Amarilo ocre

Existen muchas formas de matar un humedal: sembrar especies invasoras que lo vayan secando gradualmente; poblarlo de animales que no sean nativos del humedal, para que enfermen a los otros animales; contaminar el agua con químicos. Pero la opción más común es rellenarlo con escombros para eliminarlo por completo. 

Matar un humedal es sencillo, pues es en extremo delicado. Lo difícil es mantenerlo, porque requiere de la conservación balanceada de su entorno. En reciprocidad, el humedal se encarga de regular los suelos, prevenir inundaciones y mitigar el cambio climático. Es un cuerpo de agua que sostiene el equilibrio de los ecosistemas y ayuda, entre otras cosas, a prevenir los desastres que produce, por ejemplo, oleadas invernales como las que vive la sabana de Bogotá por estos días. 

Pese a su importancia, los humedales de la sabana están enfermando, no tanto por la invasión de especies animales y vegetales, sino por la urbanización desaforada, que prácticamente se los está tragando. 

Así le está pasando al humedal de La Samaria, el cual, junto con el humedal de Los Andes, es uno de los últimos que le quedan al municipio de Chía, en Cundinamarca. Justo al lado de La Samaria, la constructora Amarilo está dándole los últimos toques al conjunto campestre Hacienda Samaria, donde las casas más económicas superan los 900 millones de pesos. Y las consecuencias han sido devastadoras.

En sus informes de gestión, Amarilo asegura que “apuesta por el desarrollo sostenible del país. Por eso, en todos sus proyectos, vela por el cuidado del medioambiente, haciendo un uso racional y previamente autorizado de los recursos naturales que demande su ejecución”. Sin embargo, “velar por el cuidado del medioambiente” no es precisamente lo que se nota en la zona. Tanto que los veedores de varios municipios han acusado a Amarilo de ser la  responsable de la desaparición de los humedales, al construir cerca e –incluso– sobre ellos. 

El humedal arrasado

Hoy día, La Samaria ya se ve más como un charco que como un humedal; pero, antes de que se iniciara la construcción de la Hacienda Samaria, era el hogar de tinguas, tringas solitarias, curíes, búhos, caracaras cheriwey, patos y comadrejas, que han huido o han muerto por la invasión de cemento y la desaparición del bosque. 

Particularmente, La Samaria es el lugar donde habita la tingua de pico verde, una especie endémica que únicamente se encuentra en los humedales de las sabanas colombianas y que está en peligro de extinción. 

Preservar su hábitat es esencial para protegerla. Eso no ha pasado en La Samaria. El colectivo Voces del Río ha denunciado oficialmente, a través de tutelas ante el municipio de Chía, e informalmente a través de redes sociales, los atropellos no solo contra el humedal, sino también contra el bosque que lo rodeaba, que era del hogar de otros cientos de animales. 

Hasta 2011, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi tenía tipificada esa zona como de categoría 2 y 3 –es decir, para uso exclusivamente agrícola–, con presencia de cuerpos de agua y humedales naturales y cercanía con la ronda del río Bogotá. Así, La Samaria quedaba amparada por la Ley 99 de 1993, que determina la protección especial de los páramos y los humedales. 

Incluso, el terreno que rodea al humedal estaba registrado por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como suelo apto para el cultivo y la agricultura. No obstante, cuando se inició la construcción de la Hacienda La Samaria, en 2020, ya el uso del suelo había cambiado a “zona apta para urbanización”.

“Nos han argumentado que no existía registro del humedal. Que cuando llegaron ya estaba seco y que el otro lo han protegido. Sin embargo, ellos no esperaban que nosotros encontráramos el estudio de la CAR que muestra los dos humedales allí presentes”, aseguró Nixon Mora, uno de los líderes del colectivo Voces del Río, que se encarga de hacer veeduría medioambiental en la zona. 

En julio de 2017 la CAR contrató un estudio que concluyó que allí no existía uno, sino dos humedales, pues era un sistema interconectado con la ronda del río Bogotá. El estudio tipificó la existencia de un gran cuerpo de agua que se alimentaba mutuamente. Allí mismo, la CAR recomendó a las autoridades municipales tipificar la existencia de ese segundo humedal, que, para entonces, estaba cubierto por pastizales y que aún no había sido reconocido. 

Desde entonces, activistas y veedores de la zona empezaron a limpiarlo, lo que propició la llegada de especies. Pero como el humedal no había sido reconocido, Amarilo pudo comprar el terreno y construir la Hacienda La Samaria sobre él. De paso, barrió con los árboles que rodeaban el humedal y puso en riesgo el otro.

