En el Catatumbo, las redes de explotación sexual a niñas no dan tregua

“Son niñas tan jóvenes como 12, 13 años. Se las llevan con amenazas. Que si no se dejan, les matan a las familias, o a las que son migrantes les dicen que van a hacer que les saquen a sus familias del país. Es una situación terrible por donde la veas. Sobre todo porque acá no hay nadie que se interese por ayudarlas”. Así lo presenta una de las lideresas más activas de esta región del país, quien ha apoyado la gestión de ayudas para varias de las sobrevivientes. 

Ella, a quien le reservaremos su identidad porque está amenazada por distintos grupos armados, tuvo que huir de su territorio luego de denunciar las redes de explotación sexual a las que están sometidas las mujeres del Catatumbo y de toda la frontera con Venezuela. Sin embargo, advierte ella, las niñas en el Catatumbo se están convirtiendo en las víctimas principales para la explotación sexual. 

Esta situación, que involucra redes transnacionales de grupos armados, se ha convertido en el segundo negocio más lucrativo para las redes del crimen a nivel mundial. Y Colombia, a nivel latinoamericano, es el tercer país con mayor presencia de esta actividad. 

Muchos cómplices silenciosos

La Defensoría del Pueblo lo advirtió en su Alerta Temprana 025, de octubre de 2021. En ella, señalan que existe una preocupación creciente por la utilización de niñas, niños y mujeres jóvenes en redes de explotación sexual. La Defensoría señala que en áreas municipales como El Tarra, y Tibú: “La población de niños, niñas y adolescentes residentes en el casco urbano viene siendo objeto de prácticas asociadas con la explotación y utilización sexual, presuntamente, ligada a los compradores de pasta base de coca que arriban al municipio. Esta situación resulta en extremo preocupante, como quiera que la explotación sexual y prostitución también se ha incrementado con el asentamiento de la población migrante proveniente de Venezuela”.

Por estos descubrimientos, solicitan a la Fiscalía Seccional de Norte de Santander que se activen rutas urgentes de atención que permitan dar un diagnóstico local de lo que está ocurriendo y, así mismo, solicitan: “se evalúe la necesidad de la activación del Comité Municipal de Trata de Personas, para que desde este espacio se coordinen, gestionen y ejecuten acciones y medidas de prevención, asistencia, y protección ante el riesgo de posibles víctimas de ese delito”.

Sin embargo, pese a las alertas, la lideresa señala que ha sido muy difícil lograr acciones efectivas para enfrentar este problema. Para ella, no solamente hay un entramado muy complejo entre los grupos armados que se lucran de este negocio (ella señala en el Catatumbo puntualmente al ELN y a las Disidencias), sino que, además, considera que buena parte de la culpa la tiene la fuerza pública, que no interviene en estas redes y, usualmente, ignora los casos sobre todo cuando la que está siendo explotada es una persona venezolana: “Eso cuando no son los mismos soldados y policías quienes usan a las niñas para satisfacerse”, señala. 

Añade, además, que la Fiscalía nunca ha llegado a adelantar investigaciones a la zona, y que no hay ninguna entidad estatal que esté llevando algún registro adecuado de los casos. Pese a que CAMBIO intentó comunicarse en múltiples ocasiones con la Fiscalía y con el Ministerio de Interior (que debería estar encargado de llevar estos casos), no fue posible conseguir respuesta alguna. 

Sin embargo, sí pudimos tener acceso a un registro creado por el Ministerio de Interior, que fue enviado a Human Rights Watch como respuesta a un derecho de petición. En este registro, tienen un total de 93 casos de explotación sexual a migrantes venezolanas en todo el país. Pero la lideresa señala que ellas, desde la unión de lideresas que intenta hacer frente a la explotación, han recibido al menos 120 denuncias solo este año y solo en el Catatumbo. Entre ellas, han logrado rescatar a 72 mujeres migrantes y, nada más entre estas 72 mujeres, 23 son niñas menores de edad. 

“Ellas no cuentan todo, por temor a lo que les pueda pasar” 

Aunque esta ha sido una realidad de muchos años atrás, fue desde el 2018 que todo empezó a acelerarse. Así lo advirtió en su momento Human Rights Watch, quienes señalaron que era necesario empezar a prestar atención a los procesos de explotación sexual a los que se estaban viendo sometidas las mujeres en el Catatumbo. 

En su momento pidieron “buscar mayor asistencia humanitaria internacional para atender las necesidades de la población civil del Catatumbo mediante un plan integral para prestar ayuda a personas afectadas por el conflicto armado en el Catatumbo, con particular atención a las poblaciones en alto riesgo de abuso o explotación, incluyendo —pero no únicamente— a los ciudadanos venezolanos desplazados fuera de su país”.

Sin embargo, esta misma advertencia tuvieron que repetirla en 2020, señalando en esta ocasión que si bien la Fiscalía no estaba investigando ningún caso de explotación sexual en Arauca: “Al menos desde 2017, Human Rights Watch recibió señalamientos creíbles de actores humanitarios sobre casos de trata con fines de explotación sexual. Las víctimas son engañadas para realizar trabajo sexual u obligadas a hacerlo. En muchos casos, una vez que llegan a un prostíbulo, les retienen sus documentos y se les da ropa, comida y ‘vivienda’ que deben pagar con su trabajo. Las cantidades que se les exigen son tan exorbitantes que nunca podrían saldar la deuda”. 

Para la lideresa es demasiado difícil que se creen denuncias efectivas y considera que el subregistro es enorme. Simplemente porque hay mucho miedo, lo que ha causado que el silencio empiece a reinar en el Catatumbo. Para ella, aún existe un subregistro enorme. No solo por la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades, sino también porque cuando sí han llegado a intervenir, las acciones suelen ser represalias contra las mismas familias. 

Cuenta ella que cuando alguna madre se anima a denunciar la explotación de alguna de sus hijas, lo que ocurre de inmediato es que el Bienestar Familiar llega a llevarse a las niñas y a culpar a las madres por permitir la explotación: “Si no les hacen eso, entonces la otra amenaza es que las sacan del país y las devuelven para Venezuela. Y si ellas se vienen para acá es precisamente porque allá no tienen condiciones de vida viables. Es una crueldad lo que les hacen por todo lado y a nadie parece que le importara. Ahora, yo sí quiero dejar bien claro que aunque yo hablo del Catatumbo, nosotras sabemos que esto mismo pasa en todo el país y que muchas de estas mujeres terminan en Medellín, en Cartagena, en Bogotá y a muchas terminan sacándolas del país”. 

Justamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de publicar un informe en el que señala posibles vínculos entre la Fiscalía, la Policía Nacional y las redes de explotación sexual de menores en Cartagena. En el informe muestran que han encontrado complicidad por parte de estas dos instituciones en el turismo sexual de menores de edad en la ciudad. 

La lideresa, que durante toda la llamada tuvo que hablar entre susurros por miedo a estar siendo perseguida, considera que las están dejando solas. Para ella, a nadie parece importarle: “Nosotras estamos moviendo nuestros pocos recursos para intentar rescatar a estas niñas y mujeres. Pero aquí estamos hablando de grupos armados ilegales colombianos, venezolanos, grupos armados estatales y entidades de protección que o están participando y lucrándose directamente de este negocio, o simplemente no toman acción alguna para ayudar. Mientras tanto, a nosotras nos están amenazando o simplemente asesinándonos por intentar hacer algo. Ha sido extremadamente difícil cumplir, pero seguiremos haciéndolo porque ellas no tienen a nadie más”.