27 Febrero 2022

Entre minas y hambre: la crisis humanitaria de Chocó

Ilustración inspirada en la situación de las mujeres lideresas en el departamento del Chocó.

Crédito: Ilustración por: Daniela Acosta Parsons

La crisis de derechos humanos que atraviesa el departamento del Chocó parece ser recibida con incredulidad y silencio por parte del Gobierno nacional. Frente a las constantes peticiones de apoyo e intervención hechas por organismos de ayuda humanitaria, la presidencia de Iván Duque ha respondido con evasivas.

Por: Maria F. Fitzgerald

"Aquí nos pueden estar oyendo, mejor vamos a mi casa”, dijo Mireya* mientras caminaba lentamente entre las calles de Pogue, un municipio pequeño ubicado en el Atrato Medio, en el departamento del Chocó en Colombia. “Ellos llegaron aquí hace un tiempo y nosotros sabemos que nos están oyendo siempre, mi niña. Por eso mejor camine a la casa y allá sí hablamos”. Ella, que es una de las lideresas más importantes de Pogue, teme por su vida y la de su familia, por eso protegemos su identidad. Desde que la situación en su pueblo se agravó, el silencio ha sido la regla general para protegerse. 

De acuerdo con la información de los organismos de derechos humanos, la avanzada armada inició hace varios meses. Los grupos paramilitares empezaron a llegar por la parte alta del río Bojayá desde mayo de 2020, y fueron bajando por el mismo río hasta tocar las orillas de Pogue. Ellos, que son la última comunidad afrocolombiana por la subida del río, han vuelto a vivir las cargas de una guerra en territorio propio. 

Pero eso no es lo único. Este pueblo, que está encallado entre dos vertientes del río, vive en constante peligro: en cualquier momento puede ser arrasado por la creciente, que ha sido desviada por los procesos de minería ilegal y que desde abril de 2020 ha enfrentado una serie de inundaciones que han deteriorado las casas y las construcciones más cercanas a la orilla. 

Una casa a la orilla de Pogue, deteriorada por el agua creciente del río.  Por: María F. Fitzgerald.

 

Así vive Mireya*. Su caso es tan único y a la vez tan usual como el de miles de habitantes del departamento que, actualmente, atraviesan una grave crisis humanitaria y de seguridad. Entre desplazamientos masivos, confinamientos, inseguridad alimentaria, asesinatos selectivos, masacres y la lucha armada por el control del territorio, los habitantes del departamento claman para que el Gobierno central deje de ignorar su situación. Sin embargo, reiteradamente se han chocado contra oídos sordos y tergiversación de la información. 

Mireya* oye llegar a los paramilitares todas las noches, desde mayo. Oye sus pisadas en la playa que queda justo al lado de su casa. Los oye avanzar, por decenas, hacia el centro del pueblo. Han dejado pintas en distintas casas. “AGC presente”, marcan en los tablones con los que se construyen las viviendas que quedan justo en la orilla del río. Son marcas que muestran que ellos, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, han reclamado ese territorio como propio.

A ella la secuestraron en su propia casa durante una semana. Un combatiente del ELN llegó una noche, forzó la puerta y la obligó a cuidarlo varios días, pues había sido herido en un combate con los paramilitares. Durante toda la semana ella, su esposo y sus hijos tuvieron que mantener silencio sobre la situación, y desde entonces no han podido contar mucho más sobre lo que sucedió, pues temen que los acusen de ser “ayudadores de la guerrilla”. Por su labor como lideresa, Mireya* ya corre mucho riesgo. Sin embargo, esa etiqueta la podría condenar a ser ajusticiada por el nuevo grupo que está al mando. 

La atención nacional volvió a ponerse en el departamento el pasado 21 de enero. Más de doce organizaciones sociales y étnicas del departamento del Chocó, además de la arquidiócesis de Antioquia y las diócesis de Apartadó, Quibdó e Istmina-Tadó, y siete organizaciones humanitarias enviaron un comunicado al presidente Iván Duque solicitando tomar acciones urgentes para mitigar el impacto de la crisis, además de pedirle un espacio de interlocución. 

Sin embargo, el 16 de febrero, un grupo de senadores de las bancadas de oposición, tuvieron que reforzar el llamado en otro comunicado, pues como lo señalan, desde noviembre del año pasado estas mismas organizaciones han pedido en múltiples ocasiones recibir atención, y han sido ignoradas. Pero no es solo eso. La única respuesta que han recibido ante las denuncias ha provenido, por un lado, de unas Fuerzas Armadas que han desestimado las peticiones. 

