24 Marzo 2022

JEP impone medidas cautelares para salvaguardar el testimonio de Otoniel

Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, comandante de la estructura paramilitar autodenominada Autodefensas Gaitanistas Campesinas.

Crédito: Colprensa

En su primera audiencia ante el tribunal de paz, el comandante de las Autodefensas Gaitanistas Campesinas contó cómo era la relación con la fuerza pública, el DAS, los paramilitares y, en especial, del general (r) Leonardo Barrero.

Por: Redacción Cambio

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso medidas cautelares para salvaguardar el testimonio de Otoniel. Mire aquí el documento con las últimas medidas para proteger el testimonio de Otoniel

En una diligencia que se había frustrado en varias ocasiones por falta de garantías, finalmente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pudo tomar la declaración de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, comandante de la estructura paramilitar autodenominada Autodefensas Gaitanistas Campesinas. La declaración se extendió por más de cinco horas, durante las cuales Otoniel dio detalles sobre la guerra interna entre grupos paramilitares en el Casanare y sus relaciones con integrantes del Ejército y del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Como ya había trascendido a la opinión pública, la declaración de Otoniel tuvo como eje el general (r) Leonardo Barrero, excomandante de las Fuerzas Militares. Al respecto, Otoniel agregó que el general Barrero se encontraba al servicio de la criminalidad a través de otros miembros del Ejército, como el coronel (r) Róbinson González del Río.

Entre las revelaciones más importantes, Otoniel habló de pagos al general Barrero por más de 450 millones de pesos provenientes del Bloque Centauro, la estructura paramilitar al mando de Miguel Arroyabe, que libró una sangrienta guerra contra las Autodefensas de Casanare, lideradas por Héctor Buitrago y Martín Llanos. Guerra en la que el Ejército habría tomado partido por una de las estructuras por intereses económicos del general Barrero. De igual forma, Otoniel se despachó contra integrantes del DAS, bajo órdenes del exdirector regional de la entidad, Orlando Rivas, quien fue capturado en 2018 por su participación en ejecuciones extrajudiciales de campesinos en Casanare.

Otoniel también detalló sobre la ejecución de falsos positivos en una relación entre paramilitares, integrantes del DAS y oficiales del Ejército. Incluso, reveló que Rivas Tovar fue trasladado al Casanare por solicitud de Manuel de Jesús Pirabán, más conocido como Jorge Pirata, quien habría pagado 200 millones de pesos para su traslado a la zona de influencia del Bloque Centauros. Adicionalmente, Otoniel sostuvo que hombres de su estructura se movían en helicópteros de Ecopetrol, empresa a la que le prestaban servicio de seguridad. 

Otoniel, un testigo de la guerra

Pocas personas tienen un recorrido criminal tan amplio como el de Otoniel. Empezó a los 15 años cuando fue reclutado forzosamente por las Farc, como lo habían sido sus hermanos mayores. Después, Otoniel se cambió de guerrilla y empezó a militar en el maoísta Ejército Popular de Liberación (EPL). Cuando este grupo se desmovilizó, la mayoría de sus hombres, y con ellos Otoniel, se pasaron a las filas de las llamadas Autodefensas. Como paramilitar, estuvo en varias zonas del país y participó en las masacres de Mapiripán, en los llanos, y San José de Apartadó, en Antioquia. Después, en la negociación con los paramilitares, Otoniel se desmovilizó.

Poco tiempo le duró su vida en la legalidad. Junto con miembros de su familia fundó las llamadas Autodefensas Gaitanistas (AGC) que, según autoridades tanto de Colombia como de Estados Unidos, son realmente un grupo narcotraficante sin ninguna ideología, conocido como el Clan del Golfo.

Con semejante palmarés criminal, Otoniel sabe mucho del funcionamiento de la guerrilla, del narcotráfico y de los paramilitares. Pero, sobre todo, conoce perfectamente las presuntas alianzas de los grupos criminales con agentes del Estado, especialmente militares y miembros de organismos de seguridad, también civiles, ganaderos, dirigentes gremiales, líderes políticos y empresarios que han pasado de agache y en total impunidad por muchos años.
En su declaración ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), Otoniel ha dejado ver una parte de la gran cantidad de información que tiene y, por eso, en una situación pocas veces vista, los defensores de las víctimas han hecho causa común con el victimario para pedir que lo dejen hablar y que su extradición se aplace hasta cuando termine de declarar en Colombia.

