Comunidad en San Gil teme que los acueductos rurales sean expropiados
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Los veedores ambientales de San Gil han hecho críticas sobre un proyecto de acuerdo que, según ellos, podría privatizar los acueductos rurales y comunales de la región. Piden que sea aplazado.
En el Concejo de San Gil, Santander, fue aprobado en primer debate el proyecto de acuerdo "por el cual se crea la política pública para el fortalecimiento de las comunidades veredales organizadas que prestan el servicio de agua en el sector rural" de ese municipio. Sin embargo, líderes ambientales y miembros de la comunidad piden que sea aplazado.
El representante de las Dignidades Agropecuarias de Colombia en San Gil, Rafael Reyes, ha dicho que una de las mayores preocupaciones es que el proyecto, como está propuesto, no protege los acueductos de la privatización.
Reyes insistió en que es necesario socializar más el proyecto para que las personas que han participado de otros acueductos puedan estudiar la propuesta y hacer sugerencias.
San Gil cuenta hasta el momento con 32 acueductos comunitarios, en donde la mitad están registrados y los otros están pendientes de estatutos y otros asuntos para su funcionamiento.
Joselín Aranda es integrante del acueducto comunitario el 'Común' y considera que el proyecto necesita una estrategia para evaluar cada uno de los ítems relacionados con el agua y que estos grupos tengan mayor representación en la sociedad civil y las comunidades campesinas.
Para Polidoro Guaitero, representante de Agua Ya y las veedurías ambientales del municipio, aprobar políticas en este momento es inoperante. Según él es necesario saber cuál es el camino que va a establecer el Gobierno nacional para los acueductos rurales y comunitarios en la ley presentada al Congreso de la República para así poder plantear los lineamientos municipales.
La preocupación general de las organizaciones sociales y los defensores ambientales del municipio es que, por falta de garantías en el proyecto, se inicie un proceso de expropiación de las estructuras para pasarlas a administradores privados o Acuasan, como ha sucedido con 'Curití', otro de los acueductos rurales, desde donde existen quejas constantes de “atropellos” por parte de la administración municipal.
Por lo tanto, temen que se les pueda quitar a las comunidades campesinas el derecho a decidir sobre el agua, a través de las empresas de servicios y las alcaldías, y solicitan que el proyecto sea aplazado para el próximo año.
