Cali: de la protesta a la propuesta

Por Olga Sanmartín

Un año después del paro que llevó al país al estallido social y a Cali a convertirse en el símbolo de la Resistencia, el panorama es prometedor pero también inquietante. Sorpresas en resultados electorales; predominio de la izquierda en una polarización acentuada; miedo e incertidumbre; muchas cicatrices y heridas que no han sanado, pero también acercamientos entre opuestos marcan hoy las dinámicas sociales de una ciudad donde el sector más vulnerable de la población dejó de ser un gueto ignorado tras, literalmente, arrojar su pobreza en la cara de la otra mitad de la población, para mostrarse como una comunidad con liderazgo, voz y voto. 

Cali anda en proceso de reconstrucción social. Abundan los vestigios en las calles que dan testimonio, a través de grafitis y murales, de las vidas que se perdieron en medio de la violencia. Hay rastros de la violenta, destrucción del Sistema de Transporte Masivo (MIO), que aún no termina  de recuperarse. Entre los ciudadanos hay certezas generalizadas, como el rechazo contundente a la vandalización de la ciudad y a los bloqueos como formas de protesta, pero también el reconocimiento de que ese vandalismo no fue promovido por los jóvenes de la Resistencia, sino más bien por la delincuencia común, y quizá la organizada, que también habita los barrios más pobres de la ciudad. 

Hay relativo consenso en el rechazo de los desbordamientos por parte de la fuerza pública y en la porción de responsabilidad que le cabe al Gobierno nacional por la demorada respuesta institucional a los reclamos de la protesta. Pero aún se respira miedo, incertidumbre, rabia, dolor y odio. Miedo en la ciudadanía que se sintió amenazada y secuestrada en sus casas o en puntos de la ciudad en los que quedó atrapada por los manifestantes; rabia y dolor en los manifestantes duramente agredidos; odio en los sectores más reaccionarios de la sociedad, e incertidumbre en toda la ciudadanía frente a la posibilidad de que Cali repita un enfrentamiento de clases, en medio de la polarización y la revuelta desenfrenada. 

Aunque el panorama parece desalentador, el pasado 27 y 28 de abril los diversos encuentros organizados por la Resistencia para conmemorar el 28A mostraron cómo en Cali, tras el estallido social, los jóvenes han trascendido las vías de hecho para manifestar sus posturas y han generado caminos distintos a los bloqueos para impactar a la sociedad. Actividades académicas y culturales marcaron este aniversario y evidenciaron la existencia de una fuerza social alternativa y de vanguardia, que se prepara para trascender a la contienda política. 

Generar espacios de reflexión y agendas de construcción de memoria y diálogo, inclusive con opuestos, son parte de la tarea que a lo largo de un año se han propuesto los jóvenes. Pero no solo ellos. Otros sectores de la sociedad caleña, tradicionalmente indiferente a la problemática de los más vulnerables, ha comenzado a extender puentes de diálogo y conciliación que conduzcan a soluciones y acciones concretas. Cali sí ha comenzado a cambiar.

El diálogo, indispensable

Han nacido decenas de colectivos: Mediación por Cali, iniciativa ciudadana que reúne academia, Alcaldía, empresarios, líderes juveniles y de la Primera Línea, la Arquidiósesis de Cali, ambientalistas, líderes cívicos y sociales y personas del común, empeñados en promover el diálogo entre opuestos; Acuerdo por Cali, que busca la construcción de una visión compartida para la ciudad; Iniciativas de Paz del Oeste, que nace del diálogo entre los vecinos de ambos lados, “de los edificios y los de la ladera”, como dicen los mismos jóvenes; Memoria Viva y el Tribunal Popular de Siloé, que buscan mantener vigente la memoria de las víctimas del paro y reivindicar los derechos a la verdad, justicia y reparación integral; la Unión de Resistencias Cali (URC), que nació como un primer puente de diálogo entre las primeras líneas y el gobierno local;  la Juntanza Popular y Politfónica, agrupaciones que surgieron de los puntos de resistencia para formar liderazgos y generar espacios de transformación social y política desde las bases; y Compromiso Valle, colectivo que reunió a empresarios para aportar y sumar a la transformación social de la región, con una inversión inicial de 28.000 millones de pesos También han reaccionado las universidades, que, a través de la  Corporación para la Integración y Desarrollo de la Educación Superior en el Suroccidente (Cidesco), en alianza con la Alcaldía, diseñaron un plan de becas para la juventud caleña en estratos 1, 2 y 3, y el sector empresarial, que empieza a reconocer su parte de responsabilidad civil.