Otoniel en su reseña de judicialización.

¿Qué es lo que conoce Otoniel que tiene tan nerviosas a tantas personas? Algunas pistas de lo que puede decir han salido de su testimonio ante la Jurisdicción Especial de Paz. Una parte de su declaración se ha hecho pública, pero otra permanece reservada. Cambio tuvo acceso a algunos fragmentos confidenciales, que dicen muchas cosas, pero que anticipan aún más. Allí ha señalado con nombres propios a altos oficiales presuntamente involucrados en asociaciones con grupos criminales. Para empezar, dos generales:

“Bajo la gravedad de juramento testifico que conocí a los generales Leonardo Barrero Gordillo y Henry William Torres Escalante, y realicé operativos conjuntos con los soldados que estaban bajo sus órdenes cuando era paramilitar del bloque Centauros de las AUC”.

El nombre del general Leonardo Barrero Gordillo, excomandante de las Fuerzas Militares, volvió a ser noticia esta semana cuando la periodista Sylvia Charry, de Blu Radio, reveló que investigaciones de la Fiscalía lo identifican como “el Padrino”, miembro de la organización narcotraficante La Cordillera, dependiente del Clan del Golfo. Otoniel le dijo a la JEP, en declaración conocida por Cambio que el general Barrero no solamente tenía entendimientos tácticos con los paramilitares, sino que era un empleado a sueldo de ellos, para facilitar el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas:

“Recibía beneficios, pagos en dinero como retribución al apoyo que prestaba al Bloque Centauros de las AUC en el Casanare y después en el Urabá, cuando fue comandante del Batallón Junín N° 33, para que nos permitiera desarrollar nuestra economía de guerra en esos territorios, fundamentalmente el control de cultivos de coca, transformación de clorhidrato de cocaína en los laboratorios y el transporte hacia las zonas de embarque, otra renta ilegal de la que pagamos cuotas o aportes es la minería ilegal del oro y el tráfico de migrantes por el golfo de Urabá. Esta colaboración continuó después de que se conformaron en el año 2009 las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y llega hasta la época actual”.

Buena parte de lo que afirma Otoniel está corroborado con pruebas provenientes de otras fuentes. También ha señalado a miembros civiles de organismos de seguridad como partícipes en asesinatos, secuestros y extorsiones: 

“Bajo la gravedad de juramento testifico que conocí al señor Orlando Rivas, exdirector del DAS del departamento del Casanare, me concerté con este funcionario y otros agentes del desaparecido DAS, antes del  año 2006 como miembro del Bloque Centauros y después de ese año como desmovilizado y tercero civil entre los años 2006 al 2008, para planificar, apoyar y financiar delitos, homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos, desapariciones forzadas, hurtos, terrorismo y en general graves conductas violatorias de los derechos humanos en contra de víctimas civiles de la región”.

Cada testimonio de Otoniel muestra que aún tiene mucho por decir:

“Me concerté para delinquir con civiles, empresarios, exintegrantes de las AUC, políticos, militares y exmilitares de las regiones de Urabá y Córdoba para financiar, promover y auspiciar la conformación de estructuras sucesoras del paramilitarismo en Urabá, Chocó y Córdoba desde el año 2007 y hasta el año 2009, que posteriormente dieron origen a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC”. 

Otoniel también tiene información sobre el despojo masivo en cuatro municipios del Urabá antiqueño, para armar la Hacienda Tulapas, una investigación en la que recientemente han sido mencionados ganaderos, financistas, notarios y funcionarios de las oficinas de registro. Otoniel asegura que: 

“Nosotros, las AUC, realizamos un operativo para generar un desplazamiento forzado de la finca Tulapas, en Uraba, para que la Fedegan pudiera comprarla a un precio irrisorio. Esto ocurrió en coordinación con los funcionarios de Incoder, algunos notarios y registradores (sic)”.


Esta y otras informaciones atesora alias Otoniel, quien antes de ser extraditado a Estados Unidos espera aportar verdad a las víctimas de su extenso accionar, y sobre civiles, militares y funcionarios públicos que se beneficiaron del paramilitarismo, que fueron parte clave de su engranaje y que hoy gozan de absoluta impunidad. Por ahora, la JEP tiene prevista una segunda y tercera diligencia el próximo 29 de marzo, sesión que estará dedicada  a profundizar en las ejecuciones extrajudiciales realizadas en Meta y Antioquia, así como el rol de civiles y de la fuerza pública en estos crímenes.