Más recientemente, llegó otra respuesta por parte del ministro de Interior, Daniel Palacios, que igualmente señaló que las organizaciones estaban presentando cifras desproporcionadas y que “lo que ha certificado la Unidad de Víctimas son cuatro desplazamientos: afirmar que el 70 por ciento de la población del Chocó está en riesgo es falso”. 

Una barca está estancada al lado del río Atrato, que cada día pierde más especies de peces dada la contaminación causada por la minería. Por: María F. Fitzgerald.

Las reacciones de las organizaciones humanitarias no se hicieron esperar. La Asociación de Personeros del Chocó, Asopercho, calificó de absurdas las declaraciones del ministro y le pidieron tener en cuenta que la Unidad de Víctimas se demora un promedio de tres meses para hacer registro de los hechos. También el Consejo Comunitario de San Juan consideró absurdo que el ministro no tuviera en cuenta su perspectiva, dado que son ellos quienes se mueven todos los días en el territorio. Y, finalmente, a ellos se sumaron los arzobispados de Quibdó, Istmina y Apartadó, que decidieron cancelar la reunión con el ministro hasta que no se tomara con mayor seriedad la denuncia que estaban adelantando. Además, como lo señalaron a este medio, decidieron apartarse del ojo público pues, consideran: “Nos están visibilizando demasiado a los obispos y el tema con el gobierno ya casi se volvió personal. Por eso preferimos que la conversación vuelva a darle voz a los líderes”

Desde el 4 de mayo de 2020, de acuerdo con información otorgada por la Federación Luterana Mundial y la Defensoría del Pueblo, el Frente Pablo José Montalvo de las AGC inició una avanzada por el territorio del Atrato Medio que ha puesto en riesgo a más de 3.000 habitantes del municipio de Bojayá, en donde queda ubicado Pogue. 

A este problema se suma que esta zona, luego de haber sido despejada por el frente 57 de las Farc tras la firma de los Acuerdos de Paz, fue ocupada por el ELN. Por eso, la tensión del conflicto y los constantes enfrentamientos terminan por causar que las personas teman salir de sus casas, hablar con desconocidos, ver lanchas extrañas bajando por el río o incluso ir a recoger sus cultivos. 

Porque si algo se siente en Pogue es eso, temor. La situación es tensa. Selva adentro, los caminos están sembrados con minas antipersonal que impiden salir a cazar o a recolectar los alimentos, que luego de meses sin atender ya debieron haberse enredado con la maleza. En el río no se puede transitar sin permiso de los armados, y las pocas zonas que permiten recorrer, están tan contaminadas por la minería que ya quedan muy pocos peces. 

Es una crisis, además, de muchas aristas. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, señala que han ocurrido al menos seis desplazamientos masivos y cuatro confinamientos de comunidades indígenas y afrodescendientes en menos de seis meses. Esto únicamente en dos municipios: Istmina y Medio San Juan:

“Solo para el 2021, la subregión del San Juan reportó un total de 22.774 víctimas por desplazamiento masivo y confinamiento, esto es el 42 por ciento del total de víctimas en el departamento”.

 

Adicionalmente, señalan que en zonas como el Alto Río Bojayá, que está ocupado principalmente por comunidades embera, entre el 20 de enero y el 2 de febrero de este año, al menos 468 familias, es decir unas 2.326 personas, han estado confinadas por los enfrentamientos y la disputa territorial entre los grupos armados: se ha traducido en la imposición de toques de queda después de las cuatro de la tarde sobre las cuencas de los ríos Bojayá, Pogue y Napipí, restricciones de movilidad por parte de los grupos armados no estatales, intentos de reclutamiento forzado de niños y niñas, daños a los motores y lanchas de las comunidades para evitar su desplazamiento, amenazas a docentes y otros roles imperativos para la protección comunitaria, violencias basadas en género ejercidas por los actores armados contra mujeres de las comunidades y presencia de minas antipersonal que agravarían la condiciones de acceso de las comunidades a canales de denuncia, servicios de educación y salud, y alimentos”. 

“Es porque somos negros”, asegura Mireya* mientras se mira las manos. Ella, que ha estado hablando casi entre susurros en la sala de su casa, todavía recuerda el miedo que sintió desde que estuvo secuestrada, y que desde entonces solo ha empeorado. Ella considera que esta crisis la han dejado empeorar hasta el punto en que está, simplemente porque al resto del país no le importa: “A nosotros siempre nos han ignorado por nuestra raza, ya estamos acostumbrados a lidiar como podamos con las cosas. Pero ahora, que tenemos tanta violencia todos los días, créame que ya no tenemos más cómo enfrentar todo. Necesitamos ayuda urgente o esto será mucho peor”