la gente, y esas clases para que me enseñen a ser mejor persona”, dijo la menor durante la audiencia. 

Fue condenada dos días después de que llegara a la clínica por el delito de aborto. Su libertad quedó condicionada a una vigilancia y, además, el juez le ordenó someterse a un programa de atención especializada durante un año. 

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En el mundo cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos. Veintinueve de cada cien embarazos se interrumpen voluntariamente, según cifras de las Organización Mundial de la Salud.

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“En el juicio, la adolescente guardó silencio”

Niña de 15 años
Cúcuta

La menor, de 15 años, ingresó al hospital el 15 de marzo de 2016, a las 9:13 de la mañana. Ingirió pastillas por las vías oral y vaginal para interrumpir su prematuro embarazo. Su caso  terminó en un legrado y, un año después, a los 16, fue condenada. 

Según la Fiscalía, ella sabía que estaba esperando porque su embarazo fue  producto de una relación consentida. El ente acusador lo fue más que nunca y sentenció que la adolescente al ingerir conscientemente las pastillas sabía que estaba “afectando su vida y la de quien estaba por nacer”. 

Ella cursaba séptimo grado de bachillerato, vivía únicamente con su padre. En el interrogatorio del juicio decidió guardar silencio. No contestó las duras preguntas que le incriminaban y revivían en el momento más duro de su corta vida. Tampoco respondió a los dictámenes forenses. 

Fue condenada por el delito de aborto el 8 de agosto de 2017, pero por el Código de Infancia y Adolescencia no se le impusieron penas sino sanciones con fines pedagógicos. Fue obligada a realizar un curso sobre derechos humanos y convivencia ciudadana, además de uno de educación sexual dictado por el Ministerio Público. 

La despenalización del aborto abre la posibilidad a adolescentes y mujeres adultas de buscar ayuda médica profesional si quieren practicarse un aborto. Las protagonistas de estos relatos no tuvieron esa oportunidad.