Periodistas solicitan protección tras denunciar irregularidades en operativo militar en Puerto Leguízamo

La espuma del operativo militar en Puerto Leguízamo, Putumayo, sigue creciendo. Este miércoles, los seis periodistas que se juntaron en terreno para investigar qué había pasado en el operativo en el que murieron once personas denunciaron ante la Fundación para la Libertad de Prensa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las presiones que vienen sufriendo desde el domingo pasado cuando publicaron una serie de informes que contradicen la versión militar. "Desde el momento en que se conocieron las tres publicaciones y dos videos en El Espectador, Cambio Colombia y Vorágine, los autores de las piezas periodísticas hemos sido víctimas de manifestaciones de odio, señalamientos peligrosos en redes sociales y medios de comunicación por parte de personalidades que ostentan la calidad de figuras públicas en nuestro país, y otras de particulares que preocupan por el tono que utilizan", dice la misiva. 

Los periodistas expusieron la necesidad de garantías del Estado para continuar con la investigación y solicitaron un pronunciamiento público de estas organizaciones no gubernamentales para blindar la labor que continúan desarrollando. 

Enseguida, la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia se pronunció a través de su cuenta de Twitter, instando al respecto por la libertad de prensa: "Instamos a las autoridades para que adopten medidas de prevención, protección y reparación para la comunidad, incluyendo proteger la vida e integridad de testigos. Llamamos a la protección de periodistas investigativos que están recibiendo ataques por sus publicaciones sobre Alto Remanso". 

La controversia ha tomado vuelo internacional. Este martes desde Nueva York, en medio del informe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, el vocero de este organismo, Carlos Ruiz Massieu, le hizo una petición específica al presidente Iván Duque: “El departamento del Putumayo se ha visto afectado de manera similar por la violencia en las últimas semanas. Deseo recalcar la importancia de que haya investigaciones completas de las autoridades pertinentes en las muertes de once personas que se informó, incluidos dirigentes indígenas y de la comunidad en una operación militar contra miembros de un grupo armado ilegal en Puerto Leguizamo”, puntualizó Ruiz. 

El funcionario se refiere en específico al caso de Puerto Leguízamo, donde se presentó un operativo militar en el que murieron once personas, presentadas por el Ejército como bajas en combate con las disidencias de las Farc, pero que, según denunciaron los periodistas, algunos de ellos eran miembros de las comunidades indígenas y campesinas. 

En el mismo sentido, Ruiz Masseu recalcó que ese no era el único caso. Dijo que hace dos semanas esa misión también visitó el departamento de Arauca, frontera con Venezuela, donde la misión de la ONU se encontró con una situación deplorable: más de cien personas asesinadas en lo corrido del año y miles de desplazados por la fuerza. “Arauca es ejemplo de la situación de violencia en varias regiones olvidadas que tienen que hacer frente a los grupos armados ilegales, las economías ilícitas y la presencia limitada del Estado. La violencia también está cobrando un elevado precio sobre las comunidades indígenas y afrocolombianas en forma de asesinatos, desplazamientos y el reclutamiento de menores”.

En el mismo Consejo de Seguridad de la ONU, los delegados de Irlanda y Rusia expresaron su preocupación por el continuo asesinato de firmantes del Acuerdo de Paz y líderes sociales en Colombia, quienes están cayendo por las balas de fuerzas ilegales y, en casos como el del Putumayo, por las balas de la propia fuerza del Estado. "Las garantías de seguridad son fundamentales para el dividendo de paz de quienes dejaron las armas para trabajar por ella”, dijo Brian Flynn, embajador de Irlanda en Naciones Unidas. “Encontramos problemas en cuanto a la implementación del Acuerdo. El principal sigue siendo la seguridad de las personas en proceso de reincorporación y de los líderes sociales”, puntualizó Vasily Nebenzya, embajador de Rusia.

Mientras tanto, el presidente Duque respondió ante las críticas. Dijo que Colombia no tolera la violación de derechos humanos por parte de agentes de la Fuerza Pública y que estos actúan bajo el Derecho Internacional Humanitario: "También tenemos una fuerza pública que todos los días en el territorio se gana el afecto de la ciudadanía", expresó el primer mandatario. 

Por ahora, aún no se conocen los dictámenes forenses de Medicina Legal para tener más detalles y poder reconstruir lo que realmente pasó esa madrugada en que se perpetró la matanza.