11 Octubre 2022

¿En qué consiste la iniciativa de justicia agraria aprobada en primer debate?

Crédito: Colprensa

Esta iniciativa del Gobierno pretende crear una jurisdicción agraria encabezada por un nuevo alto tribunal que será fundamental para la puesta en marcha de la reforma agraria.

Por: Andrés Muñoz

Este 11 de octubre, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en su primer debate el proyecto de acto legislativo presentado por el Gobierno de Gustavo Petro para darle vida a la jurisdicción agraria que permita atender y resolver los conflictos relacionados con la tierra en Colombia.

La iniciativa fue radicada el pasado 31 de agosto por Néstor Osuna, ministro de Justicia, Cecilia López, ministra de Agricultura y Alfonso Prada, ministro del Interior. Todos celebraron el buen inicio del trámite del proyecto en el Congreso, al que le restan siete debates más.

¿En qué consistiría la jurisdicción agraria y rural?

Según el texto del proyecto, el objetivo principal que se quiere alcanzar con la creación de esta nueva jurisdicción es el de “establecer el marco constitucional para la resolución de controversias respecto a los derechos de propiedad, posesión, ocupación, usufructo, servidumbre, uso y tenencia de bienes inmuebles en suelo rural”.

Las disputas por la tierra en Colombia no son una problemática nueva. Durante décadas de conflicto armado, millones de campesinos se vieron obligados a dejar el campo para buscar refugio y nuevas oportunidades en las ciudades ante el despojo de su propiedad por parte de los grupos armados.

El mismo proyecto cita el informe 'Una nación desplazada', elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). En este documento se establece que, entre 2005 y 2014, el número de personas desplazadas en el país alcanzó los 2.996.196.

Por ello, una de las propuestas más ambiciosas del Gobierno de Petro es poner en marcha una reforma agraria que permita reestructurar la propiedad de la tierra en Colombia y facilite la existencia de más pequeños propietarios en el país y menos concentración de terrenos.

Es así como la jurisdicción agraria y rural es una ficha clave dentro del rompecabezas que ha venido tratando de completar el Gobierno con el reciente acuerdo firmado con Fedegan para la compra de 3 millones de hectáreas.

Su creación y correcto funcionamiento les permitiría a los campesinos y pequeños propietarios rurales acceder a la justicia, tener seguridad jurídica y, con la descongestión de los despachos y juzgados, lograr dirimir disputas de una forma mucho más ágil que en el presente.

La Corte Agraria

Uno de los puntos más importantes del proyecto de acto legislativo es el de la creación de una Corte Agraria, la cual estaría al mismo nivel del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia y tendría a su cargo revisar las decisiones tomadas por los jueces agrarios, así como definir competencia y presentar proyectos de ley relacionados con su área.

Sobre los magistrados que integrarían este alto tribunal el proyecto señala que: “Se compondrá de un número impar de magistrados, quienes para ser elegidos requerirán los requisitos y calidades para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y haber ejercido la profesión en actividades relacionadas con el régimen agrario y rural y poseer conocimientos en enfoque de género, territorios étnicos y resolución de conflictos y paz”.

Justamente, esta nueva jurisdicción pretende tener un enfoque de género que le permita reconocer y enfrentar los problemas estructurales que han sufrido las mujeres en el ámbito rural y con respecto al acceso a la tierra.

De ser aprobado este proyecto de acto legislativo, se tendría un plazo de dos años máximo para que esta jurisdicción agraria y rural entre a funcionar en Colombia.

Se debe tener en cuenta que, al tratarse de una reforma a la Constitución, esta iniciativa debe superar siete debates más en el Congreso. Para no hundirse por los tiempos legislativos, el proyecto tiene que ser aprobado hasta su cuarto debate antes del 16 de diciembre de 2022, cuando termine el periodo legislativo actual.

De esta forma,  los cuatro debates restantes los debe superar del 16 de marzo al 20 de junio del próximo año, en la segunda legislatura del periodo 2022-2026, además para aprovechar tanto como se pueda las mayorías del Gobierno.