¿Demuestran estas y otras iniciativas que hubo una transformación en la conciencia social de los caleños? La respuesta es sí para un grupo representativo de la sociedad. Sin embargo, falta mucho camino por andar. Mapi Velasco, especializada en políticas públicas en la Universidad de Harvard, gestora del comité de Mediación por Cali y miembro del Acuerdo por Cali, considera como un gran avance los puentes que se han tendido para el diálogo entre distintos. Pero cree, también, que aún no se ha dado el diálogo indispensable sobre las heridas que quedaron en la ciudad. 

“El informe de Indepaz, dice, muestra que cerca del 60 por ciento de los asesinatos durante el paro ocurrieron en Cali. La situación genera un trauma colectivo, un dolor que es necesario sanar. Debemos preguntarnos qué pasó, por qué pasó, cómo reconocer ese dolor de quien tuvo las heridas. Algunas personas, erróneamente, aún piensan que la Resistencia fue dirigida desde la izquierda, por el ELN, por las disidencias de las Farc. Se niegan a reconocer la espontaneidad del estallido social. ¿Qué pasó? El paro sacó a las calles una realidad de gran complejidad y muchas variables: el hambre, la solidaridad, la indignación, las oficinas de cobro del microtráfico… Esto incomodó a quienes no la habían visto o la habían ignorado. Desconocer o estigmatizar este contexto, en lugar de tratar de entenderlo, empujó a una parte importante de la ciudadanía a votar por quien sí los reconoció”. 

Diego Arias, analista político y también miembro del Acuerdo por Cali, dice que sería ingenuo creer que no hubo infiltración de las disidencias de las Farc y del ELN, pero que sería perder de vista seguirle atribuyendo todo lo sucedido a la acción desestabilizadora de esos grupos. “Hacerle creer a la sociedad que esa fue la causa del estallido social llevará a equivocarse en los procesos de transformación. También es absurdo decir que el narcotráfico estuvo detrás de los bloqueos. Lo que sí hubo fue presencia del microtráfico; en los bloqueos se generaron dinámicas nuevas de distribución de drogas, de movilidad, de oficinas de cobro, alrededor de los puntos de resistencia. Pero es urgente entender que los representantes legítimos de las Primeras Líneas que buscaban hacerse visibles no fueron protagonistas de estos hechos. Comprender y aceptar esas realidades es parte del ejercicio que hacemos en el Acuerdo por Cali. La ciudad quedó ‘tocada’ por una movilización de conciencia que nos empuja al cambio, pero debemos actuar pronto. Queremos una ciudad donde quepa el Monumento a la Resistencia, pero también el de Sebastián de Belalcázar. Que no nos anulemos unos a otros: ni ‘sucursal del cielo’ ni ‘capital de la Resistencia’. Y hay un riesgo: creer que todo volvió a la normalidad, que no va a volver a pasar y que la cosa se resuelve con pañitos de agua tibia. Si la solución es mirar para otro lado y pensar que no pasó nada, la pregunta no es si va a haber un nuevo estallido, sino cuándo. 

De la polarización a la conversación

Economista de la Universidad Javeriana, con maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz, Juana Peláez, de 33 años, llegó a Cali con su familia hace cerca de 20 años, tras ser desplazada del norte del Cauca por acciones paramilitares y militares. Fue vocera del punto de Resistencia La Loma de la Dignidad o Loma de la Cruz, no formó parte de la línea más dura de la protesta y tomó distancia del punto cuando el ambiente se enrareció con la presencia de algunas pandillas. 

