Eliminar contratos de prestación de servicios en cuatro meses es imposible: MinTrabajo
Crédito: Foto Colprensa.
El Ministerio de Trabajo dice que el plan de formalización del empleo, que incluye eliminar contratos de prestación de servicios en entidades estatales, "es imposible de ejecutar" en cuatro meses, como la presidencia quiere.
Según los lineamientos que el Gobierno publicó antes de finalizar 2022, las entidades del Estado debían apresurarse con análisis técnicos para establecer antes de abril un plan para trasladar a los contratistas públicos a las nóminas temporales o fijas.
Cuatro días después de la orden de Función Pública, la eliminación de tajo de ese tipo de contratación pública recibió una advertencia de una de las integrantes del Ejecutivo.
Para profundizar
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, le envió a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República una circular con sus observaciones sobre los lineamientos. En el documento indicó que el plazo de cuatro meses para finalizar con los contratos de prestación de servicios en entidades del Estado "dificulta las gestiones administrativas e impone una carga imposible de ejecutar".
Ramírez sostiene que los tiempos establecidos no son realistas en tanto no tienen en cuenta que la transformación estructural que se quiere llevar a cabo tiene componentes presupuestales, contractuales y de gestión humana que no se contemplan en la disposición del pasado 30 de diciembre. La ministra dijo que cambios de esta magnitud deberían tener un plazo de al menos un año.
Para profundizar
La jefe de cartera de Trabajo indica que Función Pública pasó por alto las recomendaciones y conclusiones del Encuentro Nacional para la Formalización del Empleo, evento en el que se impartieron los lineamientos base para la implementación de un plan de formalización gradual y sistemático con el fin de vincular a plantas temporales a quienes trabajan por prestación de servicios.
El MinTrabajo también pide que el plan de formalización del empleo que se ejecute se alinee con una viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y que se tenga en cuenta un componente diferencial, dependiendo del tamaño y particularidades de cada entidad, para los traslados a nómina.