La Comisión de la Verdad contra el acoso judicial a la prensa

Por Susana Echavarría Medina
- El Veinte

A finales de junio la Comisión de la Verdad publicó su “Informe Final” en el que, tras una valiosa y ardua tarea de recopilación de testimonios y documentación, presentó una serie de hallazgos y recomendaciones sobre el conflicto armado más largo del mundo. Una las sugerencias que se le hace al Estado colombiano para la garantía de la protesta social es la de formular soluciones para prevenir el uso del derecho penal y las medidas policivas durante las manifestaciones como contención violenta contra la ciudadanía y especialmente contra la prensa:

“Corto plazo. Medidas para evitar el uso del sistema penal y las acciones policivas y otras normativas como mecanismos de represión de las movilizaciones y protestas sociales pacíficas y legítimas, y de la labor de las personas y medios de comunicación que ejercen la libertad de expresión y de prensa. Se debe garantizar, así mismo, el derecho a la información a través de capacitaciones, entrenamientos, sensibilización y pedagogía sobre el acompañamiento y la garantía de la protesta social como derecho. Estos deben incorporar un enfoque étnico, de género y de derechos de las mujeres”.

Esta recomendación responde a una clara tendencia de represión por medio de agresiones y hostigamientos en el cubrimiento de protestas; de impunidad frente a la violencia contra periodistas y de persecución y criminalización de reporteros y medios. 

La movilización como espacio de enunciación individual y colectiva y como forma de participación en el debate público se encuentra protegida por la libertad de expresión. Este derecho, como lo ha sostenido la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la CIDH, “se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse”. De allí que el deber de cubrimiento atendido diligentemente por los periodistas durante las manifestaciones sea fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, entre los cuales pueden darse usos desproporcionados de la fuerza y abusos de autoridad. 

Por su parte, el Estado está obligado a respetar el derecho a la libertad de expresión y a garantizar la seguridad pública de los manifestantes independientemente de su filiación política o del contenido de sus expresiones. Para periodistas, esta protección es reforzada, pues no solo cuentan con las mismas garantías de todos los ciudadanos, sino que también se les deben asegurar las condiciones necesarias para poder ejercer su labor informativa en las protestas sin ser víctimas de arbitrariedades y agresiones. La intimidación contra el periodismo, y en últimas contra la libertad de expresión y de prensa, resulta en una disminución del debate público y se recrudece en momentos de tensión política, como lo señala la Comisión de la Verdad y como lo ha reconocido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

Uno de los momentos más críticos de atropellos a periodistas y medios de comunicación en el cubrimiento de movilizaciones sociales, se dio en 2021 durante el paro nacional. En el informe “Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación, entre las repetidas vulneraciones contra los derechos humanos, por la represión constante contra la prensa.

Durante el estallido social, el informe de la CIDH reconoció más de 200 casos de agresiones físicas, amenazas, robos, hostigamientos, detenciones ilegales y ataques a periodistas y medios de comunicación. Este periodo fue denominado por el Proyecto Antonio Nariño como “el mes más violento contra la prensa en las últimas décadas”.  En el caso de las mujeres periodistas, el temor es doble, pues no solo han sido violentadas de la misma forma que sus colegas hombres, sino que además son propensas a ser víctimas de violencia sexual, tal como le sucedió a una periodista en Cali.  

Ante la violencia que afronta la prensa en el cubrimiento de la protesta social y en consideración de su experiencia durante el conflicto armado, la Comisión de la Verdad formula una amplia recomendación orientada a la garantía de la libertad de expresión y de prensa, así como un llamado a proteger de agresiones e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación.  

El llamado que se le hace al Estado responde a un problema persistente y delicado que obstaculiza tanto el ejercicio del oficio periodístico, como el derecho de la ciudadanía a acceder a información diversa, alternativa y plural sobre hechos de alto interés para la democracia. 

De allí que la recomendación se base en la existencia de múltiples tipos de violencia contra la prensa. Por un lado, está la violencia física ejercida contra periodistas en el cubrimiento de manifestaciones ciudadanas. También está el silencio y la inacción del Estado ante los abusos. No hay pronunciamientos contundentes, no hay atención diligente, no hay garantía de investigaciones eficientes. Por otro lado, hay un ejercicio continuo de intimidación en el plano judicial por medio del uso abusivo del derecho penal. 

Esta última práctica, conocida como acoso judicial y ejercida regularmente a través de procesos intimidatorios de injuria y calumnia, ha sido identificada y alertada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) Palacio Urrutia y otros contra Ecuador se estableció que la condena de prisión y altísima multa a periodistas que publicaron una columna de opinión reprochando acciones del entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa, vulneró desproporcionadamente la libertad de expresión. La tendencia clara de criminalizar y silenciar la prensa por medio del derecho penal, como lo menciona la Corte IDH,  genera un chilling effect (en español “efecto de enfriamiento”) que inhibe la circulación de expresiones y del debate público. 

La persecución judicial de periodistas por parte de funcionarios no solo debe evitarse como práctica recurrente, sino que también debe ser atendida por el Estado, mediante debida regulación, como abuso del sistema judicial. Consecuentemente, la Corte IDH en la sentencia recién mencionada insta a los Estados a adoptar medidas para prevenir el acoso judicial, así como a establecer vías alternativas al proceso penal para la protección del honor y la reputación de los funcionarios públicos.  

Lo anterior, además de establecer una obligación en cabeza del Estado, también obliga a la prensa a encontrar alternativas de defensa, así como formas de ejercer su importante labor en todos los escenarios, particularmente en aquellos en los que se despliegan hechos de interés público como las manifestaciones ciudadanas. 

En Colombia, este mecanismo silenciador fue atendido por primera vez en la sentencia C-135 del 2021, en la que la Corte Constitucional sacó del ordenamiento jurídico una norma demandada por la organización El Veinte que servía fines de acoso judicial al establecer una presunción legal de culpa sobre los periodistas y medios dentro del proceso civil de responsabilidad. Sin embargo, frente al proceso penal, algunos incentivos perversos permanecen. 

La Comisión de la Verdad, con agudeza en la identificación de las vulneraciones a la democracia, hace una lectura clara de las implicaciones de hacer periodismo en Colombia: la represión se ha ejercido desde las calles hasta los juzgados. La recomendación del Informe Final, sin precedentes en la institucionalidad nacional, hace un llamado urgente a promover un esfuerzo por restablecer la voz de la prensa y darle su lugar en la construcción de un relato informado. Y tal vez sin quererlo, la Comisión termina atendiendo una de las restricciones y amenazas más grandes contra la prensa, que supera el escenario de la protesta, aunque sin duda la cobija. ¡Gracias!