Juana forma parte de los colectivos Juntanza Popular y Politfónica. Tiene una visión consistente del estallido social y de la necesidad de generar diálogos, formar liderazgos y actuar de manera consensuada: “El estallido social dejó una mayor conciencia social, que puede trascender a espacios políticos, pero también una mayor polarización, que se reflejó en las pasadas elecciones: el Pacto Histórico tuvo altísima votación, pero también la tuvo María Fernanda Cabal, candidata del Centro Democrático”. Considera, además, que es necesario encontrar espacios de intereses compartidos para recuperar la identidad caleña, que también se ha perdido. “Por ejemplo, estamos liderando la recuperación del colegio Santa Librada, donde miles de ciudadanos han estudiado, un símbolo arquitectónico y académico de la ciudad, abandonado por la administración municipal. Nadie en Cali quiere perder ese colegio, al igual que a todos nos preocupa la inseguridad que vive la ciudad. Y en torno a esos intereses comunes podemos unirnos. El cambio se dio y sigue dándose. Pongo de ejemplo a Juaquín Losada, dueño de Fanalca, una empresa enorme y símbolo en Cali. Fue Losada el primer empresario en cambiar públicamente su discurso por uno de mayor conciencia social”. 

También quedó en la memoria colectiva de Cali la intervención del empresario Fernando Otoya, fundador de Sistemas de Información Empresarial )Siesa), quien en la audiencia de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, en Cali, en mayo de 2021, reconoció que “se concentra uno en su cuento y se olvida de aquello que sucede en el resto de la ciudad”. 

De la resistencia a la reexistencia

Los  25 puntos de resistencia siguen organizados, pero además han nacido otras iniciativas. “Trabajamos en la Segunda y la Tercera línea. Hay unos 30 grupos –explica Juana– que están actuando desde lo social. Politfónica y La Juntanza son espacios de construcción colectiva horizontal en los que no hay directivos sino portavoces, según las actividades o temáticas por desarrollar. Construimos lo que será el Plan de Desarrollo Popular para Cali, que compartiremos con todos los candidatos a la próxima alcaldía para que lo estudien y, si quieren, puedan implementarlo. Buscamos vías en derecho para proteger, por ejemplo, la educación pública, pero también valorar, promocionar y dimensionar los saberes de tantas personas de la comunidad. No estamos acallando otras voces, pero queremos que se escuchen las voces del estallido, que haya diálogo entre disímiles para entender a quienes se sintieron secuestrados en la ciudad, pero también que ellos comprendan a los que estuvimos en los puntos de protesta. La Tercera Línea es una escuela de formación política para comprender conceptos básicos, apoyar liderazgos en los barrios, construir desde la base y lograr un cambio desde la comunidad. Esos liderazgos son muy grandes, trabajaron fuertemente en las elecciones a Congreso sin recibir un peso y estarán presentes en las elecciones a Alcaldía y, en cuatro años, a Congreso. No se trata de acabar con la institucionalidad, se trata de que seamos incluidos en ella. Por eso también queremos cuidar el lenguaje con el que nos comunicamos. Estamos viendo otros términos, por ejemplo, pasar de la Resistencia a la Re-existencia y de la Protesta a la Propuesta”.

Juana es optimista, pero ve también lados oscuros. “La protesta también evidenció la inseguridad alimentaria del departamento. El Valle está totalmente sembrado de caña, de ahí la importancia de las huertas comunitarias y de trabajar en muchos frentes que reduzcan los espacios a la violencia, porque independientemente de que gane la derecha o gane la izquierda, en ambos grupos hay personas con posturas extremadamente radicales, y una escalada de violencia, que es común en las zonas rurales, ahora podría vivirse en los cascos urbanos”. 

Son muchas las voces de la resistencia que hoy trabajan activamente por sus comunidades. Geovanny Jurado es líder estudiantil, lleva 16 años haciendo trabajo social en su comunidad y estuvo en el punto de resistencia de la carrilera de la 70, barrio Alfonso López: “Fue el más pacífico de la ciudad, donde nos enfocamos en la cultura y la pedagogía y donde las mujeres ejercieron el papel protagónico, siendo voces de autoridad que clamaban la calma en medio de la confrontación”. Giovani –o Eco, su nombre en la Resistecia– forma parte de Politfónica y en diciembre fue el único joven de primera línea elegido consejero municipal de Juventudes de Cali, desde donde ejerce un papel más político pero trabajando desde la base para su comunidad. 

Luis Carlos Agudelo (“Playita” en la Resistencia) estuvo presente en el punto de Meléndez y es uno de los líderes visibles con gran influencia en La Juntanza Popular, donde desempeña una labor de carácter social. “Nuestro proceso va más allá de quien gane estas elecciones, no es electoral, es crear nuestras propias identidades y a eso le estamos apostando”.