Los veedores interpusieron, entonces, una tutela frente a la Alcaldía de Chía, en la que demandan que se proteja lo que queda del humedal. Mientras tanto, siguen intentando limpiar el humedal, afectado por la construcción. Pero las tensiones han aumentado. “Nosotros procuramos seguir conservando el humedal. De hecho, continuamos asistiendo a hacer limpiezas regulares para evitar que se contaminara. Hasta que un día, los de la obra nos sacaron con la Policía, incluso pidieron que fuera Migración, pues según ellos estábamos transgrediendo la propiedad privada. Desde ese momento no hemos podido regresar a limpiarlo y hoy día sabemos que ya está invadido por una especie de planta invasora, que no sabemos cómo llegó ahí, y que lo va a terminar secando”, aseguró Ana Echeverry, veterinaria y otra de las integrantes del colectivo Voces del Río. 

Nubia Morales, una de las defensoras del humedal y quien además ha llevado registro fotográfico de las decenas de especies de animales que habitaban en el humedal, concluyó con tristeza: “Cercenar un humedal es cercenar el amor de la comunidad por su territorio”.

Frente a las acusaciones, CAMBIO extendió un cuestionario a la empresa Amarilo. Para el caso puntual de La Samaria, la empresa asegura que no es cierto que se haya construido sobre dos humedales. Aseguran que: “Dentro del perímetro del proyecto existen dos elementos a considerar, el primero es un cuerpo de agua de origen artificial, lo cual ha sido soportado por estudios técnicos que fueron revisados y avalados por la autoridad ambiental competente”. 

Adicionalmente, señalan que ellos construyeron alrededor del segundo humedal, respetando las coordenadas y las distancias exigidas por las autoridades. Finalmente, aseguran que la CAR realizó una visita a este humedal y “no encontró valores ambientales o de especial importancia ecosistémica que hicieran necesaria alguna medida de protección especial (ni en el componente de avifauna, ni en ningún otro). Sin embargo, pese a no requerirlo la norma, actuando en el marco de la responsabilidad social y ambiental, Amarilo realizó un estudio de avifauna del área objeto del mismo para garantizar el manejo adecuado de las especies que pudieren existir en el predio”.

La amenaza de Gualí 

A 27 kilómetros de Chía, uno de los humedales más grandes de la sabana de Bogotá también sufre. Se trata del humedal Gualí, que corre el riesgo de desaparecer por cuenta de los proyectos de vivienda de interés social que Jorge Rey, en ese entonces alcalde de Funza y luego gobernador de Cundinamarca, creó en el municipio. Aquí también aparece Amarilo, esta vez en unión temporal con Obycon S.A., bajo la figura del Consorcio O. A. Proyectos, que se ganó el contrato para la construcción de 500 unidades de vivienda, por un valor de más de 18.000 millones de pesos. 

Similar a lo ocurrido en la Samaria, este proyecto, denominado Altos del Gualí, fue aprobado gracias a que el municipio, entre 2013 y 2014, cambió en el POT la naturaleza del uso del suelo, que antes aparecía como dedicado a la agricultura de bajo impacto. Una vez más, fueron los veedores y los ambientalistas de Funza los que se opusieron al proyecto, pues también fue construido justo al lado del humedal Gualí. 

Pese a las diversas manifestaciones con las que se intentó detener la obra, Altos del Gualí va en la entrega de la cuarta etapa y continúa deteriorando el humedal. Parte de lo que los veedores han denunciado es que el proyecto habría podido desarrollarse en otra zona. Aún así, los permisos fueron otorgados al consorcio justo donde menos le convenía al humedal.

Curiosamente, según el portal Cuentas Claras, Amarilo ha sido un contribuyente de las campañas de Rey, al aportar 30 millones de pesos en su campaña para la Gobernación de Cundinamarca.  Rey, por su parte, ha sido acusado de promover el volteo de tierras y lleva procesos por enriquecimiento ilícito, prevaricato y fraude. 

Ante este caso, Amarilo asegura que: “Este proyecto de Vivienda de Interés Prioritario fue diseñado y construido respetando la estructura ecológica principal del municipio, sin intervención de las respectivas áreas de ronda hídrica y las zonas de manejo y protección establecidas por la normatividad vigente”.

Bogotá tampoco se salva

El 5 de octubre, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, visitó el proyecto Lagos de Torca, que busca construir 135.000 viviendas, entre ellas 30.540 de interés social prioritario y 38.900 de interés social, y dijo: “Lagos de Torca es hacer una ciudad dentro de la ciudad. Este proyecto lleva 20 años aprobado. Lo componen 34 planes parciales (cinco aprobados y diez en trámite). Comprende construir vivienda de interés social que es un 40 por ciento, una nueva centralidad donde haya empleo y vivienda para todos los bogotanos”. El megaproyecto, que tendrá a su disposición más de 1.800 hectáreas, le fue adjudicado a Amarilo. 

El proyecto promete ser una ciudadela totalmente autosuficiente que beneficiará a los habitantes de esta zona de la ciudad. No obstante, ha recibido mucha oposición por parte de movimientos ambientalistas, pues terminaría por ahogar tanto al humedal Torca como al humedal Guaymaral. En un documento presentado a la Alcaldía, Voces del Río, que ejerce veeduría sobre toda la sabana, denunció que hacer esta construcción dañaría irreparablemente estos humedales, que son vitales para la calidad del aire de la capital. 

