La errónea disminución del 30 por ciento de la población afro en las estadísticas

A través de un fallo de tutela, la Corte Constitucional determinó que el censo nacional llevado a cabo por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) violentó a las comunidades afrocolombianas. La providencia, que tuvo como ponente a la magistrada Diana Fajardo, le dio la razón a una serie de organizaciones y personas individualmente consideradas, quienes insistían en que la entidad encargada de la producción de estadísticas en el país incurrió en errores en el momento de contabilizar a los afrodescendientes y, en consecuencia, vulneró sus derechos a la igualdad; a la materialización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales; y al reconocimiento a la diversidad étnica. 

La tutela puso de presente que en los resultados del censo de 2018 se disminuyó ostensiblemente la cantidad de personas afrocolombianas, que pasó de 4.311.757 (como arrojó el anterior censo en 2005) a 2.982.224. Es decir, se presentó una reducción del 30,8 por ciento de esta población. Aparentemente, limitaciones en el diseño de la pregunta que indagaba respecto de la identidad étnico-racial de los encuestados y falencias en la ejecución del censo fueron las causantes del error.

“(…) los resultados del censo 2018 en materia étnico-racial, y las falencias de las estimaciones posteriores que ha realizado el Dane para suplir los vacíos de esos resultados, limitan los derechos de la población afrocolombiana y de la sociedad en general a acceder a información de calidad sobre su propia constitución demográfica”, señaló la Corte. 

Adicionalmente, la decisión judicial reconoció que las equivocaciones estadísticas sobre el pueblo afrocolombiano afectan directamente la puesta en marcha de programas que los beneficien en materia económica, social y cultural ya que requieren datos acertados. Para Daniel Gómez, abogado de ILEX, una de las organizaciones accionantes, la sentencia de la Corte fija un precedente para la protección de poblaciones históricamente discriminadas.

“Es necesario que estas poblaciones sean representadas de manera adecuada en las estadísticas oficiales porque solo así pueden tener garantizados sus derechos fundamentales. En el caso especifico del censo, esa información es utilizada por las distintas instituciones que conforman el Estado para la creación de políticas públicas en todos los ámbitos. En ese orden de ideas, tener datos inexactos que carecen de calidad suficiente implica que la población afro no podrá contar con políticas de gobierno para poder gozar de sus derechos”, aseguró a CAMBIO.

A pesar de que el Dane intentó tomar medidas correctivas para enmendar su error, como apoyarse en los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2018, ninguna terminó siendo suficiente. Por lo tanto, la Corte le ordenó a la entidad a realizar, en un plazo que no supere los diez meses, un estudio que evalúe las causas “que dieron lugar a la disminución en la identificación de la población afrodescendiente en los tres últimos censos”. Además, también se le solicitó al Dane el diseño de un plan en materia de identificación de pueblos negros, raizales, afrocolombianos y palenqueros para que no se presenten los mismos fallos en futuras ocasiones. 

“La Corte reconoce que el tipo de categorías utilizadas para recolectar información sobre la composición étnico-racial deben ser revisadas porque debido a los cambios y reivindicaciones de la población afrodescendiente es importante garantizar los instrumentos idóneos para captar a la mayoría de población que cabe dentro de la categoría de afrodescendiente”, agregó Gómez. 

La tutela contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.