Mordaza a Otoniel
18 Febrero 2022

Mordaza a Otoniel

La Dijin de la Policía Nacional violó las condiciones de privacidad de una audiencia entre alias Otoniel,  líder máximo del Clan del Golfo, y la Comisión de la Verdad. Después de una hora dio por finalizada la reunión y expulsó al comisionado y al abogado defensor. Pero no fue la primera vez.

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Esta semana Dairo Antonio Úsuga tenía programadas tres sesiones con la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad para entregar información sobre los 35 años en que ha participado en el conflicto armado. Alias Otoniel conoce las entrañas de la guerra en el Urabá desde todos sus ángulos. Hasta hace poco fue el jefe máximo del Clan del Golfo o, como se llama a sí mismo de manera más rimbombante este grupo posparamilitar, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, nombre que con razón molesta a la familia de Jorge Eliécer Gaitán. Antes de ser “gaitanista” formó parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, y antes lo había sido de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y en épocas aún más pretéritas fue guerrillero y militó en el Ejército Popular de Liberación, que lo reclutó cuando era menor de edad. 

El miércoles Otoniel se reunió con la JEP en el pabellón de alta seguridad de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, en el occidente de Bogotá, donde se encuentra recluido. Como denunció el espacio radial El Reporte Coronell, el sitio de reclusión (?) no permitía las condiciones de privacidad necesarias, pues en la celda donde se llevan a cabo las diligencias cuenta con siete cámaras de seguridad. Camilo Santacoloma, abogado defensor de Otoniel, le confirmó a Cambio la existencia de las cámaras y dijo que no pueden saber si estas solo graban video o si también graban sonido.

El espacio radial El Reporte Coronell, el sitio de reclusión (?) no permitía las condiciones de privacidad necesarias.

El jueves era el turno de la Comisión de la Verdad y el comisionado Alejandro Valencia Villa acudió junto con el equipo jurídico de la defensa de Otoniel. Sin embargo, desde el comienzo surgieron los primeros problemas pues la Dijin solo permitió la entrada de un miembro del equipo de abogados a pesar de que en la solicitud a la Fiscalía se había estipulado la presencia de dos abogados. Además los guardias no permitieron que los comisionados entraran sus dos grabadoras, que siempre llevan como respaldo, diciendo que solo podían entrar una. 

Después de una hora de entrevista, los custodios de la Dijin entraron y obligaron al comisionado y al abogado a salir sin dar mayores explicaciones. Con el paso de las horas y luego del escándalo que provocó un comunicado que emitió la oficina Legal Services S.A.S (de la que forma parte Santacoloma, tanto la Dijin como la Comisión de la Verdad respondieron con sus propios pronunciamientos.

La Dijin manifestó que las diligencias deben tener autorización previa de la Fiscalía General de la Nación y argumentó que los protocolos de ingreso y seguridad “fueron vulnerados en las últimas horas, cuando de manera irresponsable se hizo pública la descripción exacta del lugar de detención de este individuo”. El texto agrega que lo anterior llevó al general Fernando Murillo, director de la Dijin, a ordenar la suspensión temporal de  la diligencia, y que esta puede retomarse en una nueva fecha. Pero el abogado dice que ya en medios de comunicación se había publicado que Otoniel estaba en el búnker de la Dijin y que en todo caso la ley no establece que esto haga parte de la reserva.

La Comisión de la Verdad respondió horas más tarde con su propio comunicado diciendo que la autorización para la entrevista había sido debidamente tramitada ante la Fiscalía General de la Nación e informada a la Corte Suprema de Justicia. Y muy diplomáticamente pidió garantías de confidencialidad y privacidad para recibir un relato libre y voluntario “máxime cuando los comisionados y sus funcionarios están exentos del deber de denuncia”. Esto se debe a que la Comisión de la Verdad no tiene un carácter judicial. Su tarea consiste en recopilar el mayor número de datos posibles del conflicto armado y no está obligada (incluso tiene vedado) trasladar la información que recibe sobre crímenes cometidos a las autoridades judiciales para que estas inicien procesos penales. A su vez, las autoridades judiciales tampoco le pueden requerir esa información. Por eso es tan importante que la Comisión de la Verdad pueda hablar a solas con Otoniel, sin las cámaras ni los oídos de la Policía ni de la Fiscalía.

“Máxime cuando los comisionados y sus funcionarios están exentos del deber de denuncia”.

Según el comunicado de la oficina de abogados que defiende al jefe del Clan del Golfo “desde el inicio de las audiencias con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad se ha evidenciado un ambiente hostil de los miembros de la fuerza pública”. Al referirse al que debía ser el tercer día de entrevista con la Comisión de la Verdad, expresó: “Vamos a ver qué pasa mañana”. El comunicado de la Dijin dice que la decisión de hoy de “de ninguna manera impide que la audiencia se retome y que el señor Úsuga David siga rindiendo su versión de manera libre y espontánea ante las instancias que lo requieran”.

El prontuario de Dairo Antonio Úsuga

Otoniel capturado
 Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel custodiado en la cárcel. Crédito: Colprensa

En contra de Otoniel cursan 122 órdenes de captura y seis condenas, entre ellas algunas por homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, profanación de cadáveres, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores, que se penalizan con 40 y 50 años de prisión. Entre estos crímenes también están los casos de violencia sexual. Alias Otoniel tenía una obsesión por las menores de edad, especialmente por niñas entre los 12 y 14 años, a las cuales les  engañaba con joyas, motos, ropa y comprando el silencio de sus padre en la zona del golfo de Urabá antioqueño y municipios de Córdoba, su centro de operaciones.

En Estados Unidos, la Corte Distrital del Sur de la Florida y la Corte del Distrito Este de Nueva York lo solicitan en extradición por los delitos de narcotráfico.

“Con la extradición de Otoniel se esfumaría cualquier esperanza de justicia”, lamenta el padre Javier Giraldo, sacerdote jesuita defensor de derechos humanos que trabaja en el Cinep. “1.500 procesos de lesa humanidad están documentados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los que habría complicidad del Clan del Golfo”, explicó Giraldo. Para el sacerdote el testimonio de Otoniel es clave para conocer las relaciones de la fuerza pública con grupos paramilitares. “Al mundo se le ha dado una idea falsa, una persecución por parte del Estado a estos grupos [....] en Urabá nadie cree eso”, dijo Giraldo, que además calificó la captura de Otoniel como “una obra de teatro demasiado mal preparada”.

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