La concejala María Fernanda Rojas, del Partido Verde, también demandó el proyecto y demostró que en Torca el suelo es de protección especial ambiental. Por eso mismo, la construcción del megaproyecto sería ilegal. En un trino de julio de 2020, la concejala publicó: 

“¡Buenas noticias! gran logro en nuestra demanda de nulidad. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca CONFIRMA MEDIDAS CAUTELARES sobre franja de conexión de reserva Van der Hammen, incluida en Lagos de Torca. No se puede construir ni autorizar proyectos urbanísticos allí”.

En mayo de 2022, Caracol Radio publicó una nueva decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que confirmó la medida cautelar interpuesta por la concejala, ordenando así que se realizara un nuevo estudio sobre los impactos que causaría este megaproyecto a la reserva Van der Hammen. En la misma resolución, el juez negó a la parte demandada las excepciones que había solicitado y negó, tajantemente, el uso de esta zona para ser urbanizada.

En un reportaje sobre el tema, Razón Pública argumentó que el proyecto afectaría la reserva Van der Hammen porque interrumpiría el flujo de agua entre la reserva y el río Bogotá.

La empresa Amarilo aseguró que este proyecto ha sido pensado con una fuerte apuesta por la sostenibilidad, “que permitirá una conexión exitosa entre la construcción de viviendas de calidad para atender el déficit habitacional de Bogotá y el medioambiente, protegiendo la fauna y los recursos naturales de la zona”. Adicionalmente, dicen, que plantarán 95.000 árboles más, recuperarán nueve quebradas y restaurarán el humedal. 

Pero, ellos mismos reconocen la medida cautelar y, aseguran, están trabajando para respetarla: “Ahora bien, existe una medida cautelar que ordena al Ministerio de Ambiente realizar un nuevo estudio técnico en el que se determine si los desarrollos urbanísticos en el área cumplen o no con los lineamientos ambientales. Respecto al alcance de esta medida es importante precisar que dentro de Lagos de Torca hay un total de 34 planes parciales y la medida cautelar aplica solamente para los planes No.23, No.24 y No.25”.

Otras irregularidades en Cota y Cajicá

Sobre otro proyecto creado por Amarilo, esta vez en el municipio de Cota, los veedores del pueblo se quejan de que la constructora se pegó de la infraestructura de un acueducto veredal que ya estaba colapsado, para proveer a su conjunto de servicios de agua y alcantarillado. Esto, a pesar de que la ley les exige a las constructoras crear sus propias infraestructuras para no afectar el servicio del resto de la comunidad. 

El conjunto, de 248 viviendas, llamado Ponte Verdi, en construcción, también se benefició del cambio súbito del uso del suelo, pues anteriormente estaba autorizado solo para agricultura. Sin embargo, en 2017 la Alcaldía autorizó la parcelación y llegó a un acuerdo mediante el cual Amarilo pagaría 4.000 millones de pesos a Emsercota, la empresa encargada de llevar servicios públicos al municipio, para valerse del acueducto. 

El problema es que este acueducto ya había rebasado su capacidad con las casas de la vereda y, de hecho, había superado la capacidad para abastecerlas suficientemente de agua. Los vecinos de la vereda aseguran que el acueducto no solo terminó de colapsar con las nuevas construcciones sino que Emsercota no hizo adecuaciones suficientes para responder a las necesidades de todos. 

Amarilo aseguró que, contrario a las denuncias, su intervención en la zona ayudará a que se mejore la infraestructura pues ellos, sin que la ley se los exija, invertirán recursos en el refuerzo de las estructuras para garantizar el servicio a todos los habitantes de la zona: “Gracias a las obras de infraestructura que construyó Amarilo el municipio se ahorró la suma de 4.000 millones de pesos en su plan de expansión de redes de acueducto y aguas residuales. Cabe aclarar que tanto la construcción de toda la infraestructura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, como la operación, es responsabilidad de Emsercota y del municipio, pero en este caso Amarilo aportó recursos para apoyar la construcción de la primera fase de obras. Las siguientes fases son responsabilidad de Emsercota y del municipio”. 

Una denuncia similar ocurre en el municipio de Cajicá sobre otro conjunto construido por Amarilo que, según el personero municipal, Juan Sebastián Segovia, robó agua del acueducto veredal por más de un año, para llenar tanques y regar los pastos del conjunto. 

Segovia señaló que no solo los constructores se robaron el agua, sino que, además, crearon recibos falsos con los que demostraban que habían pagado los servicios de carrotanques. 

Ante esto, la empresa admitió que fue un error particular y aislado a esta obra, que los llevó a comprometerse en el cuidado y en conseguir que no se repita en ningún otro lugar: “Desafortunadamente, el 9 de septiembre de 2021 personal de la obra utilizó, sin conocer el antecedente y sin autorización alguna, la manguera para labores menores de limpieza e incurrió en una falta que, con seriedad, lealtad y honestidad, asumimos bajo el compromiso de no repetición”.