Claudia López: demoler ollas de venta de drogas no es tan fácil como parece

El pasado 23 de septiembre desde su cuenta de Facebook, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, transmitió en vivo un operativo desde la localidad de Mártires.

Ese día, la alcaldesa, en compañía de los secretarios de Gobierno y Seguridad, estuvieron en una edificación ubicada en la Avenida Caracas con calle 24, el lugar era un supuesto pagadiario, pero según la alcaldesa, se trataba realmente de un expendio de narcóticos en donde operaba una banda denominada como Los Maracuchos.

La alcaldesa anunció que él predio iba a ser demolido, entre otras razones porque allí se iniciarán las obras de la estación del Regiotram de Occidente, pero además por su utilización en actividades delictivas “¡qué desastre! aprovechándose de gente humilde para que pasaran la noche y utilizándolas de escudo humano para vender drogas, cometer asesinatos, reclutar gente para actividades criminales, aprovechándose de menores obviamente”, dijo Claudia López durante la transmisión.

Ese día, según registró la página de la Alcaldía Mayor, la alcaldesa hizo el anuncio: ”Olla que encontremos, olla que demolemos”. Sin embargo, esa afirmación tendría más de anuncio que de realidad.

Según le explicó el exsecretario de Seguridad Hugo Acero a CAMBIO, la demolición de un inmueble que ha sido utilizado para el expendio de drogas es más un hecho excepcional que una constante “Lo primero es que uno no puede salir a decir: túmbese ese inmueble, túmbese este otro, así como Chávez, incáutese este, decomísese este otro. No, eso no se puede porque hay un procedimiento”.

Según explicó Acero, el procedimiento para que una olla sea finalmente demolida comienza con la incautación del inmueble. Primero lograr determinar, qué en el predio se realicen actividades criminales y después incautarlo. 

Al tratarse de actividades de narcotráfico el inmueble pasa a ser administrado por la SAE Sociedad de Activos Especiales y se da inicio al proceso de extinción de dominio. “Eso no es tan fácil como lo hace ver la alcaldesa, ahí debe mediar un debido proceso, como es obvio, tiene que haber una investigación, la Fiscalía hace la investigación y los jueces toman las decisiones. La demolición se justifica bajo ciertas circunstancias o si no la Alcaldía se puede meter en un lío grande, jurídico, al estar demoliendo inmuebles en los que no se haya demostrado que estaban siendo utilizados como ollas del narcotráfico”,  le dijo a CAMBIO Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá.

En el proceso legal, el propietario del inmueble se constituye en una de las partes y tiene derecho a la defensa y oponerse a la extinción del dominio.

Estos procesos son largos y en la mayoría de veces demoran años en resolverse, “Los procesos de extinción de dominio son muy complicados, son muy largos, los inmuebles terminan en manos de la SAE que no logra administrar con eficiencia esos bienes y luego terminan otra vez utilizados para delinquir”, agregó Daniel Mejía.

Justamente ese fue el caso del inmueble en el que la alcaldesa y funcionarios de su administración hicieron el operativo en días pasados en la localidad de Los Mártires. Según contó Claudia López, la casa estaba en propiedad de la SAE desde el año 2017, pero volvió a posesión de  grupos delincuenciales que la explotaron hasta días pasados.

¿Qué se puede hacer?

Según el exsecretario Daniel Mejía son el gobierno nacional y el Congreso quienes tienen en sus manos la solución al actual panorama. 

Aseguró que se necesitan leyes que simplifiquen los procesos de expropiación de bienes producto del narcotráfico. Que una vez sean expropiados, la SAE pueda venderlos en tiempos mucho mas breves, a precios de remate, para que sean adquiridos o por otras entidades del Estado o por particulares que les den buen uso a las mismas.