Estos jóvenes no necesariamente son petristas, varios se identifican más con Francia Márquez y la mayoría siente que ningún partido los representa. “No somos de extrema izquierda, sino una alternativa progresista”, dicen, pero reconocen que el Pacto Histórico escuchó sus necesidades. Sienten que el Estado tiene cuentas pendientes con las víctimas que murieron por acciones de la fuerza pública y buscan un cambio para mejorar las condiciones de vida en sus comunidades, porque no quisieran que se repitiera el estallido social. 

¿Y usted qué haría?

La abogada Olga Naranjo es coordinadora general de los frentes de seguridad de la Comuna 22, que incluye el barrio Ciudad Jardín, donde vecinos salieron a protestar en contra de los bloqueos y se generaron acciones violentas entre los ciudadanos. “Lo que hacemos nosotros, explica, es cuidar la comunidad de la delincuencia común, de los robos. Se ayudan unos con otros a través de una comunicación fluida entre ellos y la Policía. No pensamos nunca que tendríamos que protegernos de asonadas. Irresponsablemente, tildaron a la Comuna 22 de paramilitar, por el pasado turbulento de Cali y la presencia de los carteles de la droga, desconociendo que esa situación cambió hace años en Ciudad Jardín. El barrio apoya permanentemente causas sociales. Por ejemplo, en la pandemia, entregó 25.000 mercados. El barrio hoy es habitado principalmente por personas mayores: el 70 por ciento de los vecinos son pensionados. También viven allí familias de profesionales que deben trabajar para sostenerse, muchos de ellos bastante golpeados económicamente por la pandemia. Gran parte de los habitantes del barrio salió a marchar, apoyó la protesta. Pero cuando se tornó violenta, quisieron defenderse, no había suficientes policías y la comunidad, desprotegida, se asustó. ¿Qué haría usted si una turba de gente llega a destruir su casa, su carro o su negocio?  ¿Qué haría si quiere desplazarse a su trabajo o al médico y un grupo de personas se lo impide por más de dos meses? Lo que sucedió en el barrio no fue una respuesta planeada, fue una reacción en defensa. Bandas de delincuentes aprovecharon el paro para vandalizar y robar. La violencia genera más violencia”. 

Hoy queda en Ciudad Jardín el miedo, pero también la disposición de la gran mayoría para generar vías de entendimiento. “Hemos tenido encuentros enriquecedores entre representantes de la Resistencia y de la Comuna 22. Estamos haciendo tejido social, un acercamiento para darnos la mano, para ayudarnos y dejar la violencia de lado”.

Los empresarios del barrio están generando empleos para los jóvenes vulnerables, pero muchas veces –explica Olga–, “los jóvenes no tienen la preparación para ciertos trabajos y algunos no quieren estudiar en la academia tradicional, se interesan por otros saberes; entonces la sociedad y el Gobierno tendrán que ayudarles a preparase en los oficios que los atraen (panadería, mecánica, gastronomía, manejo de redes sociales, diseño de páginas web, etcétera.) y que les permitirán vivir dignamente.

Una historia que no espera repetirse

Para entender por qué Cali fue el símbolo nacional de la Resistencia, es necesario viajar al pasado. Cali ha sido anfitriona de la guerrilla urbana, los carteles de la droga, la migración por la pobreza y el desplazamiento forzado. Para comenzar, explica el analista político Gustavo Ulloa, “la ciudad tiene una tradición de revuelta social político-militar que se remonta a los años setenta, cuando surgió la lucha del M-19. Simultáneamente, hubo una gran migración de la región pacífica a la ciudad, que se estableció de manera desordenada en Aguablanca, al oriente de Cali, y en la ladera occidental de la ciudad, donde se ubican dos de los barrios más antiguos y pobres: Siloé y Terrón Colorado”.

