Colombia vive el periodo electoral más violento de los últimos 12 años
Amenazas, hostigamientos, atentados y asesinatos siguen atemorizando a los líderes sociales de las regiones más desprotegidas del país.
Por: Lina María Cuitiva
Este es el periodo electoral más violento contra líderes sociales desde 2010. A esa conclusión llegó la Misión de Observación Electoral (MOE), que publicó el miércoles pasado un informe que estudia y contabiliza los hechos violentos en contra de personas que ejercen liderazgos sociales, comunitarios y políticos desde el 13 de marzo de 2021 a el mismo día de 2022. Como resultado, hay un registro de 581 reportes de violencia en los últimos meses, la cifra más alta desde hace 12 años.
La MOE encontró que las intimidaciones a líderes y lideresas vienen en ascenso desde las elecciones regionales de 2019, y que esa tendencia se consolidó a tal punto que las agresiones, antes de las legislativas de este año, se incrementaron en 109 por ciento, en comparación con 2018.
Las denuncias de este tipo se conocen a diario en los titulares de prensa y solamente basta con un ligero rastreo dentro de organizaciones en defensa de los derechos humanos para encontrarse con decenas de casos –que parecen multiplicarse– en los que se pide al Estado seguridad y presencia en los territorios.
Solo el 11 de mayo se supo de un panfleto que amenazaba a líderes y autoridades indígenas de varios municipios de Caldas; del asesinato al defensor de derechos humanos y presidente de la JAC de la vereda Morrocoy, en Doncello (Caquetá), Aldemar Urquina Cruz; de las llamadas intimidatorias que exigen el desalojo de la zona a líderes de Sucre; y de la persecución al coordinador zonal de la Guardia Indígena en Santander de Quilichao, Obeimar Tenorio. Y la lista continúa.
En Quibdó, una de las ciudades en riesgo extremo por violencia contra líderes para las elecciones de 2022 según la MOE, el coordinador de la Guardia Cimarrona del Chocó, Yeison Farid Mosquera, fue víctima de un ataque armado contra su vivienda la noche del martes 11 de mayo, una denuncia que viene acompañada del reclamo urgente de un esquema de protección por parte de la UNP.
La capital chocoana y muchos otros municipios de Valle del Cauca, Nariño, Cauca y el Bajo Cauca se cuentan entre los más afectados por la violencia en los territorios de las Citrep (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz), caracterizados por altos niveles de pobreza y exclusión, y donde se eligieron las 16 curules de paz en las pasadas elecciones legislativas, razón por la cual la MOE analizó especialmente el contexto violento en estas zonas del país.
En el periodo electoral, estas circunscripciones fueron el escenario del 75,5 por ciento de las acciones bélicas y del 60 por ciento de los amedrentamientos por parte de los diferentes grupos armados ilegales, lo que evidencia que fueron los principales focos de la presencia de estos actores generadores de violencia.
Para profundizar
¿Quiénes están detrás de las amenazas y ataques a los líderes sociales?
Las disidencias de las Farc, el ELN, la antigua guerrilla del EPL –también llamada Los Pelusos–, y otros grupos armados organizados (GAO), incluido el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, fueron caracterizados por la MOE como los actores armados a los que se les atribuye la mayoría de los amedrentamientos y acciones bélicas contra liderazgos sociales en 2021 y lo que va de 2022.
El periodo electoral, sumado a la disputa por el control del territorio de los grupos armados, incrementa los índices de violencia ejercida contra los líderes, quienes, por su naturaleza, están estrechamente involucrados en campañas políticas de diferentes corrientes ideológicas, lo que parece estar poniéndolos en inminente riesgo, sin que el Estado haga lo suficiente para protegerlos.
“Este incremento de la violencia contra los líderes y lideresas está enmarcado en un contexto de reconfiguración del conflicto, caracterizado por una consolidación de múltiples grupos armados ilegales, que han aprovechado el vacío dejado por las extintas Farcy la incapacidad del Estado de ocupar los territorios”, aseguró Alejandra Barrios, directora de la MOE.
¿Por qué los amenazan?
Las estigmatización –es decir, el ser catalogados como guerrilleros, paramilitares o colaboradores de grupos armados ilegales– es el principal motivo de las amenazas, la modalidad de violencia más reiterativa en Colombia, con un total de 383 casos durante el calendario electoral vigente, 236 por ciento más que las 114 registradas en 2018.
El informe enumera más de 30 intimidaciones con fines de “limpieza social” y amenazas a líderes políticos en colectivo por ser considerados de “izquierda”. Incluso, hay un conteo de 32 líderes amenazados explícitamente por ser considerados comunistas; entre ellos, dos candidatos al Congreso.
¿Qué hay por hacer?
La MOE, finalmente, insiste en la necesidad de que el Estado vele por la seguridad de las personas que, por medios democráticos, buscan influir en las decisiones de sus comunidades; y en la urgencia de adoptar medidas contundentes contra los responsables de hechos de violencia, en aras de otorgar las garantías para una campaña electoral en condiciones de igualdad y libertad.
