Contraloría halló hectáreas refundidas de la SAE y son aptas para la reforma agraria
Las tierras incautadas que encontró la Contraloría hacen parte del paquete de terrenos que la SAE había denunciado como perdidos o refundidos. Según reveló 'El Reporte Coronell', las 310.00 hectáreas ya fueron clasificadas como aptas para la reforma agraria.
Hace algunas semanas el director de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Daniel Rojas, reveló unas preocupantes cifras: esa entidad no tenía conocimiento de dónde estaba una buena cantidad de tierras que se le incautaron a la mafia y que deberían ser usadas para reparar víctimas.
Para especificar, del millón de hectáreas incautadas para entregar a familias campesinas y víctimas del conflicto, según el proyecto del presidente Gustavo Petro, solo había 60.000 reales. Las demás estaban refundidas o perdidas.
Afortunadamente llega una buena noticia para la SAE: El Reporte Coronell de la W Radio dio a conocer que la división de inteligencia de la Contraloría -la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari- logró identificar 310.000 hectáreas que habían sido incautadas o que están en proceso de extinción de dominio.
Para profundizar
Es decir, hay cinco veces más tierra tangible de la que la SAE esperaba, según sus últimas declaraciones. De estas tierras se conoce que están arrendadas, ocupadas sin pago o simplemente desocupadas, abandonadas.
La Diari cruzó la base de datos entregada por la SAE y la contrastó con información georrefenciada y aerofotografías.
También se unificaron las unidades de medida porque algunas propiedades estaban en fanegadas, cuadras o varas: todo fue estandarizado en hectáreas. Además, los predios se clasificaron según su posible uso explotable, como agricultura, ganadería o preservación ecológica.
Para profundizar
En este paquete de tierras halladas fueron excluidas las tierras sin vocación agraria, como propiedades en zonas urbanas y fincas recreacionales que hacían parte del patrimonio ilícito de mafiosos.
Esta es una de las primeras conclusiones de la Contraloría General, que trabaja en un informe sobre posibles actos de corrupción en el manejo de bienes sujetos a procesos de extinción de dominio.