Llegaron allí a establecerse poblaciones vulnerables, sin vías de acceso, sin servicios públicos y sin planificación alguna. Desde 1976 y hasta 1985, el M-19 hizo profunda presencia en estas comunidades y comenzó a formar líderes, principalmente estudiantes de bachillerato pero también de la Universidad del Valle, obreros y miembros de los sindicatos fuertes de las empresas más importantes de la ciudad. Muchos de ellos se convirtieron en militantes urbanos del M-19, al menos por tres generaciones. Con el paso de los años, esa “escuela” derivó en el desarrollo de una ideología de izquierda más estructurada, que ha sido “heredada” a la nuevas generaciones, con grandes liderazgos que aún subsisten y apoyada en los sindicatos que han tenido mucho poder en Cali y han saltado a la escena política. En la otra orilla, los carteles de la droga, que se apoderaron de la ciudad en los ochenta, plantaron una cultura violenta que se ha desvanecido pero aún se palpa en la ciudad. 

Cali ha recibido en las últimas dos décadas muchos líderes del Pacífico, del Cauca y de Nariño. Hay una multiculturalidad muy evidente. En el mapa de Cali –coinciden los analistas– se aprecia que en su zona plana vive la mayor parte de la clase media, trabajadora y la clase alta. En la segunda Cali, hacia el Distrito, al oriente de la autopista Simón Bolívar, vive la poblacion afro, desplazada, donde las necesidades básicas insatisfechas son muy altas y el índice de asesinatos también. La tercera Cali, al occidente, en la ladera, también se forma con desplazados, pero mayormente indígenas, que comenzaron a autorreconocerse con la llegada de la Minga. Con el estallido, muchos liderazgos que actuaron por años pasivamente tomaron postura en los barrios populares de la ladera y del oriente de Cali. 

Otro factor que influyó en el gran impacto de la protesta en Cali es la cercanía física de los barrios populares y los barrios de estratos más altos. En Cali no es necesario irse al extramuro de la ciudad para pasar por el lado de barrios en condiciones de pobreza, que llegan a intercalarse con los otros, como es el caso de Siloé. Culturalmente, hay también diferencia entre Cali y otras ciudades del país con poblaciones similares. Por ejemplo –dicen las analistas–, en Cartagena también hay una alta presencia de población afro, pero el cartagenero es “más relajado, más fiestero y menos agresivo. El caleño es alegre, pero “tropelero”.  

Una mirada diferente la tiene Miguel Yusty, alto consejero de Seguridad de la Gobernación del Valle. “En Cali se dieron las condiciones objetivas y subjetivas para que todas las variables pudieran consolidar un modelo muy interesante de guerra urbana. Nacieron unas vanguardias conformadas tradicionalmente por grupos de agitadores, milicias urbanas del ELN, algunos profesionales de las disidencias de las Farc, y se fueron creando condiciones para que una inercia, típica del movimiento estudiantil, se desarrollara en la ciudad. Las condiciones objetivas, que son la legitimación de las vanguardias por parte de la administración municipal, entre otras, permitieron adecuar el discurso antiestablecimiento, discurso simbólico que antes no existía en Cali. El enorme poder de las redes determinó el fortalecimiento de esas vanguardias, que tienen su centro de acopio operativo e ideológico en la Universidad del Valle. Serán esas vanguardias las que sigan liderando los procesos electorales de alcaldes y gobernadores. Ahora se requieren acciones contundentes por parte de las élites empresariales y otros sectores de la sociedad, porque esto era una bola de nieve que se vía venir”. 

No hay trabajo pa’ tanta gente

Algunas familias tradicionales de Cali, dueñas de grandes ingenios, donde trabajaron  gran parte de los descendientes de esclavos, heredaron no solamente enormes cultivos de caña sino también una cultura racista y clasista de la que aún no han podido liberarse por completo. En la cotidianidad puede sentirse cierta discriminación hacia esas poblaciones. Pero, a la vez, han sido los ingenios azucareros los que mayor trabajo generan, con cerca de 200.000 empleos directos y cientos de indirectos. Sin embargo, la generación de empleo de esta industria se ha reducido en los últimos años, afectando no solo a poblaciones rurales sino las de los barrios populares de Cali. 

“Vivimos en una región rodeada de caña –dice el exacalde de Cali, Maurice Armitage–, lo cual ha significado gran desarrollo agrícola. La caña ocupó la mejor tierra de Cali y no hay otro cultivo que sea tan rentable, pero es una industria cada vez más intensiva en cuanto al uso de maquinaria. En la medida en que los ingenios se mecanizan, se reduce la generación de empleo, y simultáneamente, no se generan nuevas fuentes de trabajo en una población que crece cada día más”.

