2 Mayo 2022

Bojayá, 20 años después: los jóvenes prefieren no vivir antes de ser reclutados

El 2 de mayo de 2002 fueron asesinados 86 civiles muertos, entre ellos 48 niños y niñas, por un cilindro bomba lanzado por las Farc

Crédito: Colprensa

Los jóvenes indígenas y afrodescendientes del Chocó están tomando decisiones radicales ante la presión de los armados. Hoy, dos décadas después de la masacre, más del 70% de la población de la zona rural de Bojayá está hoy confinada por las amenazas de los ilegales.

Por: Redacción Cambio

Daniel Mosquera Rentería, de 23 años, se dejó vencer por la angustia y terminar con su vida antes que someterse al reclutamiento forzado. Sucesos como este se han presentado en zonas boscosas o semiboscosas de municipios como Tadó, Bojayá, Itsmina y Quibdó. El joven Rentería era estudiante de licenciatura en Matemáticas de la Unidad Tecnológica del Chocó, pero había abandonado sus estudios por no contar con suficientes recursos económicos. Regresó a su lugar de origen y meses después no quiso saber más. 

Esta situación viene siendo denunciada por líderes comunitarios y voceros de la iglesia católica en la región desde principios de este año. La petición es que el Estado tome el control de la zona y evite que se repitan hechos como el de hace dos décadas, que dejó a 86 civiles muertos, entre ellos, 48 niños y niñas, cuando un cilindro bomba fue lanzado por las Farc en un enfrentamiento que sostenían con los paramilitares. Estos últimos habían tomado como trinchera los alrededores de la iglesia donde se refugiaban cientos de bojayaseños. 

Las secuelas de esa guerra la padecen los adultos, que la recuerdan con mucha tristeza, y la padecen nuevamente los jóvenes, quienes no encuentran un futuro esperanzador en la región. Unos 50 jóvenes han tomado decisiones extremas sobre sí mismos, según Leyner Palacios, comisionado de la verdad y uno de los sobrevivientes de la masacre. Todos, a raíz de la presión que ejercen la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo. El año pasado se registraron otros 40 intentos de autoagresión en las comunidades Emberá Dobida, ubicadas en el municipio de Bojayá. 

Los líderes indígenas de la región también han denunciado que esta situación se debe al fuerte control territorial de los grupos al margen de la ley, que no ha cambiado en dos décadas. Durante este aniversario, el comisionado Palacios, precisamente, rindió homenaje a uno de los líderes jóvenes que lo acompañaba en la lucha contra el reclutamiento forzado y quien murió en la masacre el 2 de mayo de 2002: Ilson Rentería. 

El tema del suicidio en estas comunidades se ha incrementado luego de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Sin embargo, las autoridades aún no reaccionan de manera eficaz ante un flagelo arguyendo la lejanía de los territorios en los que se asientan las comunidades indígenas y afros. Los voceros de la iglesia católica, por su parte, continúan denunciando que la principal causa de esas muertes es la guerra: “Los grupos armados están avanzando territorialmente, imponiendo su reglamento, reclutando menores, amenazando a líderes y comunidades, instalando minas antipersonas, causando desplazamiento y confinamiento”, dijo Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó. 

Según el comisionado Palacios, las cifras son elocuentes. Después de la masacre, Bojayá ha tenido más de seis alertas de la Defensoría del Pueblo por la presencia de grupos armados en los territorios, alertas que no han sido desatendidas por las instituciones. “Hoy tenemos un saldo de confinamiento del 70% de la población refugiada en otros territorios, a raíz de las confrontaciones de los paramilitares y la guerrilla del ELN”, dijo Palacios desde Bojayá, donde toda esta semana están programados varios eventos para recordar a las víctimas de la matanza. 

Durante la conmemoración, este lunes varios líderes de Bojayá volvieron a recordar que muchos de estos pueblos ancestrales están en vía de extensión física y cultural por culpa de la guerra. “Cuatro consejos comunitarios han desaparecido (Pueblo Nuevo, Amburibido, Santa Cruz y Carillo); y existen cinco comunidades más a las que le quedan pocas fuerzas de resistencia y han entrado en vía de extinción (Pogue, Caimanero, Mesopotamia, La Boba y El Tigre)”, dijeron los voceros del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá. Seguido a ello, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que adopte unas medidas cautelares para evitar que la extinción de muchos de estos pueblos se materialice de manera disimulada y silenciosa, como está ocurriendo.