JEP y ONU firman mecanismo de verificación de sanciones
Camilo Andrés Suárez Aldana, presidente de la sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad y Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.
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La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia firmaron el protocolo para monitorear las sanciones propias que emita el tribunal. ¿De qué trata este mecanismo?
Por: Santiago Luque Pérez
La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia firmaron el protocolo que activa y formaliza el mecanismo de monitoreo y verificación de las sanciones propias. Se trata de una instancia de coordinación que busca garantizar el cumplimiento de las penas impuestas por el tribunal y que tengan un componente reparador y restaurador con las víctimas del conflicto armado.
Los tres componentes del mecanismo de monitoreo serán: la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Sección de Primera Instancia para casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad y la Secretaría Ejecutiva (estas últimas de la JEP). Las tres serán autónomas e independientes, pero deberán poner a disposición sus capacidades y herramientas para asegurar las tareas de monitoreo y verificación de las sanciones propias. Uno de los magistrados afirmó que “es el momento del juicio de responsabilidad, de restaurar y de la sanción propia como instrumento de construcción de paz”.
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"La sanción es el elemento que cristaliza la existencia de un derecho y solamente a partir de esa respuesta podemos asegurar que el acuerdo de paz haya sido sin impunidad como el que se le prometió a las víctimas", dijo Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.
La JEP recordó que las sanciones propias sólo serán impuestas a los comparecientes que reconozcan responsabilidad y aporten verdad exhaustiva, plena y detallada. Este tipo de penas implican la restricción efectiva de libertades y derechos, el cumplimiento de trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador que deberán ser monitoreados y verificados para garantizar su efectivo cumplimiento. Estas sanciones tendrán una duración máxima de ocho años.
Otras de las funciones del protocolo son articular sus acciones con actores externos nacionales, territoriales e internacionales, así como con las diferentes autoridades gubernamentales e instituciones representativas de las comunidades y articular acciones con las autoridades tradicionales o instituciones representativas de los pueblos étnicos.