“La industria azucarera –agrega– ha generado desarrollo en el norte del Cauca, pero el sur es cada vez más pobre y lleva a más familias a rebuscarse la vida en la capital. No generan empleo las Empresas Municipales de Cali, que, a diferencia de las de Medellín, no producen ganancias sino dan pérdidas; el Valle del Cauca es pobre en industria y las grandes multinacionales, que se radicaron en la ciudad por décadas, se fueron con la apertura económica y la globalización. El aporte de Cali como ciudad en términos de impuestos a la industria es muy bajito. Medellín y Cali son similares en población; sin embargo, Medellín cuenta con el doble de presupuesto. Y a eso se le agrega que Cali es la ciudad donde más asesinatos se cometen por habitante. Si no fuera por el comercio, Cali se habría muerto; hay mucho comercio informal y demasiada gente que vive solo del rebusque. Todo eso genera una tremenda desazón social”.

En 2021 la población de Cali sumó 2.227.642 habitantes, según el Dane, entre quienes se cuenta la población afro (más del 30 por ciento de la población total), campesinos y cerca de 10.000 indígenas, repartidos en siete cabildos. En los últimos meses, la población  de Cali ha crecido aún más: a comienzos de este año, llegaron cerca de 800 familias, unas 2.000 pesonas, que salieron por amenazas desde el bajo Calima, Buenaventura, más los desplazados que han llegado de Nariño, Cauca, Huila, Tolima y Venezuela.  “Entonces –dice Armitage–, que una empresa genere 700 empleos es como una gota de agua en el desierto”. 

Los cambios no son milagros

La Arquediósesis de Cali no ha sido indiferente al estallido social. El padre Dagoberto Cárdenas, vicario episcopal para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, ha trabajado activamente para diezmar el impacto de la violencia vivida durante el paro. “Podría decirse que hubo un despertar de conciencia meritorio para generar procesos de inclusión por parte de la institucionalidad y la empresa privada; que se generaron liderazgos juveniles para fortalecer el tejido social, movimientos surgidos de estratos populares y también algunos de estratos altos, como de Iniciativas de Paz del Oeste de Cali, que vieron que sus vecinos no la pasaban tan bien y había que hacer algo. Y en ese algo, han apadrinado procesos de vida para generar el desarrollo. Importante, porque la falta de sensibilidad social ha creado dos ciudades distintas, y la más privilegiada habita en una especie de cápsula a la que nadie más puede entrar”.

Por eso considera hechos por destacar el narrado por un empresario caleño. “Contó cómo fueron sus propios hijos quienes le movieron las fibras. Luego de haber estado en uno de los puntos de bloqueo, palparon la situación y se la contaron a su padre, y fue como si hubiera ocurrido una ruptura de esa cápsula. A partir de allí, se generan unos procesos para reparar los errores y preguntarse qué podemos hacer nosotros, porque así como no podemos esperar que el Gobierno lo dé todo, tampoco podemos esperar que la solución venga de los más vulnerables”. 

El padre Cárdenas recalca que las soluciones solo servirán si son de largo plazo: “Se corre el riesgo de pensar solamente en el yo y, pasado el momento de la efervecencia, volver a los propios quehaceres. Muchos jóvenes deben estudiar y trabajar simultáneamente, y hacer acción social. Entonces unos se retiran de hacer la acción social, otros se encuentran en el dilema: ¿termino mi carrera o sigo ayudando con la acción social?, pero al mismo tiempo debo trabajar. Del otro lado, el empresario está pensando en sacar su empresa adelante; entonces vuelve a enfrascarse en su propia realidad. Si la institucionalidad no estuviera desgastada y volteara la mirada, no al asistencialismo social, sino a los procesos sociales necesarios de voluntariado, acompañamiento y apadrinamiento, tal vez se mantendría una memoria activa de esos procesos, que no son de un instante. Es lo que podría suceder con Compromiso Valle. ¿Por cuánto tiempo irá? Si se logra proyectar en el tiempo, y no limitarse a una acción puntual, será una de impacto favorable”. 

¿El reto? “Si el próximo gobierno, nacional o municipal es de izquierda, es necesario que tanto gobernantes como gobernados entiendan que los cambios estructurales no se dan de la noche a la mañana. Cuando se esperan cambios inmediatos pueden generarse mayores dificultades”, adviertió.